Si en México se refuerza la certidumbre, la previsibilidad regulatoria, un entorno fiscal competitivo y mecanismos efectivos de colaboración público-privada, no solo se podrá mantener, sino potencialmente se podrían superar los niveles actuales de inversión de la industria en los próximos meses.
“Desde ASIET, con un rol activo en la cooperación público-privada para acelerar el desarrollo de las telecomunicaciones y el ecosistema digital en América Latina, consideramos que hacia los próximos meses, el panorama se observa retador pero con oportunidades claras”, dijo Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).
En entrevista con ConsumoTIC expuso que en el mercado mexicano existen incentivos para mantener e incluso incrementar los niveles de inversión, especialmente por el tamaño del mercado, su potencial de crecimiento y su relevancia regional. Sin embargo, este impulso depende en gran medida de la previsibilidad y la certidumbre regulatoria.
Es así que contar con reglas del juego claras, estables y consistentes en el tiempo es fundamental para que los operadores de telecomunicaciones puedan planificar a mediano y largo plazo la asignación de capital de manera eficiente.
Maryleana Méndez subrayó que con la creación de un órgano responsable en la implementación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la colaboración público-privada será clave para detonar nuevos proyectos. Por ello Por ello “los procesos para la emisión de regulación y lineamientos deben ser procesos participativos, transparentes y abiertos”.
Enfatizó que un diálogo continuo y constructivo entre autoridades y sector privado permite alinear objetivos, anticipar riesgos y facilitar la toma de decisiones. A ello se suma la importancia de la facilitación en el despliegue de infraestructura, mediante procesos ágiles, permisos oportunos y una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.
“El trabajo que está liderando la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en la simplificación administrativa y homologación de trámites es clave para acelerar este proceso”.
El representante de ASIET recordó que en 2025, uno de los temas que generó mayor preocupación fue el de los costos del espectro radioeléctrico. Si bien resulta positivo que se contemplan descuentos vinculados al despliegue de infraestructura, es fundamental que, al momento de implementar estas obligaciones, se incorporan mejores prácticas internacionales.
Esto, para asegurar que los incentivos sean predecibles, verificables y financieramente viables, evitando que el objetivo recaudatorio domine sobre el objetivo de conectividad y desarrollo digital, al mismo tiempo que se promueva efectivamente la inversión, la cobertura y la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.
Por otro lado, la creación de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abre una nueva etapa para intensificar la colaboración público-privada en favor de la conectividad.
Esta nueva etapa representa una oportunidad para fortalecer el diálogo, objetivos alineales y construir políticas públicas que faciliten el despliegue de redes, impulsen la innovación y respondan de forma más eficiente a las necesidades del ecosistema digital.
Otro tema clave para ASIET, sostuvo, es el de avanzar en la inclusión digital y desarrollo de habilidades digitales, como pilares para maximizar el impacto social y económico de la conectividad entre la población.
“No basta con ampliar cobertura: se requiere una estrategia integral que impulse la adopción y el uso significativo —especialmente en comunidades rurales, personas con discapacidad, población de bajos ingresos y MIPYMES— mediante programas de capacitación, asequibilidad, dispositivos, alfabetización digital y contenidos pertinentes”.
A ello se suma la apuesta por la ciberseguridad, como componente esencial de la confianza en el ecosistema digital. Si bien ya existe un Plan de Ciberseguridad, su efectividad depende de una implementación robusta y coordinada: gobernanza clara, recursos y capacidades institucionales, mecanismos de gestión de incidentes e intercambio de información y estándares, así como campañas de concientización.
Para lograrlo, resulta indispensable una colaboración público-privada sostenida y la participación articulada de autoridades, operadores, proveedores tecnológicos, academia y sociedad civil, con metas, indicadores y responsabilidades definidas.
C$T-GM
