Las tres sillas vacías en el Pleno del órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión, es sin duda uno de los grandes pendientes acumulados en 2022; sin embargo, desde la perspectiva de Michel Hernández, director de Observatel, el avance que se dio por parte de la SCJN al nombrar a comisionados en la COFECE, es un antecedente que puede abrir la posibilidad de que esto pudiera replicarse en el IFT, durante 2023.
“Es un pendiente ya acumulado; desde el punto de vista estructural, ese es el gran pendiente del sector… No tendría que tardar tanto (en resolverse), porque ya se resolvió lo de la COFECE y es esencialmente lo mismo”, aseguró el director general del Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel).
El artículo 28 de la Constitución establece que el Pleno del órgano de gobierno del IFT, debe estar integrado por siete personas, incluyendo al presidente; sin embargo, actualmente hay tres espacios, ante lo que el regulador interpuso una Controversia Constitucional por la omisión del Ejecutivo Federal de proponer al Senado las candidatas a Comisionadas; lo que el Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel), también reclamó mediante un amparo.
En este sentido, Michel Hernández, aseguró que otro asunto que deberá resolverse en 2023 es el recurso presentado por Observatel. “Estamos solicitando que se vaya a revisión al tribunal colegiado y ese procedimiento sigue su curso”.
“La Corte marcó el rumbo y sentó el precedente de la falta de comisionados en un órgano regulador (la COFECE), con lo cual no tiene sentido que se extienda mucho más la discusión de la falta de comisionados en otro órgano (IFT), cuando el fondo es esencialmente el mismo… Y nada justifica que se siga extendiendo esta falta de comisionadas”, enfatizó en entrevista para ConsumoTIC.
En febrero de 2020, cuando Gabriel Contreras concluyó el periodo para el que fue designado como comisionado del IFT, el órgano regulador registró su primera vacante, a la que le siguió el término del mandato de Mario Fromow, un año después. En febrero de 2022, el instituto acumuló su tercera silla vacía sin relevo, con la salida del comisionado Adolfo Cuevas.
En la actualidad, el IFT opera con un Pleno de sólo cuatro de siete integrantes, presidido de forma interina por el comisionado Javier Juárez Mojica, y conformado por funcionarios varones; es decir, lejos de cumplir lo establecido a raíz de la reforma constitucional en materia de paridad entre géneros que entró en vigor en junio de 2019 y que prevé que el principio de paridad se aplique a los órganos autónomos.
El experto en regulación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) incluyó la agenda digital en la lista de faltantes con la que cerrará el año; se trata de un tema que en su opinión “va a tardar un poco más en resolverse”.
“Seguimos con este gran faltante, que es una política o una hoja de ruta claramente definida desde el más alto nivel, que articule los esfuerzos de la iniciativa privada, de la academia, de la sociedad civil, de diferentes sectores económicos y que de alguna forma trace el rumbo del país en materia de digitalización”.
Otros temas que se quedan en el tintero del 2022 son las asignaciones de espectro apto para servicios 5G; los precios del espectro radioeléctrico que, además, siguen siendo una barrera importante para eliminar la brecha digital; y los proyectos de conectividad, pues aún con los avances en CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) , “parece que cada vez más se convierte esta entidad en un operador móvil virtual más, no en uno de naturaleza social, sino en uno que pretende competirle a los grandes”.
2023, un año de expectativas.
Michel Hernández consideró que en el siguiente año una prioridad deberá ser la disminución de los costos de derechos para uso del espectro radioeléctrico, en el cual se ha insistido durante varios años y que pareciera que con la declaración del subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, de que en el 2023 se analizarían, se está dando una buena señal.
Y es que para el experto es preocupante el tema, porque se necesitará un mayor despliegue de redes de telecomunicaciones, y los altos precios de este recurso podrían acentuar algunas brechas, como la conectividad.
“Ya tenemos una brecha importante entre lo urbano y lo rural, entre ciertos estados de la República, particularmente Bajío y Norte en relación con el sur de la República, el precio del espectro puede llegar a ser una limitante muy importante, para que las empresas desplieguen más lento… El problema es que entre menos insumos tengan para desplegar, entonces el acceso va a estar mucho más concentrado en ciertas zonas”.
El impacto del rescate de Altán Redes en el mercado y en el sector en general, estimó, será otro de los temas que se verán en el 2023; el gobierno tiene ahora una mayor participación en la empresa paraestatal, luego de que fuera declarada en concurso mercantil en noviembre del 2021.
El destino de la banda de 6GHz también se tendrá que resolver el próximo año, y que dependerá en buena medida de lo que se resuelva en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CRM-23) que realizará la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Por otro lado, advirtió que si no se elabora en breve una hoja de ruta o al menos un plan de banda ancha para cubrir al 25 por ciento de la población que hoy no está cubierta, “no vamos a tener en los siguientes años ese plan y no vamos a tener algún esfuerzo articulado, y nos estaríamos resignando que se hará hasta el 2024 con una nueva presidencia”.
C$T-GM
