El próximo gobierno de México, que quedará definido a partir del 2 de junio con los resultados del proceso electoral, “tendrá la oportunidad de atacar las principales barreras actuales hacia la expansión de la digitalización”, siempre y cuando defina reglas claras de política pública “para aprovechar el potencial de la transformación digital y beneficiar así a la sociedad mexicana en su conjunto”, trabajo donde la industria móvil puede ser una aliada estratégica, adelantó la GSMA.
“El futuro digital no es un destino garantizado, es un futuro que se construye con decisiones consistentes”, tomando en cuenta que en el mercado mexicano persisten asimetrías regulatorias, impositivas, así como la ya conocida problemática de los altos costos por el uso del espectro”, señala el documento “El camino hacia un México digital y conectado”.
En su análisis sobre lo que enfrenta la próxima administración pública que tomará posesión a partir del 1 de octubre, la GSMA aborda cuatro puntos esenciales: las políticas sobre el espectro radioeléctrico; la infraestructura digital; la simplificación normativa y la conectividad significativa, donde presenta un diagnóstico y hace algunas recomendaciones.
Así, en materia de espectro, advierte que de mantenerse la tendencia actual, el costo de las frecuencias limitaría la sostenibilidad de las inversiones y el bienestar de los consumidores mexicanos, pues las devoluciones de este recurso tan sólo el año pasado “representaron una pérdida de ingresos de 4 mil 904 millones de pesos para el Estado”, mientras la proyección en 20 años significaría una cifra de 45 mil 927 millones de pesos en pérdidas.
De ahí la recomendación de “alinear el costo del espectro con las condiciones del mercado Una reducción en los derechos anuales de alrededor del 50 por ciento, podría haber acelerado la cobertura 4G para 5 millones de mexicanos, aumentado la velocidad de descarga de datos en 30 por ciento”.
Sobre la infraestructura digital, la organización global que representa a los operadores móviles y entidades del ecosistema móvil e industrias complementarias, advierte que se debe definir una Agenda Digital que conduzca a México hacia el futuro como vehículo para la digitalización.
“Una agenda digital consistente con objetivos de expansión, deberá centrarse en los siguientes elementos: alcance intersectorial y a todos los niveles de gobierno, consulta con el sector privado, certidumbre jurídica, visión de futuro con flexibilidad para incorporar nuevos elementos e inclusión de la cadena de valor de internet como un todo”.
En este tema, las recomendaciones se centran en “crear una agenda digital federal a largo plazo, centrada en fortalecer la certidumbre jurídica; promover el diálogo constante con el sector privado, a través de consultas públicas; impulsar la llegada a todos los niveles de la administración pública de las decisiones sobre la agenda digital para armonizar la concreción de la conectividad; y contar con una institucionalidad dotada de autonomía e independencia para tomar decisiones rápidas e informadas, alineadas con el ritmo de avance de la tecnología”.
En el tema de simplificación normativa, según la GSMA es importante entender cómo funcionan las redes para desarrollar políticas públicas que mejoren la conectividad y beneficien a la ciudadanía.
“Políticas con visión de corto plazo, intervencionistas, meramente recaudatorias, sin consulta con autoridades sectoriales y expertos, corren el riesgo de afectar negativamente la sostenibilidad de la industria”. Esto, a su vez, “podría reducir su capacidad de inversión para ofrecer más y mejores servicios a los ciudadanos”.
De ahí que en este tema se recomiende fomentar incentivos de eficiencia para el sector privado inversiones y revisar las políticas existentes para simplificar la regulación y fomentar la expansión de los servicios.
En cuanto a conectividad significativa, el documento advierte que “la próxima administración tendrá la oportunidad de atacar las principales barreras actuales hacia la expansión de la digitalización”, tomando decisiones que incentiven la demanda para cerrar la brecha de uso y promover la inclusión digital.
Por eso, “las políticas que la próxima administración implemente para promover habilidades digitales entre la ciudadanía e incentivar la demanda serán fundamentales para cerrar la brecha digital. Si el acceso a las TIC y a internet es considerado un derecho constitucional, es incompatible que al mismo tiempo pague impuestos como un servicio de lujo y haya obstáculos normativos para la expansión de la adopción”.
Por eso se recomienda eliminar el IEPS, medida que, de acuerdo con un estudio de Deloitte, encargado por GSMA, tendría el potencial de sumar 1.5 millones de nuevas conexiones al sistema y aportar 4 mil 500 millones de dólares al PIB.
También se recomienda crear incentivos para los programas de inclusión digital del sector privado y habilitar esquemas flexibles en los que todos los participantes del ecosistema digital puedan contribuir de manera equitativa (fairshare) al despliegue de infraestructura.
C$T-GM
