Seguir adelante con las modificaciones que propone la reforma a la Ley Telecom generará una ola de impactos económicos que podrían costarle a México más de 76 mil millones de pesos al año, es decir, cantidad que representa 12.6 por ciento de los ingresos totales sectoriales, estima The CIU.
En un reciente análisis, Ernesto Piedras, director general de la firma de consultoría, advirtió que esta cuantificación de pérdidas económicas se enfoca en seis aspectos críticos: la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la pérdida de autonomía regulatoria, la eliminación de la regulación asimétrica de la preponderancia y la continuidad del costo elevado por el espectro radioeléctrico.
Asimismo, el incumplimiento al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la censura y el bloqueo de plataformas digitales, así como la obligatoriedad del soterramiento de infraestructura.
“De continuar con las modificaciones propuestas, se minaría la competencia y la certidumbre jurídica, se generarían desincentivos a la inversión, se elevarían los costos operativos, y consecuentemente, se encarecerían los servicios para millones de usuarios”.
Al detalle, el analista explicó que México ya paga uno de los precios más altos por el uso del espectro radioeléctrico: hasta 85 por ciento más que el promedio de la OCDE, lo que evidencia que el país maximiza la recaudación fiscal a corto plazo en detrimento de la eficiencia económica y el desarrollo sectorial.
De mantener este sobreprecio, a pesar de que en la propuesta de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se propone un modelo de descuento a cambio de obligaciones de cobertura, se tendría un costo anual estimado de 23.1 mil millones de pesos para los operadores, que terminará reflejándose en el precio final al consumidor y en menor cobertura, especialmente en zonas rurales.
Otro de los aspectos críticos analizados por The CIU son los potenciales conflictos jurídicos derivados del incumplimiento constitucional y violaciones al T-MEC, que darían lugar a litigios nacionales e internacionales, lo que implicaría costos elevados en procesos judiciales y posibles indemnizaciones.
Si estas disputas legales resultan contra México, el erario se verá presionado para pagar multas, compensaciones y pérdidas, así como impactos acumulados en el PIB sectorial (telecomunicaciones), que podrían ascender a un desembolso promedio de 22.9 mil millones de pesos al año.
Por su parte, la obligación de soterrar infraestructura que se plantea en la iniciativa de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión podría costar hasta 198 mil millones de pesos si se impone de inmediato.
“En su versión más moderada -un despliegue en 10 años- el costo anual rondaría los 13.5 mil millones de pesos. Para operadores de menor escala, esta sería una barrera insalvable, y un golpe directo a la expansión de redes”.
Otra de las medidas analizadas son las disposiciones que permiten al Estado bloquear o censurar contenidos o publicidad en plataformas digitales tendría consecuencias que trascienden la libertad de expresión.
The CIU estima que el mercado de la publicidad digital, que supera los 45 mil millones de pesos anuales, podría contraerse 10 por ciento debido a la incertidumbre regulatoria, lo que representa una pérdida directa de 4.5 mil millones de pesos incidiendo en sectores como el comercio electrónico, las redes sociales y el streaming.
Para la consultora, otro riesgo crítico es el relajamiento del régimen de preponderancia impuesto al operador con la mayor participación de mercado: América Móvil.
“Desde 2014, la definición de mecanismos de regulación asimétrica habilitó la entrada y la reducción de barreras para nuevos competidores. Su potencial desmantelamiento implicaría una pérdida estimada de inversión por 9.7 mil millones de pesos por año”.
Más preocupante aún, revertiría el avance en la asequibilidad en precios: entre junio de 2013 y junio de 2024, los servicios móviles bajaron 49.3 por ciento, un beneficio que podría desaparecer si el mercado vuelve a concentrarse.
Además, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) implica perder eficiencia, neutralidad y certidumbre, lo que reducirá en al menos 0.5 por ciento anual la productividad del sector.
Traducido en cifras, esto significa que se generarán pérdidas por 2.8 mil millones de pesos al año y un efecto dominó que compromete la inversión y la competitividad, entre otros efectos.
En el análisis, Ernesto Piedras enfatizó que la desaparición del órgano regulador, para dar paso a una agencia bajo el control del Ejecutivo, podría conducir a decisiones con criterios de corto plazo o prioridades no estratégicas.
En suma, sostuvo, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su redacción actual, no sólo modifica la arquitectura institucional, normativa y regulatoria sectorial, sino que generaría una merma económica significativa para el ecosistema digital mexicano.
“Lejos de fomentar una industria más sólida, generaría riesgos de mayor concentración, menos competencia, menores inversiones y servicios más caros. El costo económico no solo se medirá en pesos, sino en oportunidades perdidas para un país que debería apostar por la conectividad como motor de desarrollo”.
C$T-GM
