En el primer conversatorio sobre el rediseño legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión, voces de diversos ámbitos cerraron filas contra la “Ley Merino”, un marco que deposita en un sólo funcionario, subordinado al Ejecutivo Federal, el control absoluto de las decisiones y funciones regulatorias, técnicas y de política pública.
En el encuentro que contó con la moderación del senador Javier Corral, el presidente de la Amedi, Jorge Bravo, sostuvo que la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene como una característica preocupante la concentración de poder y atribuciones exorbitantes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
“Esta entidad dependiente del Ejecutivo reúne funciones regulatorias técnicas y de política pública en una sola persona, sin independencia, sin deliberación colegiada y sin contrapresos. No podemos permitir que un sólo ente sin garantías técnicas verificables y autonomía decida sobre el futuro de nuestras telecomunicaciones y derechos digitales”.
Al entregar un documento en el cual la Amedi propone 12 aspectos que se pueden corregir, Jorge Bravo dijo que uno de ellos es que la ATDT sea un órgano desconcentrado con autonomía técnica y que su gobierno no dependa de una sola persona sino de una instancia colegiada. Además, que se incluye en la nueva ley telecom que esta entidad cuente con un Consejo Ciudadano.
José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) sostuvo que a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) se le otorgan facultades prácticamente ilimitadas, lo que exige el diseño de mecanismos de supervisión autónomos para evitar decisiones discrecionales.
“Estamos hablando de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de información que se pone en manos de concesionarios independientes y privados, y que necesitamos una garantía con un Consejo Consultivo, consultas públicas, garantía de audiencia, recursos internos porque en esta iniciativa se prevén revocaciones de concesiones, es un tema muy delicado”.
En su oportunidad, Alfredo Pacheco Vázquez, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), pidió a los legisladores “encontrar la manera de garantizar que la Ley no se concentre en una sola persona”.
Independientemente del juicio de valor hacia la persona en lo particular “–creemos en José Peña Merino, actual director de la ATDT–” lo importante es garantizar la funcionalidad de la institución, porque “no sabemos quién pueda seguir en adelante”.
Por eso, propuso garantizar las operaciones a través de un órgano colegiado que le dé certeza y variedad a las decisiones, porque no podemos darnos el lujo de tomar riesgos innecesarios. Un órgano colegiado debe ser descentralizado y sectorizado.
La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, dijo que quien debería estar presente en los conversatorios sobre la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, es precisamente el titular de la ATDT, José Peña Merino.
“Para explicarnos por qué esta ley, cuáles son las motivaciones, cuál es el alcance. No voy a dejar de insistir en que debe presentarse a estos conversatorios porque deberían de hacerse con la otra parte”.
Adriana Labardini Inzunza, asesora en política y regulación de telecomunicaciones y presidenta de Conectadas, advirtió que en su actual estado, la Ley contiene preceptos que sin duda violan los derechos humanos e incluso tiene preceptos abiertamente inconstitucionales.
De hecho, la concentración de las decisiones en un solo agente (en este caso la persona a cargo de la Agencia de Transformación Digital) es peligrosa y por ello sugiere abordar el análisis de ésta y otras leyes relacionadas con la de Ciberseguridad, la de Inteligencia Artificial y otras, “con un enfoque sistémico, porque si nos equivocamos se vuelven leyes boomerang”.
Es decir, las consecuencias de aprobar leyes que incumplan estándares de Derechos Humanos, respeten la constitución y la convencionalidad con acuerdos internacionales, a futuro, todo se puede volver contra la transformación digital no sólo del gobierno, sino de las empresas y del desarrollo del país en su conjunto.
La especialista advirtió que con la conformación de la Ley cuyo dictamen está en análisis, se corre el riesgo de que obtengan concesiones de radio, incluso miembros de la delincuencia organizada o personas que quieran lavar dinero, por lo que se debe establecer mecanismos de revisión muy cuidadosos, que eviten ese escenario.
Por su parte el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier Juárez Mojica, advirtió que la nueva visión de Estado, a partir de la reforma constitucional de diciembre pasado, tal como el propio Instituto advirtió desde febrero pasado, “el modelo de un organismo autónomo dio resultados y ahora se está retrocediendo a un modelo que ya se había superado”.
En su oportunidad, Mariana Martínez Flores, presidenta de Radio Independiente de México AC, apuntó que es necesario explicar el tránsito de un órgano plural a una Agencia dependiente del ejecutivo y donde todas las decisiones se toman por una sola persona.
“Debemos buscar que las decisiones sean técnicas, autónomas y en beneficio de las audiencias”.
Y fue clara al advertir que si no se hacen cambios a la iniciativa de Ley, “vamos a tener complicaciones serias”.
En el mismo tenor, Luis Fernando Borjón Figueroa, consultor en telecomunicaciones y exdirector de Promtel, señaló que “me encantaría que el órgano regulador en telecomunicaciones fuera imparcial y con autonomía técnica, aunque ya no se puede”, pero es importante encontrar “cómo hacer para tener acotada la discrecionalidad de un poder unipersonal”.
En ese sentido, la propuesta es crear un órgano regulador colegiado, profesional, predecible, imparcial y con independencia técnica en sus decisiones que incluso pueda funcionar como un órgano desconcentrado de la propia Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Aclaró que “la idea de la ATDT es estupenda: contar con alguien a nivel de Secretaría de Estado para establecer proyectos es muy positivo, pero la ejecución de proyectos es distinta de la regulación; está muy bien que el gobierno haga proyectos, pero debe diferenciarse del rol del regulador”, advirtió.
Al concluir las cuatro rondas de este primer conversatorio titulado “Análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión”, el senador de Morena Javier Corral Jurado, enfatizó que todas las voces se escucharán y se tomarán en cuenta para hacer la reserva (“que será una reservotota”) al dictamen de la Ley.
“También adelanto y advierto por lo que hemos podido escuchar de la propia Presidenta de la República, que es la iniciadora de este proyecto, que hay disposición de buscar un órgano colegiado, un órgano con especialidad técnica. Ella misma está a favor de acotar la discrecionalidad política por el simple principio de que hoy está ella pero luego después quién va a estar”.
Y es que, dijo, no se trata del partido en turno o el personaje en turno sino de las instituciones pensadas para el mediano y largo plazo.
“¿Qué características debe tener ese organismo? ¿Qué naturaleza jurídica debe tener ese organismo? ¿Qué composición, qué perfil, qué funciones a la agencia, qué funciones al organismo? Está en la voluntad de la Presidenta de la República eso. Y ya no seguir perdiéndonos en lo del 109. De hecho, ella ya lo adelantó en una mañanera. Digo, eso ya se corrige o se quita. Estamos de acuerdo en que se quite. El 109 tiene que salir, es un error de redacción”.
C$T-GM
