Nuevos costos en Derechos generan incertidumbre a la inversión.
Representantes de organismos como la Canieti, GSMA, Anatel, el IDET, analistas y académicos especializados en el sector telecomunicaciones coincidieron en la imperiosa necesidad de que en México existan precios justos por el uso del espectro radioeléctrico, pues a la fecha este insumo es uno de los más caros a nivel mundial representando alrededor de 12 por ciento de los ingresos anuales de la industria.
En el contexto del Parlamento Abierto “Análisis de Paquete Económico 2021”, Miguel Calderón Lelo de Larrea, vicepresidente nacional de vinculación con Organismos Empresariales de la Canieti, dijo que la propuesta de la Secretaría de Hacienda de incrementar los derechos genera incertidumbre en una industria que requiere de una inversión intensiva de capital y por ende de largo plazo.
“El alto costo del espectro tiene un alto impacto en la competencia, para una empresa entrante o de menor escala el costo del espectro es mucho mayor que para la empresa preponderante, este alto costo va a inhibir la entrada de participantes o le va a quitar la posibilidad de invertir a los participantes de menor escala ya existentes”.
Lucas Gallito, enlace legislativo de la GSMA, sostuvo que existe una correlación entre altos precios de espectro y afectación a los consumidores, a menores coberturas, y a más mexicanos al margen de los beneficios del uso de banda ancha, además del impacto vinculado a la disminución de la contribución al Producto Interno Bruto.
“Estudios que hemos hecho en el mercado mexicano indican que los altos costos del espectro afectan a los consumidores, básicamente de tres formas: con menor cobertura, menores velocidades y con servicios más caros. Por lo tanto hay una idea de que los altos costos del espectro impactan en los resultados de las compañías y afectan a los consumidores”.
De acuerdo con datos de GSMA, si en México los operadores hubieran pagado espectro al precio promedio de lo que se paga en América Latina, habría 10 millones más de mexicanos conectados a redes 3G y más de 5 millones de mexicanos conectados a redes de 4G; además, aquellos usuarios que estuviesen conectados a internet móvil tendrían una velocidad de descarga promedio que sería 66 por ciento mayor, esto es alrededor de 7 Mbps.
Para María Elena Estavillo, directora de la consultora Aequum, el mercado sigue enfrentando retos importantes en materia de competencia, pues más del 70 por ciento de los ingresos móviles los recibe un sólo operador, mientras que los otros jugadores han presentado con frecuencia números rojos.
“Con la pandemia se ha reducido el ingreso de los operadores, inclusive ha habido devoluciones de espectro al Estado. Esta frágil dinámica competitiva podría ponerse en mayor riesgo con la carga financiera que implica incrementar el pago por el espectro y el mercado que dejen de atender los concesionarios comerciales agrandará el margen de desconectados que necesitan apoyos gubernamentales”.
En su intervención, Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) dijo que la carga fiscal y regulatoria para consumidores, importadores de redes, de todos los equipos que hay en las telecomunicaciones y para los concesionarios, es algo que se debe revisar de manera integral.
En opinión del especialista, no hay otra industria con un potencial similar al de las telecomunicaciones para contribuir a reducir las brechas social, regional y económica que existen en el país y que tantos problemas le han traído a México.
Fernando López, director regional para México y Centroamérica de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) apoyó la propuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de crear un grupo de trabajo para analizar a detalle cuáles serían las implicaciones tanto en materia recaudatoria como en los efectos sociales que pudiera tener la iniciativa hacendaria.
“Pedimos desde Asiet que se tome la oportunidad de generar un espacio de conversación a profundidad, técnico y considerando factores y evidencia, de esta manera la decisión que se lleve a cabo puede ser mejor tomada y será en beneficio de la sociedad”.
En opinión de Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), se deben bajar los derechos de tal manera que haya más operadores que puedan acceder al mercado y no incrementarlos por el grave riesgo de que se concentre aún más el mercado y las bandas utilizadas se saturen perdiendo calidad y velocidad de transmisión.
C$T-GM
