A más de una década de la declaración de preponderancia en el sector de las telecomunicaciones y de cara a la reconfiguración del corpus institucional y legal, es momento de observar con atención que el dominio de América Móvil no solo radica en su número de clientes, sino en la marcada diferencia en ingresos y rentabilidad que tiene con respecto a sus competidores.
Desde la perspectiva de Ernesto Piedras, director General de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), el diseño de una ley en materia de competencia económica y la creación de un nuevo ente regulador se presenta como un buen momento para revisar los criterios para determinar el poder de mercado que tiene un jugador.
Si bien desde 2014, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró a América Móvil como Agente Económico Preponderante en el sector de las Telecomunicaciones, los criterios adoptados como número de usuarios, suscriptores o tráfico de red, tuvieron un impacto en el mercado, hoy resultan insuficientes.
“Fue muy útil en su momento, pero hoy vemos que solo calificar preponderancia por usuarios y, por ejemplo, no calificarlo por ingresos, es una limitante importante. Y nosotros aquí hemos empujado hacia adelante en decir, oigan, es una omisión, podría incluirse la denominación también por ingresos”.
De acuerdo con datos de la consultora, al cierre de 2024, América Móvil tenía 54.1 por ciento del mercado en términos de ingresos; Sin embargo, cuando se hace un zoom a mercados específicos, como por ejemplo el móvil, se observa que la participación llega a 67.8 por ciento.
En este contexto, la iniciativa de Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, presentada recientemente en la Cámara de Diputados, no sólo ofrece dar continuidad al régimen de preponderancia, sino también “apretar tuercas” en diversos aspectos en un mercado que por años ha tenido el sello de la excesiva concentración por parte de un solo jugador.
“El documento postula un principio o un inicio de lo que podrían ser las leyes secundarias en torno al tema de antimonopolio y de competencia económica, y por eso debe ser tomado en cuenta. Además de que también el personaje que la pone a la mesa en la Cámara de Diputados es un diputado que tiene capacidad de generación de agenda. Creo que por eso también llama la atención”.
Y es que de entrada, la iniciativa de ley presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar plantea la creación de la Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico, que asumiría de manera exclusiva la facultad de determinar e imponer regulación asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, y que estaría conformada por un Pleno de cinco comisionados elegidos mediante un Comité de Evaluación.
Además, pone sobre la mesa que la nueva autoridad apoye su labor en una Fiscalía Antimonopolio, que al tener autonomía técnica se podría lograr que las investigaciones sobre prácticas monopólicas sean más ágiles y efectivas, reduciendo el tiempo máximo para su conclusión de 600 a 480 días.
Samuel Bautista, analista de la consultora The CIU hizo un breve recuento de algunos de los puntos más novedosos de la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, como por ejemplo, la obligación que establece para que la Fiscalía Antimonopolios acompañe y brinde apoyo en los casos de las denuncias ciudadanas, “se le da más peso específico a este tipo de procedimientos, lo cual veo bastante positivo”.
Asimismo, dijo, resulta relevante el reconocimiento que la propuesta legislativa le otorga al principio de “neutralidad competitiva” que es clave en el T-MEC y que establece que las empresas, incluidas las públicas, deben competir en igualdad de condiciones.
“En términos generales creo que lo que sucede con esta iniciativa es que está básicamente reconociendo los principios bien conocidos, bien estudiados sobre el cuidado de la competencia económica en los mercados. No es que esté tratando de inventar el hilo negro, pero respeta bastante bien los principios de competencia y de libre concurrencia”.
C$T-GM
