A nueve años de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es importante reconocer que no ha tenido el ritmo de trabajo y los alcances que logró durante su primer lustro de vida, debido principalmente a la falta de apoyo y los cuestionamientos surgidos desde la misma Presidencia de la República, escenario complicado que enfrenta desde el inicio de la presente administración.
“Es sumamente complicado tratar de acelerar el ritmo de trabajo y al mismo tiempo estar defendiéndote de los guamazos, si tuviera apoyo, en lugar de piedras, tendría un margen de maniobra para cumplir con todos sus retos”, aseguró Fernando Borjón Figueroa, Senior Advisor, Emerging Markets Access Partnership.
Ejercer la autonomía y trabajar al mismo tiempo de manera coordinada con el gobierno, fue posible porque se establecieron metas muy claras en la Constitución, así como tareas que negoció la propia oficina de la Presidencia de la República (del sexenio pasado), había mucha claridad en los apoyos conjuntos que se debía alcanzar, la propia SCT discutió y planteó proyectos conjuntos, incluso indicando cómo obtener los mejores resultados, “se tomaron decisiones, no se postergaron”.
La autonomía del IFT se cuestionó desde antes de su creación, pero desde ese momento se dejó en claro que el instituto no debería ser una isla o un ente aislado del gobierno, pues su papel como organismo constitucionalmente autónomo, en lugar de separarlo, lo obligaba a realizar sinergias y alinear objetivos para trabajar armónicamente con el gobierno, eso fue un principio esencial y fundamental.
“Hubo rispideces”, incluso cuando se sacó el precio de la licitación de la tercera cadena de televisión, la Secretaría de Hacienda cuestionó, ¿están locos, por qué tan barato?, pero una vez que se tuvo claridad y convencimiento de lo positivo de la autonomía del instituto, de la importancia de empujar una mayor oferta de servicios y condiciones de competencia hubo todo el apoyo del presidente de la República y de las mismas dependencias del Estado.
No todo fue perfecto, pero lograr la autonomía del IFT era imprescindible, para desvincularlo de discusiones e intereses políticos, porque muchos años atrás la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cedía las concesiones como premio a los soldados del PRI.
Alguien identificado como el “primer soldado” de ese partido, conocido como el “Tigre”, fue un personaje que si el presidente en su momento pedía una cadena de tv cultural, aseguró, “no se preocupe señor Presidente yo se la pongo, se llamará canal 9. Era claro que bajo esas condiciones no se necesitaba crear condiciones de competencia.
La gran alineación fue plasmada en la reforma de 2013, en los transitorios se establecieron metas muy claras, asuntos muy específicos, competencias bien definidas para poder lograr lo que por años no se había podido concretar: “hoy, se nos olvida, pero no había posibilidad de licitar una tercera cadena de televisión, actualmente ¿quién se acuerda de eso?, porque esos procesos hoy son asuntos cotidianos, recuerda Fernando Borjón, quien formó parte del primer Pleno del órgano regulador.
“Vivir la discrecionalidad anterior, donde para sacar una licitación de una frecuencia de radio, era imposible. Hoy esto es asunto cotidiano, ya nos acostumbramos, ya hay predicibilidad… el IFT ha hecho una buena labor a lo largo de estos años hasta literalmente, ver un antes y un después”.
Se logró tener metas claras, proyectos por realizar, trabajo conjunto con las secretarías de Comunicaciones y de Hacienda, tareas conjuntas con la de Gobernación, una constante búsqueda de nuevos canales de diálogo con gobiernos municipales, resolver la utilidad de edificios federales en cuestiones de comunicación, sinergias que dieron resultados, “hoy todo eso se rompió en la presente administración”.
“Hoy se carece de alineación de objetivos, todo lo relacionado con la transformación digital del país se fue a la basura, en el Plan Nacional de Desarrollo, sólo destaca el proyecto de telecomunicaciones, Internet para Todos, al vincularse a la CFE, porque ahí “se le dice al presidente que se puede hacer todo”.
En el Ejecutivo Federal hay un desconocimiento de las facultades otorgadas constitucionalmente al IFT, esto fue evidente cuando se aproximó el vencimiento de la concesión de Teléfonos de México, y respondió que evaluaría la posibilidad de ampliarla, cuando esto es una facultad exclusiva del órgano regulador.
Pese a presentar estudios cada año, bien fundamentados sobre la inconveniencia para el país de sostener un alto costo sobre el espectro radioeléctrico, hay un rechazo de las propuestas presentadas por el órgano regulador, ¿sólo porque el IFT no le cae bien al presidente?… “ya se nos murió Telefónica como segundo operador, se redujo el poder de un competidor, y aún así persiste en la obstinación de cobrar lo mismo”.
Entrevistado por Con$umoTIC, el ex-Comisionado del IFT, recordó como la hoy extinta Subsecretaría de Comunicaciones, hizo el ejercicio anual de identificar grupos de población vulnerables; sin embargo, por falta de transparencia hoy se desconoce cuántas personas se han conectado, ¿cuántas poblaciones se han logrado integrar?, ¿qué cantidad de personas se han beneficiado?, ¿dónde falta disponibilidad de servicio?
“Mejor desaparecieron la subsecretaría de Comunicaciones porque dijeron que era muy cara; legalmente a lo mejor hay alguien que debe atender los temas de telecomunicaciones, pero no son su prioridad, ¿al Secretario de Transporte le interesa que pasa ahí?, tiene un amplio presupuesto de infraestructura para transporte y hasta para carreteras rurales, pero si telecom era un tema chiquito, hoy es más chiquito”.
En todo tiempo se ha destacado que los presidentes se van y las compañías y los empresarios se quedan, por lo que tienen el permanentemente reto de ver cómo sacar adelante su negocio, por ello es imprescindible alinear los objetivos del proceso de transformación digital y buscar alternativas viables, sobre todo considerando que en México, aunque hay cobertura para 94 por ciento de la población, los conectados apenas superan el 75 por ciento.
Revisar y mejorar la Ley Federal de Derechos es un paso ineludible para ofertar espectro a precios competitivos, trabajar en la accesibilidad y asequibilidad a la conectividad; subsidiar el acceso a internet y equipos para la población “pero sólo de los que no pueden pagarlo”, y que la Suprema Corte se pronuncie porque el Jefe del Ejecutivo cumpla con la responsabilidad de nombrar las Comisionadas que faltan en el IFT, son algunas de las tareas prioritarias.
A partir de la masificación de internet, la industria vive una etapa de nuevos retos, es muy importante tener la posibilidad de soluciones en materia de espectro, considerando que en la más reciente licitación se tuvieron “malos resultados” al quedar desiertos 38 de 41 bloques ofertados, debido al elevado precio, con lo cual también se dejó fuera al segundo jugador importante en la industria, que devolvió espectro y ahora la demanda de este activo, solo recae en dos empresas, Telcel y AT&T.
A lo largo de estos años, lo que ha construido el IFT en favor del sector, es certeza jurídica, “predicibilidad”, es decir, certidumbre, un elemento indispensable para una industria intensiva en inversión, pero que necesita saber “hacia dónde se moverán las cosas”.
Hoy las empresas no están dedicando tiempo para ver cómo corromper al IFT, sino planeando y diseñando modelos de negocio que a partir de estabilidad y certidumbre, incentiven el seguir inyectando flujos importantes de capital a proyectos productivos, al desarrollo de la innovación de desarrollo tecnológico.
Competencia económica es un tema que no tenía el órgano regulador del sector, que llega con la reforma constitucional. “No se ha logrado reducir el poder que tiene América Móvil, sí en redes fijas en Telmex, pero en móviles hay camino por recorrer y ahora sólo con dos empresas, en algún momento alguna tendrá más del 50 por ciento del mercado, porque los Operadores Móviles Virtuales sólo captan al 6.0 por y difícilmente superarán el 15 por ciento.
En competencia hay un rezago, una tarea inacabada sin duda, pero que cae también en la cancha de quién maneja la Ley de Derechos, si un jugador se sale por considerar que los precios de un activo son elevados, ¿es oportuno evaluar este tema?, creo que sí, porque se dejaron de cobrar recursos en favor del erario, y se eliminó a un contribuyente, lo cual sin duda es responsabilidad del Estado.
Si a esto se le suma que una Ley que se mueve cada año genera mucha incertidumbre a una industria que está empujando servicios que se convirtieron en Derecho Constitucional, y que a través de ese derecho se habilitan otros más, razón mayor para revisar el tema, concluyó.
C$T-EVP
