Con el marco regulatorio en materia de competencia económica que el Poder Legislativo está por aprobar, México entrará en una nueva etapa para combatir realmente a los monopolios y proteger a las personas consumidoras de servicios como los de telecomunicaciones donde son intolerables los niveles de concentración, particularmente en el mercado de la telefonía móvil.
“Hay una serie de mercados donde las familias, los consumidores gastan más del 30 por ciento de su ingreso, que son dominados por muy pocos, que imponen precios, que establecen tarifas, se circunscriben a determinadas regiones y esto está dañando al país”, sostuvo el diputado Alfonso Ramírez Cuellar.
Al participar en la mesa de análisis “El antimonopolio y la competencia para el bienestar del consumidor”, el legislador dijo que con esta nueva legislación el objetivo es hacer un frente común entre el gobierno, el Estado mexicano, todos los órdenes de gobierno, la sociedad y la academia para “emprender una nueva etapa en materia de competencia”.
Al asegurar que la “política de competencia es una política de bienestar”, recordó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido de manera muy fuerte en garantizar un combate decisivo al control monopólico que está afectando el crecimiento de la economía, la entrada de nuevos competidores, la innovación, pero sobre todo dañando mucho a las familias mexicanas.
“Ojalá logremos una sincronía, una unidad, tanto del organismo que va a combatir los monopolios y va a velar por la competencia, como el resto de las autoridades, tanto municipales, como las entidades públicas, porque la competencia, los mejores precios y la mejor calidad de los productos, no sólo viene a partir de lo que resuelve la autoridad judicial o la de competencia, sino también de lo que se hace en el municipio, el estado y las secretarías o reguladores. Vamos a entrar en una etapa nueva para combatir realmente a los monopolios”.
El legislador habló de las características que tendrá el nuevo ente antimonopolios que integrará las tareas que durante más de una década realizaron la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que a raíz de la reforma en materia de simplificación orgánica, se encuentran en vías de extinción.
Y es que, una de las propuestas que están sobre la mesa es la iniciativa de Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, presentada por el propio diputado Ramirez Cuellar, la cual considera la creación de la Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico.
Este nuevo ente, aseguró, está diseñado para ser una instancia robusta, técnicamente fuerte, independiente y comprometida “con el combate a las grandes concentraciones que tienen los mercados de bienes y servicios, incluyendo el de la telefonía móvil”.
El legislador morenista señaló que de acuerdo al diseño de esta nueva ley, “queremos un organismo descentralizado, con patrimonio propio y cumplir los acuerdos en materia comercial con Estados Unidos y Canadá, por lo que hemos sido muy cuidadosos para no violentar esta relación que debemos fortalecer con nuestros socios”, señaló en referencia al capítulo 18 del T-MEC que obliga a los firmantes a contar con una autoridad reguladora independiente al Estado.
De ahí que esta nueva agencia, deba “ser un organismo independiente, muy profesional, con una gran capacidad técnica, pero con una acción antimonopólica muy consistente, muy fuerte. Este es el estatus jurídico que le queremos dar ahora”, explicó Ramírez Cuéllar, al destacar que la agencia concentrará y unificará la competencia del mercado en Telecomunicaciones y en otros mercados.
Esto es, porque con la creación del IFT, se dejó la regulación de competencia en materia de telecomunicaciones en esa instancia, mientras el resto de la regulación en la materia se puso a cargo de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). En ese sentido, con esta propuesta, “ya no va a haber dos autoridades”.
Además, se hará una revisión al esquema de multas, que en principio serán mucho más fuertes, pero también se buscará un modelo distinto, porque hasta ahora, las sanciones sólo buscaban generar una compensación económica a la empresa culpable, pero no lograban resarcir el daño al consumidor.
“Es intolerable el nivel de concentración que tenemos en mercados de telecomunicaciones. Está dañando mucho los precios y la calidad de los insumos en telefonía móvil” y por eso es necesario un nuevo esquema mucho más severo y eficiente para controlar el mercado.
Por otro lado, es muy relevante disminuir los plazos para las investigaciones y sanciones porque éstas se prolongan demasiado “y entonces el monopolio y el abuso continúan y no hay quién los pare porque la forma y el tiempo que duran las investigaciones provocan un retraso inaceptable”, enfatizó.
Al respecto, Alexander Elbittar, director del Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia del CIDE, destacó que la iniciativa reduce los tiempos de las investigaciones de plazos de 120 días en cada etapa a 90 días extensivos hasta 480, lo cual es mejor que el esquema anterior, pero insistió en que las investigaciones deben ser ágiles, porque de lo contrario “la gente pierde el interés y no ve los resultados”.
Tiene que haber procedimientos expeditos y preservar instrumentos para investigar otras conductas como las barreras al insumo, que también afectan la competencia.
En su oportunidad, Elisa V. Mariscal, directora de GAMES Economics señaló la importancia de que las leyes de competencia ataquen la concentración y la manipulación de mercados, donde una agencia antimonopolio juega un papel central para dar certidumbre a los consumidores en el sentido de que están pagando un precio de mercado eficiente por sus servicios.
De ahí la importancia de que esta ley rescate conceptos como la dominancia y preservar la denominación de agente económico preponderante en telecomunicaciones y de aplicar una regulación asimétrica, como se venía haciendo desde el IFT y cuya facultad tendría ahora la nueva agencia.
Además, destacó la relevancia de que la agencia antimonopolios cuente con los más altos estándares de transparencia, para transmitir a la población lo que está haciendo en favor de un mercado más equilibrado.
C$T-GM
