Necesario que el Senado escuche las voces del sector.
La iniciativa legislativa que busca fusionar tres órganos reguladores, además de representar un retroceso en materia regulatoria, apunta al debilitamiento institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y lo coloca en riesgo de ser coptado por intereses privados y políticos, en detrimento de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
“No estamos diciendo que todo está bien en el sector. Definitivamente hay retos importantes pero para enfrentarlos hay que que fortalecer, no hay que debilitar. Si algo se requiere es seguir fortaleciendo a las instituciones, y protegerlas frente a los procesos de captura públicos y privados”, sostuvo María Elena Estavillo Flores, socia directora de Aequum.
En opinión de la especialista, una institución débil es propensa a la captura y eso debería ser motivo de preocupación general porque en lugar de trabajar por el beneficio de los usuarios y por cerrar las brechas de acceso, estaría respondiendo a intereses privados o políticos.
En este contexto, la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal, no debería seguir su curso ya que representa un grave riesgo de retroceso en el sector de telecomunicaciones y en materia de competencia económica donde existen autoridades que en el tiempo han tenido buenos resultados con conocimientos técnicos y adquirido amplia experiencia.
“Me preocupa mucho esta iniciativa, que toda la construcción institucional realizada en cuanto a tener un proceso bastante equilibrado de selección (del personal) donde se podía tener un perfil con consideraciones técnicas con base en un examen de conocimientos, ahora se propone desaparecer todo esto”.
Para Estavillo Flores, la propuesta de fusionar y extinguir al IFT apunta a un debilitamiento institucional, con una reducción considerable en el número de consejeros pues se plantea tener sólo cinco consejeros para todas las materias que tan sólo en ese órgano regulador involucran aspectos de ingeniería, económicos, de competencia, legales, de derechos humanos y de comunicación.
Cuestionada sobre una eventual división al interior del Instituto, la especialista sostuvo que nunca las diferencias entre los comisionados que conforman el Pleno han representado debilitar al órgano regulador, pues durante el tiempo que fungió como comisionada, existieron diferencias fuertes de opinión en temas sustantivos, incluso en la dirección institucional.
“Siempre tiene que haber autocrítica, pluralidad. Tampoco nos conviene tener instituciones monopólicas donde haya una sola opinión y una sola dirección. Lo que debilita son movimientos como estos que dañan el diseño institucional, las capacidades técnicas, la independencia y generan lealtades personales en lugar de las institucionales. Cuando las personas son profesionales las diferencias se pueden sobrellevar sin afectar a la institución”.
Finalmente, la ex funcionaria comentó que en la ruta legislativa es fundamental que las voces y opiniones de los especialistas, académicos y la propia industria sean escuchadas y sopesadas por los integrantes del Senado de la República para evitar hacer un daño a uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana.
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