Industria demanda revisión integral.
La aplicación de un impuesto debe apegarse a ciertas premisas como el que su recaudación no resulte onerosa, que su contribución al fisco sea significativa y que ofrezca niveles de equidad para el contribuyente, lo cual en el caso del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), no se está cumpliendo, por lo que su revisión es imprescindible ante la llegada de una nueva administración, aseguró Ernesto Piedras Feria, director General de The Competitive Intelligence Unit (CIU).
En la práctica ese impuesto está lastimando a los que menos tienen; quienes gozan de un elevado poder adquisitivo su pago no resulta gravoso, entre la clase media se hace un esfuerzo por cumplir esa imposición para tener telefonía fija, móvil y tv de paga, pero para un amplio núcleo poblacional, eso lastima sus ingresos o incluso los excluye de la posibilidad de tener ese tipo de servicios.
«Lo más importante es reconocer en este impuesto, la inconstitucionalidad que representa, pues mientras la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la conectividad es ya un derecho básico para el ciudadano en México, el IEPS que coloquialmente se conoce como el impuesto de lujo, te lo grava como si fuera exactamente eso, un servicio de lujo», explicó el especialista.
En la práctica la imposición del IEPS a los servicios de telecomunicaciones, es tanto como si se estuviera ejerciendo un impuesto al consumo de servicios de electricidad, al consumo de agua potable, a la educación o incluso a la salud.
Ahora bien, la industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en lo que está interesada es en revisarlo, pero no como un tema aislado, sino como parte de un paquete o una política fiscal integral; es decir, incluir elementos que sí apuntan a una permanencia del IEPS, que esos recursos queden etiquetados.
Este esquema puede resultar complicado, pues los ingresos son genéricos, es muy poco común que se etiqueten, pero si se llegara a hacer, deberían orientarse como una alternativa para promover mayor cobertura social. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda es renuente a aceptar esto porque eso significa que ¿hay sectores importantes y otros no?
La opción de crear un Fondo, (como el Fondo de Cobertura Universal que se pensó para ofrecer cobertura rural y se asignaron montos importantes a través de Telmex para que se promovieran políticas en la materia) debería estar más enfocada a detonar el desarrollo de infraestructura y sería mucho más viable establecer un modelo de Asociación Público Privada (APP).
En realidad, en el mercado global existen más de una fórmula para ello, sin embargo, lo más relevante que se debería buscar es que el nuevo gobierno le dé la importancia y la relevancia que la industria de las telecomunicaciones merece para que ocupe el mismo lugar que tiene en países desarrollados, donde se tiene claro el amplio beneficio económico que genera impulsar el crecimiento de este sector.
El especialista destacó que en las reuniones sostenidas con el equipo de trabajo del virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aunque no se generó un pronunciamiento en torno al destino que tendría este gravamen en particular, sí se reconoció la necesidad de revisarlo.
«En los encuentros con Abel Hibert, representante de AMLO para el sector de las telecomunicaciones, se habló incluso del descenso que se estaba generando en la recaudación, incluso se hizo manifiesto que era probable que estuviera conteniendo el consumo y que no se está teniendo la recaudación esperada, por lo que era conveniente revisarlo».
Lo cierto, añadió el especialista, es que no hubo un pronunciamiento sobre quitarlo o incrementarlo, sino exclusivamente se habló en ese momento de la conveniencia de revisarlo. Lo relevante en todo caso sobre lo comentado es que se consideró entre los temas relevantes y prioritarios por revisar al entrar en funciones la nueva administración.
Bajo esta óptica y dadas las condiciones de la estructura presupuestal establecida al inicio de un nuevo gobierno, esta iniciativa será analizada y discutida para su eventual aprobación, en el mejor de los casos hasta el segundo año de la administración entrante, pues el primer año debe operar con un Presupuesto designado, en el cual difícilmente puede incorporar cambios fiscales que le dé el nuevo status a las telecomunicaciones en el desarrollo económico de México.
C$T-EVP
