En América Latina, donde las tecnologías y los servicios móviles generan más del 7.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es esencial contar con políticas públicas visionarias, en particular con respecto al espectro, pues los altos precios que los operadores enfrentan para acceder a este recurso son una barrera permanente al bienestar y al futuro digital de la región.
“El espectro caro está provocando que millones de personas no puedan acceder a servicios de banda ancha móvil o experimenten una calidad de red reducida. Los altos precios no se explican exclusivamente por factores de oferta y demanda; algunos gobiernos priorizan metas recaudatorias, con claras repercusiones para la industria y los usuarios”, asegura la GSMA.
Para muestra, un botón.
En el reporte “La Economía Móvil en América Latina 2022”, la asociación refiere que si en México el costo del espectro hubiera estado alineado con el promedio global, 5 millones más de personas hubieran tenido cobertura 4G en el segundo trimestre de 2021, y las descargas de datos habrían sido 30 por ciento más rápidas en mayo 2022.
Con costos de espectro en el promedio de América Latina, Ecuador hubiera alcanzado un año antes la cobertura 4G del 80 por ciento, y los usuarios ecuatorianos hubiesen podido contar con velocidades de descarga 40 por ciento más rápidas en 2020.
Para el caso de Colombia, la GSMA detalla que con precios de espectro en la media de América Latina, la cobertura 4G de este país podría haber pasado de 71 a 76 por ciento de la población para fines del 2019, alcanzando a 2 millones adicionales de potenciales usuarios. Más aún: Los consumidores colombianos se hubieran beneficiado con velocidades de descarga aproximadamente 40 por ciento más rápidas.
“La pandemia hizo que aumentara el perfil y la conciencia política de las ventajas de la digitalización. Sin embargo, a medida que cada vez más actividades se trasladan a Internet, las poblaciones desconectadas se ven en un mayor riesgo de ser excluidas de servicios que podrían mejorar sus vidas”.
Por ello, desde la perspectiva de la GSMA, es importante acelerar el proceso para lograr el acceso universal a la conectividad y así impulsar la inclusión social, la recuperación económica y la resiliencia ante crisis en el futuro.
Es así que el documento plantea que para poder aprovechar al máximo el potencial de la conectividad móvil se necesitan políticas que apoyen las inversiones en redes y mejoren la asequibilidad de los servicios digitales para el consumidor.
Y es que el desafío se muestra en su justa dimensión cuando se observan los datos que aporta la propia GSMA en materia de brechas de conectividad: A nivel regional, 4.0 por ciento de la población no tiene ningún tipo de cobertura móvil (brecha de oferta), y 36 por ciento de las personas no utilizan internet móvil a pesar de tener cobertura disponible (brecha de uso).
En opinión de Alejandro Adamowicz, director de Tecnología y Estrategia para América Latina de la GSMA, el bienestar y el futuro digital de la región están ligados a tres condiciones irrefutables: costos del espectro, facilidades para el despliegue de infraestructura y predicibilidad a largo plazo.
“Las condiciones razonables y estables para la inversión tienen que ver con los precios del espectro pero también con permisos y la facilitación para el despliegue de infraestructura, que tiene su propia complejidad porque el espectro está en la cabeza de una autoridad, lo del despliegue no, es decir, en México como en varios países de la región, cada municipio, provincia o estado tiene su normativa”.
Esto exige ver las múltiples barreras que enfrentan los operadores para hacer realidad sus planes de inversión, planeación, despliegue y operación de redes que permitan ofrecer servicios de telecomunicaciones de calidad y asequibles.
“El operador tiene que presentar en una provincia o municipio la documentación para atender la burocracia de tipo A, y en la provincia vecina enfrentarse a la burocracia de tipo B. Esto tiene un impacto muy fuerte en la planificación y eso muchas veces no se ve. Es como cuando las empresas hablan de los costos ocultos, aquí tenemos los problemas ocultos”.
Desde la perspectiva de Alejandro Adamowicz, la inevitable masificación de las conexiones de 5G, que elevará el número de personas y cosas conectadas, una mayor automatización de los procesos productivos y la digitalización de diversos servicios, es fundamental colocar los incentivos adecuados en términos de certeza jurídica y reglas del juego claras a largo plazo para fomentar las inversiones que se requieren.
C$T-GM
