De aprobarse la Ley Telecom tal como está redactada en materia de asignación de espectro radioeléctrico, México pasaría a un peligroso modelo en el que el Ejecutivo puede otorgar este recurso de forma discrecional a dependencias o entidades del Estado, abriendo con ello la puerta a prácticas dañinas como el chantaje gubernamental.
En entrevista con ConsumoTIC, José Otero, director ejecutivo de ICT Development Consulting, refirió que el artículo 57 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que analiza el Senado de la República, busca justificar la asignación directa de espectro con la necesidad de ampliar la cobertura social y universal en el territorio mexicano.
“Pero, el Ejecutivo Federal tendría la potestad de decidir a quién, cuándo y cómo se le estaría dando una concesión. Desde el Ejecutivo se va a estar determinando si se cumplen o no los objetivos de cobertura. ¿Cuáles son los parámetros? Serían decisiones totalmente discrecionales. ¿Cuáles son las dependencias o las entidades del Ejecutivo Federal?”.
En la práctica, hoy existe una entidad pública de capital mixto que podría ser objeto de una asignación de espectro, y se trata de Altán, la empresa que ofrece servicios mayoristas a más de una centena de Operadores Móviles Virtuales (OMV), que conforman un mercado liderado por la firma Bait, de Walmart.
Para José Otero, la redacción del artículo 57 de la ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión es tan amplia que sus riesgos van más allá del corto plazo, pues deja abierta la posibilidad de aplicar las asignaciones directas de espectro a múltiples entidades o dependencias del Ejecutivo Federal, actuales o futuras.
El nuevo modelo propuesto en materia de espectro tiene impacto directo en el mercado: “el peor es que le digan a un operador ‘si te quejas mucho, si no haces lo que te digo, yo hago la asignación directa y me aseguro que tú no recibas el espectro que vas a estar necesitando en el futuro, en la evolución de 5G, 6G y eventualmente 7G’. Eso se puede hacer y se presta para chantajes, para presionar a los actores del mercado”.
Para el especialista, las consecuencias de pasar de un modelo con procesos de licitación abiertos y libres al esquema de asignaciones directas, no pueden pasarse por alto ni basarse en la buena fe de que el actual gobierno no realizaría ciertas acciones.
“Yo no digo que lo vaya a hacer esta administración, pero esta redacción abre la puerta a que en 2036, 2042, venga alguien urgido de dinero y lo pueda hacer. La forma en que está escrito este artículo, con esa amplitud, me causa, como mínimo, preocupación”.
El director ejecutivo de ICT Development Consulting aseguró que quien quiera ser proveedor de servicios de telecomunicaciones, primero tendría que preguntarse no sólo la dimensión de los costos que implica la colocación de una red móvil, sino también cómo hará para adquirir clientes.
“La parte costosa de una red móvil no es tanto la infraestructura. Se gasta más en el despliegue, que en la infraestructura misma. Lo realmente costoso es la adquisición de los clientes. Sobre todo en un mercado sobresaturado con más del 120 por ciento de penetración donde ese costo de adquisición de clientes es altísimo”.
Entonces, la pregunta es ¿de qué vale que se tengan dependencias a las que se les va a estar asignando espectro para que vayan a colocar una infraestructura de red y luego tengan que ir a buscar clientes?, a menos que vayan con un propósito totalmente de dar conectividad gratis, lo que implica hacer un agujero en las finanzas, porque quien recibe el servicio no paga, pero para el Estado sí hay un costo.
“Entonces, el espectro asignado directamente por el Estado a empresas y dependencias del Estado, puede ser una carta debajo de la manga para decirle a los operadores móviles: ‘bueno, si ustedes no están de acuerdo, entonces no hago una subasta, o no hago un proceso de asignación de ese espectro y se lo doy a una dependencia, y ustedes ya negocien cómo le van a comprar o alquilar el espectro a esa dependencia”.
En este contexto, vale recordar que otra de las particularidades de la propuesta de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, es la reposición de la licitación de espectro móvil apto para 5G, misma que fue cancelada en enero pasado por el IFT a petición de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Y es que la iniciativa establece que dentro de los 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto, la ATDT deberá emitir un plan de licitación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para la provisión del servicio de acceso inalámbrico móvil.
“Si el proceso se va a hacer idéntico a lo que había planeado el IFT, ya sabemos que AT&T avisó desde hace más de un año que no participaría por el precio caro, el otro postor que podría tener interés es Altán pero si esta ley pasa, ya ni siquiera tiene que participar porque puede recibir una asignación directa, entonces tenemos una licitación para un sólo postor (Telcel)”.
Para José Otero, todas las piezas de la llamada Ley Telecom, donde la decisión final la toma el Ejecutivo, presentan un escenario peligroso, tanto para el mercado, las inversiones y la innovación, como para las personas consumidoras.
“Uno nunca sabe qué tipo de persona va a llegar al gobierno y cuando le das tanto poder es muy peligroso porque alguien puede decir ‘pero este gobierno no va a hacer nada que vaya a perjudicar a los ciudadanos’. Pero quién puede garantizar que los próximos dos o tres presidentes se van a comportar igual”.
C$T-GM
