El Senado de la República aprobó en comisiones el dictamen de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de Entidades Paraestatales para crear la Comisión Nacional Antimonopolio, como organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Economía, para regular la competencia en todos los mercados.
Durante una sesión extraordinaria de las comisiones unidas de Economía y Estudios Legislativos, el documento se aprobó con 19 votos a favor (de Morena y sus aliados) y ocho en contra (de la oposición), luego de una discusión en la que PRI y PAN, argumentaron que esta nueva autoridad concentra poder y lejos de disminuir la certeza, la incrementa.
Al presentar el documento, el senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía dijo que este nuevo organismo “fortalece el aparato orgánico establecido en la Constitución, al tiempo que garantiza el cumplimiento del artículo 28 constitucional, para que los consumidores tengan acceso a una mayor diversidad de bienes y servicios que sean de mejor calidad a precios más accesibles”.
Esta nueva Comisión, sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE y, concentrará las facultades de control de competencia que tuvo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en lo referente a ese sector.
Explicó que el ordenamiento está en línea con los estándares del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y mejorará la atención a las quejas que se presenten en materia de competencia económica, al reducir los tiempos de investigación y dictamen y aumentar las multas de 10 a 15 por ciento máximo, además de que contará con un consejo de cinco integrantes propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado, que tomarán decisiones colegiadas.
Al hablar contra el dictamen, la senadora del PRI, Claudia Anaya cuestionó la supuesta autonomía que, de acuerdo al documento, tendría la Comisión Nacional Antimonopolio, pues “el gobierno no puede ser dueño de la cancha, del público, del balón y del árbitro, porque así no se genera la confianza”.
Reiteró la vocación de su partido a favor de una sana competencia económica y de contar con una autoridad que garantice esas condiciones, porque así se hace más productivo al país “e igual que todos, queremos que le vaya bien a México”, pero cuestionó la legalidad de diversos artículos contenidos en el dictamen y que ahora serán parte de la Ley que se ponga a consideración del Pleno del Senado en los próximos días.
Por ejemplo, el artículo 13 Bis que habla de la ratificación de los comisionados por parte del Senado, “pero entre las facultades que el Artículo 76 constitucional concede a la Cámara Alta, no está la de tomarle protesta a quien vaya pasando” y por lo tanto, “hay que poner en la Constitución esta facultad, porque de lo contrario nos podríamos ver un poquito mal”.
También cuestionó el contenido de los artículos 65 y 136, al considerar que generan incertidumbre y sobre los dos capítulos que se hablan en materia de Telecomunicaciones, recomendó revisar la idea de “pluralidad” de la que se habla, porque “me da francamente la impresión de que se quieren meter con el tema de los contenidos.
Antes de la votación en lo particular, la propia senadora adelantó su voto negativo, a menos que se decida hacer los cambios propuestos y reiteró la disposición del PRI de colaborar para hacer estos ajustes.
El panista Marko Cortés fue mucho más crítico, al señalar que esta legislación, lejos de buscar unas mejores condiciones para la competencia económica, lo que busca es concentrar el poder en manos de una sola persona, es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum y adelantó que por eso su partido no puede acompañar el dictamen.
“Es el control total, en el conjunto de leyes (que se discuten en el Periodo Extraordinario) en el que están buscando el objetivo de concentrar el poder y tener oportunidad de perseguir, amedrentar o callar a cualquier persona física o moral que disienta del gobierno”.
Esta ley no genera competitividad ni certidumbre, sino que ahuyenta la inversión, inhibe la generación de empleo y atenta contra la competitividad misma, porque los empresarios no podrán tener certeza en los procedimientos.
Entre ellos, uno de los más delicados es que cancela el secreto profesional de los abogados, cuando aconsejan a sus empresas en un procedimiento de sanción por violaciones a la competencia económica.
Esto quiere decir que los abogados tendrán que revelar todas las conversaciones con sus clientes sobre los procedimientos que enfrentan, sus estrategias y la forma de abordar la defensa, dejando en indefensión a los empresarios y obligándolos a contratar despachos externos, porque con ellos no se aplica el mismo criterio.
Varios senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo argumentaron a favor del dictamen que se votó en lo general para después pasar a las reservas. En total, cuatro senadores del PAN y una del PRI presentaron reservas, pero éstas no se leyeron, sino que los legisladores pidieron sumarlas al dictamen final.
La votación en lo general y en lo particular se dividió por comisiones. En la de Economía, el dictamen recibió ocho votos a favor y cinco en contra, mientras en la de Estudios Legislativos se votó con 11 sufragios a favor y tres en contra.
C$T-GM
