A tres meses de concluida la consulta pública sobre las condiciones en las que se realizará la licitación de espectro radioeléctrico óptimo para servicios 5G, el IFT estima que sería para finales de 2025 cuando este proceso pudiera concluir, pues aún se trabaja en la versión final de la convocatoria y las bases; además, que en paralelo se encuentra en consulta el establecimiento de 320 Áreas Parciales de Servicio.
“Creo que arrancando ahorita, eso estará terminándose hacia finales del 2025, pues estamos todavía afinando. Sobre todo ver exactamente lo que me parece que es crítico, que es el (tema) de las áreas básicas, regiones o áreas parciales. Esa decisión va a ser muy relevante”, detalló Javier Juárez Mojica, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Y es que entre los elementos que el IFT incluyó en el proyecto de bases de la licitación de 6 mil 158 bloques de espectro, se encuentra la propuesta de crear una nueva subdivisión geográfica del territorio nacional, es decir, contar con 320 Áreas Parciales de Servicio (APS).
Sin embargo, en la consulta pública de este documento, empresas como AT&T México opinaron que esta división podría resultar perjudicial en el mediano y largo plazo, ya que en cuanto más pequeña sea la red, el uso de este recurso sería menos eficiente y trae emparejadas interferencias que no se resuelven fácilmente.
“En caso de que los participantes ganadores se lleven espectro en algunas APS y en sólo en una banda, se podrían tener en el futuro consecuencias fatales en términos de uso eficiente del espectro, subutilización del espectro, además de eventuales interferencias”, expuso la empresa en mayo pasado.
En toda licitación de espectro, un tema relevante son las cuotas por el uso de este recurso que cada año son fijadas por el Poder Legislativo en la Ley Federal de Derechos (LFD) que forma parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2025, mismo que se presentará en noviembre próximo.
De hecho, las cuotas establecidas en la LFD son el principal factor del alto costo del espectro radioeléctrico, ya que llegan a superar el 90 por ciento del costo total de las bandas de frecuencias para implementar sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT, por sus siglas en inglés), desplazando a las licitaciones públicas como el instrumento definido en la Constitución para la asignación de este recurso.
De hecho, datos del propio IFT señalan que únicamente tomando en cuenta los derechos, las bandas de frecuencias asignadas son 35 por ciento más costosas que la valuación del mismo espectro utilizando las referencias internacionales.
“Hay que evaluar todos los pros y contras, ver también en la Ley Federal de Derechos cómo sale el tema de derechos para estas bandas. Creo que para la industria también sería relevante ver desde aquí, desde ahora cómo se van a estar trazando, y estamos en eso, o sea, seguimos trabajando y analizando cuál va a ser la versión final de la convocatoria y bases de licitación”, dijo Juárez Mojica, al ser entrevistado en el contexto de la Cumbre para la Industria Totalmente Óptica 2024.
Cabe recordar que el proyecto de bases de licitación que el IFT puso en consulta pública, proponía un calendario de actividades en el que se planteaba que el arranque de la licitación podría ser entre el 13 y el 27 de septiembre, con la presentación de las Manifestaciones de Interés, lo que evidentemente no sucedió.
En su momento, IFT emitiría alguna opinión sobre iniciativa en materia de protección al consumidor.
En otro tema, el presidente del IFT se refirió a la propuesta que presentó recientemente el senador Ricardo Sheffield Padilla para, entre otras cosas, modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor, para devolver a la Profeco “el tema de protección que está y ha estado desde el principio”, específicamente en relación al trabajo de conciliación entre empresas de telecomunicaciones y sus clientes, que realiza el IFT a través del servicio “Soy Usuario”.
De acuerdo con el senador morenista, quien fue titular de la Profeco durante buena parte del sexenio pasado, la propuesta consiste en devolver a esa Procuraduría las facultades que hasta ahora tiene el IFT.
Al respecto, Javier Juárez señaló que este tema se debe de revisar más que en términos de ley, en cuanto a lo “estrictamente constitucional y ver si a partir de lo que establece la Constitución, hubiera alguna invasión de facultades que nos llevara a tener la posibilidad de promover alguna controversia”, si bien por el momento el tema está en análisis por parte del órgano regulador.
Recordó que actualmente, la institución a su cargo cuenta con la Coordinación General de Política de Usuario, cuyas obligaciones se ejercen en términos del Estatuto Orgánico, si bien para modificar este último se requieren cinco comisionados y hoy el IFT sólo tiene cuatro.
En todo caso, señaló que “hay que ver cómo evoluciona” la iniciativa del senador Sheffield, que por cierto también pretende atraer hacia la Profeco funciones que hasta ahora realizan la Comisión de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el INAI y consolidar así lo que se ha dado en llamar en el argot político la “Súper Profeco”.
Una vez que esta iniciativa se discuta y eventualmente se apruebe en el Senado como cámara de origen y en Diputados como revisora, “podremos, a partir de ahí emitir alguna opinión, ya más fundada”.
C$T-GM