Aunque para darle la vuelta al alto costo del espectro en México respecto a precios internacionales, el IFT propone subdividir el país en 320 Áreas Parciales de Servicio (APS), empresas como Telcel y AT&T México, así como asociaciones sectoriales y especialistas, coinciden en que además de no resolver de fondo la problemática, esta fragmentación aumenta el riesgo de interferencias entre operadores.
En octubre pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) abrió un proceso de consulta pública para el anteproyecto por el cual busca determinar las Unidades de Cobertura para la prestación de servicios de telecomunicaciones, por medio de la homologación de las nueve regiones en la que fue dividido el territorio mexicano, así como el establecimiento de 65 Áreas Básicas de Servicios (ABS) y 320 Áreas Parciales de Servicio (APS).
Cabe recordar que el territorio mexicano está dividido en nueve Regiones Celulares y en 65 Áreas Básicas de Servicio (ABS), con base en las cuales se han otorgado concesiones de espectro radioeléctrico desde la última década del Siglo XX para diversos servicios de telecomunicaciones.
Por su parte, las ABS son agrupaciones de municipios que se crearon con la finalidad de gestionar la cobertura asignada para los concesionarios del servicio de radiolocalización móvil de flotillas (conocido como trunking) con base en las Regiones Celulares.
Desde su creación, el IFT ha realizado múltiples procesos de asignación de espectro radioeléctrico para diversos servicios de telecomunicaciones por la vía de la licitación pública, considerando distintas extensiones geográficas: nacional, por Región Celular o por ABS (conformadas por un conjunto de varios municipios).
A pesar de que las ABS son áreas geográficas mucho menores que las Regiones Celulares, el extenso territorio que las comprende hace difícil y poco atractivo que nuevos competidores locales puedan ingresar al mercado móvil.
Desde la perspectiva del IFT, esta situación se agrava especialmente por los altos costos del espectro radioeléctrico en las distintas bandas de frecuencias utilizadas en el país, causados por las altas proporciones que representan los derechos anuales que se pagan por usar este como porcentaje de su costo total.
Es así que con la finalidad de facilitar y promover la entrada de nuevos operadores locales, el IFT consideró necesario crear una nueva subdivisión geográfica del territorio nacional, cuya extensión sea igual o menor que una ABS, pero mayor a un municipio.
Sin embargo, para la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) esta propuesta no resuelve de fondo el problema del precio por los derechos de uso del espectro, “el hecho de dividir el país en 320 APS para que sea más asequible no es una solución ni a corto ni a largo plazo”.
En la consulta pública que habilitó el IFT en octubre, la asociación señaló que además la medida podría traer consecuencias indeseables como interferencias, haciendo un uso ineficiente del espectro y subutilización del mismo.
“Sugerimos que todas las bandas sean enteramente licitadas por bloques nacionales o regionales, sin usar APSs. Lo anterior, hará que sea más atractiva en la subasta por el valor que les reporta a las bandas de espectro el hecho de que sean contiguas y se integren en bloques geográficamente amplios, como regionales o nacionales, por las economías de escala generadas en escenarios en los que la zona geográfica es mucho más amplia”.
AT&T México sostuvo que el hecho de que las APS propuestas por el IFT no sean menores a 200 km² no garantiza que no surjan interferencias, ya que la ubicación de las antenas depende de la geografía de la zona y la altura, entre otras características, por lo que no siempre será factible instalarlas en el centro de los 200 km2 en una zona plana para que la radiación sea pareja.
Expuso que si bien es cierto que existe una gran demanda de este servicio en muchas áreas, provisto en general por pequeños proveedores locales que realizan una gran labor social, con los actuales precios del espectro eso difícilmente será rentable y se volverá al mismo problema.
“No se trata del tamaño de las áreas de servicio, puesto que cuanto más pequeñas sean el uso del espectro es menos eficiente, sino de que el precio del espectro en México está fuera de proporción con la realidad del mercado”.
Por su parte, Telcel coincidió en que fragmentar las áreas de servicio en los términos propuestos, conllevaría a mayores restricciones técnicas, ya que se requerirá proteger de interferencias en las fronteras entre bandas de frecuencia, donde se tengan dos operadores, necesitando una banda de guarda o bien una zona geográfica donde ninguno de los operadores pueda usar el espectro.
Además, solicitó que el IFT sea más preciso en la forma en que se verificarán los cumplimientos de los concesionarios ante estas nuevas condiciones regulatorias, por ejemplo, en materia de mediciones de calidad o contadores de desempeño y, en su caso, modificar la legislación positiva, a fin de integrar y convivir ambas delimitaciones.
“Proponemos respetuosamente que, los concesionarios que tengan un título de concesión regional sean medidos con tal carácter, mientras que aquellos con cobertura por APS, sean medidos únicamente en aquellas zonas definidas en sus respectivos títulos”.
Sostuvo que la actual asignación del espectro (nacional, por región y/o por ABS) permite a los operadores prestar los servicios, tanto en zonas urbanas, como en aquellas localidades marginadas, por lo que en caso de que se decida implementar en próximas licitaciones de espectro las nuevas APS, es imperativo que se considere la integración de las áreas por grupos de áreas parciales contiguos, a fin de minimizar la complejidad en la gestión y que se faciliten acuerdos operativos entre concesionarios.
Maryleana Méndez, secretaria general de ASIET, opinó que el enfoque en subdivisiones geográficas más pequeñas y la promoción de operadores locales pueden parecer inclusivos a corto plazo, pero no consideran los requerimientos de escala que son esenciales para la sostenibilidad financiera y de las inversiones en el sector.
“Las inversiones en redes 5G y otros avances tecnológicos requieren una infraestructura sólida y amplia. Fragmentar las áreas de concesión impide que se logren las condiciones necesarias para atraer la inversión privada en tecnologías avanzadas, poniendo en riesgo el progreso tecnológico del país en el largo plazo”.
Lucas Gallito, director para América Latina de GSMA, dijo que subdividir el país en APS puede reducir la disponibilidad efectiva del espectro, lo que limita las opciones de los operadores y aumenta el riesgo de que no puedan adquirir las cantidades necesarias, generando una escasez artificial y elevando los costos por un recurso fragmentado.
Esto, añadió, resulta especialmente problemático para redes modernas como LTE y 5G, que requieren bloques más grandes y uniformes de espectro para operar de manera eficiente.
“En un contexto donde México necesita mayor capacidad de red para responder a la creciente demanda de usuarios e industrias, este enfoque de asignación no sólo encarece los costos operativos, sino que compromete tanto la eficiencia tecnológica como la económica”.
C$T-GM
