Apremia que la SCJN emita su resolución
Los ataques a la figura de los Comisionados y del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) así como las controversias emprendidas contra los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, por el Senado de la República y del Jefe del Ejecutivo, son una «intentona de contrarreforma a través del Poder Judicial», sostuvo Irene Levy, abogada especialista en Telecomunicaciones.
«Hay una suerte de arrepentimiento de haber erigido un órgano con tales facultades constitucionales; creo que estamos ante una especie de contrarreforma, que intenta disminuir al IFT, tanto jurídica como políticamente, al tratar de minar sus facultades y de cuestionar el alcance de órganos constitucionales autónomos como el instituto», explicó.
En opinión de la abogada, algunas de las razones con las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) «dio un revés» a los Senadores que se prestaron para tratar de «echar abajo» el tema de las normas de Portabilidad, podrían servir ahora contra las controversias presentadas por el Senado de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia.
En el contexto del Seminario «El Instituto Federal de Telecomunicaciones ante los Tribunales» organizado por el CIDE, explicó que cuando el Senado promovió la controversia contra las normas de Portabilidad, también atacó las facultades del IFT por considerar que se trataba de una reserva de ley, y que a través de esas reglas el instituto estaba «innovando, es decir, yendo mucho más allá de lo que la ley le permitía»
«Fue evidente que detrás de esa controversia había mucho más política y filia empresarial que una razón jurídica de fondo. Por eso la Corte dijo que el IFT si tenía facultades cuasi-ejecutivas, cuasi-legislativas y cuasi-jurideccionales; que no se parecía su facultad regulatoria a la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, porque mientras este necesita la existencia de una Ley para reglamentar, el IFT no, estando en la constitución puede hacerlo».
Para Irene Levy resultó extraño que en las controversias contra los Lineamientos, ni el Senado ni la Presidencia solicitaran la «Resolución Prioritaria» una variable que si hubo en portabilidad; la cual es una figura establecida en la Ley Reglamentaria 105 constitucional, para casos en que por interés público el demandante considera que la Corte «se debe apurar y le pide que haga una suerte de Fast Track en la resolución de la controversia».
La Resolución Prioritaria, es un elemento sustancial, y en la controversia constitucional contra los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias no fue solicitado, ni por el Senado de la República, ni por la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Pero hay un segundo factor que es la «Suspensión», elemento considerado en la misma ley y que establece que no procede en caso de normas generales y que fue aplicado en el caso de la Portabilidad; además que explica porque fue importante solicitar la Resolución Prioritaria, porque ya había entrado en vigor las nuevas reglas de portabilidad.
«Que curioso, que el 31 de enero que se interpusieron las dos controversias constitucionales no hubo una solicitud de Resolución Prioritaria, a poco ya sabían que vendría una suspensión de facto por parte del IFT, la cual llegó el primero de febrero, cuando el Pleno del instituto decidió diferir, que no suspender por «prudencia», concepto que no está en el código civil o en la constitución como causal para evitar la entrada en vigor de una norma general que afecta a la utilidad pública.
Aseguró que ni con la Ley Televisa se observó un ataque al órgano regulador de la magnitud reciente; la cargada para disminuir al IFT, se explica por la cercanía de temas relevantes como preponderancia, revisión de dominancia, procesos electorales en el Estado de México y los índices de popularidad por los suelos del gobierno federal.
Hay un momento de «verdadero peligro para nuestras instituciones» porque el IFT es una institución joven que está construyendo su solidez y credibilidad y lamentablemente será una vez más en las Cortes donde se definirán esos elementos.
Levy sostuvo que en este caso de lo que se trata es de ganar tiempo, por lo que se verá como las instituciones que están metidas en este tema tratarán de ganar tiempo, por ello es menester que los organismos y especialistas apremien a la corte para emitir una resolución a la brevedad. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tendrá la última palabra, y que deberá ser congruente con resoluciones anteriores como las utilizadas en la portabilidad.
C$T-EVP
