De cara a su análisis en el Pleno del Senado de la República, la Ley de Derechos que estará vigente en 2025 presenta buenas, malas y feas noticias, pues mientras que por un lado exenta del pago de derechos a comunidades indígenas y afromexicanas; por otro, deja sin cambios los altos costos del espectro radioeléctrico, lo que significa que México seguirá siendo el país más caro de América Latina en esta materia.
Y es que el documento, aprobado sin cambios en lo general y lo particular el jueves 28 de noviembre en las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado de la República, señala que para el ejercicio fiscal 2025, las cuotas por el uso del espectro para telecomunicaciones móviles no tendrán ajuste inflacionario.
“En ese sentido se somete a consideración de esta Soberanía que las cuotas vigentes correspondientes al año 2024 se mantengan para el ejercicio fiscal de 2025, con lo que se busca extender el apoyo otorgado desde el año 2023 para disminuir el pago de servicios de telecomunicación móvil que se realizan en los hogares mexicanos”, señala.
Esto significa que los costos por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, si bien no aumentarán el próximo año, seguirán por encima del promedio internacional, tal como lo ha señalado la industria e incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en las opiniones técnicas que emite cada año.
Para dimensionar las repercusiones, desde mayo pasado (antes de las elecciones presidenciales), la GSMA presentó el documento “El camino hacia un México digital y conectado”, donde presentó sus recomendaciones en cuatro ejes: infraestructura digital; simplificación normativa, conectividad significativa y política de espectro.
En materia de espectro, esta asociación de operadores móviles de todo el mundo, advierte que “A nivel regional (América Latina) las tasas anuales representan en promedio un 20 por ciento del costo total del espectro, en México ese número alcanza el 85 por ciento”.
Y por lo tanto, la GSMA advertía con toda claridad que de mantenerse la tendencia actual, el costo de las frecuencias limitaría la sostenibilidad de las inversiones y el bienestar de los consumidores mexicanos”, señalando que mantener esta política en materia de espectro, “afecta directamente a la inversión y la sostenibilidad financiera del sector, así como a las finanzas del gobierno”.
De hecho, las devoluciones de espectro representaron una pérdida de ingresos de 4 mil 904 millones de pesos para el Estado en 2023; a 20 años esta cifra representa 45 mil 927 millones de pesos. Y si bien los costos para 2025 no aumentan, esto no significa disminución en los porcentajes del costo total del espectro.
Más aún, en un análisis publicado en 2022, la GSMA encontró que si el costo del espectro en México hubiera estado alineado con el promedio global, 5 millones más de personas tendrían cobertura 4G, y las velocidades de descarga serían hasta 30 por ciento más rápidas, lo cual refleja cómo el precio de este recurso afecta directamente la cantidad y calidad de los servicios.
Sin embargo, la Ley de Derechos 2025 sí tiene un punto positivo y es que establece en su artículo 174-L párrafo III que “No se pagarán los derechos a los que se refieren los artículos 5o. fracciones I y III; 173, 174-A, 174-B y 174-C de esta Ley cuando el servicio se vincule a concesiones para uso social comunitario o de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
Ello, en línea con los compromisos constitucionales adquiridos por el Estado Mexicano para reconocer a los pueblos y comunidades históricamente marginados, “es prioritario establecer beneficios fiscales dirigidos a estos pueblos y comunidades”.
Además, para 2025 se exenta del pago de derecho por el estudio de la solicitud y, en su caso, expedición del título o prórroga de concesiones de uso privado con propósitos de radioaficionados, previsto en el Artículo 173 apartado B inciso III de la Ley Federal de Derechos, a aquellas personas que desarrollen actividades en materia de protección civil y que formen parte de Grupos Voluntarios.
Durante la sesión de las comisiones unidas, los senadores de Morena Cuauhtémoc Ochoa Hernández y Enrique Inzunza Cázarez, presidentes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, respectivamente, hablaron a favor de estas decisiones en materia de espectro, destacando sobre todo las exenciones establecidas para los grupos indígenas y afroamericanos, así como para quienes realicen labores de Protección Civil.
Por parte de la oposición y aprovechando que se discutía también el dictamen de la Ley de Ingresos, el senador panista, Ricardo Anaya, criticó duramente la propuesta del gobierno federal a la que calificó de “francamente irresponsable y absolutamente insostenible”, pues además de que establece proyecciones irreales en los Criterios de Política Económica, como el precio del dólar, inflación, crecimiento de la economía, producción petrolera y las tasas de interés, incluye un monto de endeudamiento “que no habíamos visto en los últimos 36 años”.
Para explicarlo, comparó lo que hace el gobierno federal con las decisiones financieras de cualquier familia mexicana: “si un hogar tiene un ingreso de 7 mil y gasta 9 mil, terminará pagando una fortuna de intereses”.
Esto mismo le pasa al gobierno federal que a base de “tarjetazos” piensa gastar 9 billones de pesos, cuando planea recaudar 7 “billones” (por cierto, condicionados a que se cumplan los supuestos de política económica) y ya tiene un nivel insostenible de intereses porque sólo en 2025 se gastarán por este concepto 1.4 billones de pesos, equivalentes a 20 veces el presupuesto para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y casi el doble de lo que se le asignará a la infraestructura física en todo el país.
C$T-GM
