La eliminación de algunos artículos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se suprimieron luego de los conversatorios en el Senado de la República, sólo implicó quitar algunas piezas al “rompecabezas del sistema de vigilancia” que se creó con el nuevo paquete de leyes recién aprobados en el Congreso de la Unión en el período extraordinario recién concluido.
Vladimir Chorny, investigador asociado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), señaló en entrevista con ConsumoTIC, que la eliminación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, simplemente “es como si hubieran decidido quitarle un poquito de pintura, pero te pasan el tanque de guerra completo por encima”.
Esto, porque de acuerdo con el entramado legal que se aprobó apenas en unos cuantos días y que supone varias leyes, lleva hacia la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad, que se establece por la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en materia de seguridad pública y que seguirá formando lo que esta organización defensora de derechos humanos ha llamado “el rompecabezas del sistema de vigilancia”.
“La ley de telecomunicaciones lo que hace es rescatar un pasado autoritario que permitió el despliegue de un sistema de vigilancia que además, fue paralelo a otras acciones de vigilancia y espionaje ilegal en las cuales participó principalmente el ejército”, pero también otras autoridades.}
Sin embargo, en esta ocasión el paquete de leyes aprobadas incluye una serie de obligaciones para los ciudadanos que completan este sistema de vigilancia, al que R3D ha dado en llamar el “rompecabezas” porque consta de diversas partes de legislación que permiten al Estado, la acción que se podría considerar como vigilancia a los ciudadanos.
Recordó que en su redacción original, el dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión abarcaba, además de lo propiamente relacionado con este tema, asuntos relativos a libertad de expresión, protección de datos, derecho a la privacidad y ahí fue donde se centraron muchos comentarios.
Algunos fueron atendidos, como la eliminación del polémico artículo 109 que permitía la cancelación de plataformas digitales, “pero al final se utilizó como una especie de carta de sacrificio para pasar las otras cosas que ellos sabían que eran incompatibles con la Constitución”.
Por otra parte, en el primer dictamen se consideró el Registro Obligatorio de Usuarios de Telefonía Móvil, y era como una reedición del Panaut, que ya había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte y entonces sobre esos dos puntos se cambió un poco.
Ese registro “quedó pero de manera un poquito más escondida en una tercerización” en el artículo 103 del nuevo dictamen, que establece esa obligación para los concesionarios, entonces van a ser las empresas de telefonía las que realicen esa vinculación de los datos biométricos con las líneas.
En su redacción definitiva, el artículo señala que “los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones que presten el servicio móvil, únicamente podrán activar y mantener activo el servicio de aquellas líneas que estén asociadas a usuarios finales que hayan presentado una identificación oficial conforme a los lineamientos que para tal emisión fije la Comisión”.
Es decir, si bien será la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) la que genere los lineamientos, para vincular todas las líneas, serán los concesionarios los que realicen esa vinculación con la identidad de las personas y las líneas que no sean vinculadas “van a ser inhabilitadas o bloqueadas”.
De acuerdo con el especialista, esto generará un problema relacionado con el acceso a las tecnologías y el acceso a internet, “pues la Ley (en Materia) de Telecomunicaciones lo que hace es rescatar un pasado autoritario que permitió el despliegue de un sistema de vigilancia” que además fue paralelo a otras acciones de vigilancia y espionaje ilegal en las cuales participó principalmente el ejército, pero también en términos generales como la Secretaría de Seguridad Pública, varias fiscales y autoridades locales.
Esto permitió, por ejemplo, todo el espionaje de Pegasus “que nosotros documentamos y la existencia de ejercicios de espionaje contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos”.
Consideró que el paquete de leyes recién aprobado, pasó “demasiado rápido” por el Congreso y aún hace falta estudiar en detalle “cuáles son las implicaciones en términos de cómo se afectan nuestros derechos y los riesgos que enfrentamos”.
Por eso, dijo, es importante realizar una labor de información para transformar la conciencia en acción, desde quejas, cuestionamientos, difusión en redes sociales, presión a los legisladores, coberturas noticiosas, periodismo de investigación, arte, etcétera.
“Yo creo que cualquier forma de canalizar y expresar el descontento en torno a esto es importante y es necesario”, pero después habrá que diseñar las estrategias legales, como presentación de amparos, aunque a nivel individual, como ciudadano, será necesario pensar muy bien si uno se niega a entregar sus datos biométricos como una forma de resistencia civil.
Esto, porque las empresas y dependencias públicas pedirán la CURP biométrica prácticamente para todo y no tenerla llevará a la persona a una condición en la que se le cierren las puertas para casi cualquier cosa, incluyendo, por ejemplo, la compra de un boleto de avión, la contratación de un servicio o hasta la atención médica en un hospital.
C$T-GM
