El blindaje de la autonomía técnica de la nueva autoridad antimonopolio para evitar interferencias políticas o empresariales, el provechamiento del capital humano especializado de la COFECE e IFT, así como la inclusión de empresas públicas bajo el marco legal, son algunas de las áreas prioritarias de mejora que la Cámara de Comercio Internacional de México (ICC México) pone sobre la mesa en el contexto de la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica.
La organización reconoce que las iniciativas en discusión en el Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal de Competencia Económica avanzan en dirección correcta, identifica importantes áreas de oportunidad que, de ser atendidas, podrían robustecer aún más el marco institucional de competencia en México y aprovechar esta oportunidad histórica para fortalecer al país.
“El capítulo mexicano de la organización mundial de las empresas expresa su plena disposición para colaborar técnicamente con las y los legisladores, con el fin de enriquecer la deliberación parlamentaria y lograr una legislación moderna, eficaz y alineada con las mejores prácticas internacionales”.
Las iniciativas analizadas incluyen la propuesta enviada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, así como otras iniciativas promovidas por legisladores y, todas ellas, comparten el objetivo de mejorar el sistema de competencias en México mediante la creación de una nueva autoridad con facultades más claras, procesos más ágiles y una estructura más sólida.
No obstante el pasado 29 de agosto, la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, presidida por Miguel Flores Bernés convocó a un foro que contó con la participación de destacados abogados y economistas expertos en la materia, y el cual arrojó una serie de recomendaciones relevantes que derivan en 14 puntos clave.
Los especialistas coincidieron en que las reformas proponen avances sustantivos en el:
- Fortalecimiento de la independencia técnica de la autoridad de competencia.
- Creación de un órgano colegiado con separación de funciones entre investigación y resolución.
- Reducción de plazos para mayor eficacia procesal.
- Alineación de sanciones con estándares internacionales.
Áreas prioritarias de mejora:
- Blindaje de la autonomía técnica, evitando interferencias políticas o empresariales.
- Nombramientos escalonados de comisionados cada dos años, con perfiles técnicos, designados por diferentes titulares del Ejecutivo.
- Inclusión de empresas públicas bajo el marco legal, para evitar distorsiones competitivas.
- Certeza jurídica mediante criterios interpretativos emitidos por la nueva autoridad.
- Multas con criterios sectorizados y transparentes, siguiendo experiencias internacionales.
- Aprovechamiento del capital humano especializado de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
- Mejor coordinación interinstitucional, especialmente en telecomunicaciones y transformación digital.
- Precauciones en demandas por daños, evitando que se basen solo en decisiones administrativas.
- Claridad conceptual, especialmente en términos como “competidor potencial” o “limitar indebidamente”.
- Renovación del programa de inmunidad, especialmente en compras públicas.
- Extensión del privilegio abogado-cliente a abogados internos.
- Certificación independiente de programas de cumplimiento, fuera del área de investigación.
- Mejor diseño de medidas cautelares, con posibilidad de levantamiento bajo precaución.
- Transitorios redactados con claridad, para evitar incertidumbre legal y operativa.
La ICC México reiteró su vocación como espacio técnico y plural para el riguroso análisis de políticas públicas que inciden en la vida económica del país, por lo cual hace un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para abrir espacios de diálogo con organizaciones especializadas y aprovechar el conocimiento acumulado en materia de competencia económica.
“México se encuentra ante una oportunidad histórica de fortalecer su entorno regulatorio para estimular la inversión, proteger a los consumidores y garantizar un campo parejo para todos y todos los participantes del mercado”.
C$T-GM