El recorte del 70 por ciento al presupuesto del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aprobado en la Cámara de Diputados, pone en riesgo la operación de la institución y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. La suma autorizada para 2025, equivale a menos del 10 por ciento de los recursos con los que contó en 2014.
En un posicionamiento al respecto, el IFT expresó “su extrema preocupación por el recorte presupuestal” y lamentó “que no se hayan considerado las preocupaciones y riesgos que advertimos a los diputados federales por medios institucionales, desde el momento en que tuvimos conocimiento de la drástica reducción a los recursos presupuestados para el Instituto”.
El IFT recordó que el Decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica establece que el Instituto deberá seguir cumpliendo con su mandato constitucional hasta en tanto transcurran los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria a que hace referencia el artículo Décimo transitorio del propio Decreto, y la cual está todavía pendiente.
Esto significa que la institución deberá seguir ejerciendo sus funciones en las mismas condiciones que prevalecían cuando tuvo el carácter de órgano autónomo encargado de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como autoridad en materia de competencia económica para ambos sectores, “por lo que los recursos presupuestales asignados resultan insuficientes para cumplir con dichas responsabilidades”.
La situación es “crítica”, señaló el IFT, porque “se comprometen seriamente los mandatos constitucionales y su propia operación”, sin olvidar los compromisos internacionales expresamente adquiridos por México, en particular el T-MEC.
De ahí que en su posicionamiento, el IFT señale que la falta de presupuesto, debida al drástico recorte, perjudica “el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y por ende, de las personas usuarias de los servicios y las audiencias”.
Además, señala que es obligatorio dar prioridad a los derechos laborales del personal de la Institución, “lo cual estaría en riesgo de cumplirse con el presupuesto asignado”.
Asimismo, el recorte compromete o significa dejar de realizar proyectos a favor de los usuarios, de las comunidades y pueblos indígenas, además de la inclusión digital, como lo son la realización de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información (ENDUTIH), que se elabora de manera anual en conjunto con el INEGI.
También está en riesgo el programa Pro Radio, mediante el cual el Instituto promueve la obtención de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; el otorgamiento del 1.0 por ciento del presupuesto de comunicación social y publicidad a las estaciones de radio comunitarias, indígenas y afromexicanas, porque “ya no se contará con el presupuesto para publicidad institucional”.
Igualmente está en riesgo el mantenimiento tanto del Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII) como del Sistema de Administración del Espectro Radioeléctrico (SIAER), lo que afectará las acciones de planeación de despliegue de infraestructura y espectro.
Esto, sin olvidar las actividades de vigilancia del espectro, verificación de regulación asimétrica, imposición de sanciones por incumplimientos a la legislación y regulación, con lo cual se corre el riesgo de un escenario indeseable en el que proliferen estaciones piratas y perder el terreno ganado en el combate de estas acciones ilícitas.
Otra de las actividades que se ponen en entredicho por el drástico recorte es la alfabetización digital y de alfabetización mediática e informacional, lo que impactará negativamente en el cierre de la brecha digital.
En ese sentido, “el IFT hace un respetuoso llamado a que se considere la asignación adicional de recursos durante el ejercicio fiscal 2025 que le permitan atender y cumplir sus tareas sustantivas, y cumplir con lo previsto en la reforma constitucional aprobada en términos de respetar los derechos laborales de su personal, mientras el Instituto continúe en funciones y el capital humano sea transferido a los nuevos entes gubernamentales que asumirán sus funciones”.
C$T-GM
