El crecimiento de cientos de pequeños operadores de telecomunicaciones que “llevan conectividad a los rincones olvidados de México”, está frenado por la discrecionalidad y la falta de certeza jurídica, sostuvo Jimena Ferráez Ramos, presidenta de la Cámara de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones (Capot).
“Los procesos regulatorios opacos, como las licitaciones de espectro con altos costos, no están diseñados para nosotros, desalentando inversión e innovación. Esta inseguridad jurídica amenaza nuestra supervivencia y el impacto social que generamos”, expuso en el segundo día de los conversatorios sobre el dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado de la República.
Ante integrantes de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, Ferráez Ramos dijo que en México existen cientos de micro, pequeñas y medianas empresas que conocen de cerca la problemática de conectividad por ser los operadores más próximos a los usuarios, y por ello, la exigencia de un estatus legal en la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión que reconozca su rol como agentes de transformación social.
Dijo que estos operadores no solo llevan conectividad a los rincones olvidados de México, sino que cambian vidas, cierran brechas digitales y construyen un futuro inclusivo, pues se trata de empresas comerciales con un impacto social profundo.
“Conectamos comunidades marginadas, generamos empleo local y empoderamos a mujeres, jóvenes y pueblos originarios mucho antes de que la ley reconociera las redes sociales. Entidades como CFE, TIT y Altan no igualan nuestra calidad, nivel de servicio ni proximidad. Vivimos donde operamos, conocemos cada comunidad, pero no podemos hacerlo solos”.
Por ello, es imperativo que el gobierno y los operadores de proximidad trabajen en conjunto para lograr una conectividad verdaderamente significativa, que transforme vidas y “no que cumpla metas burocráticas”.
La presidenta de Capot presentó algunas propuestas puntuales como definir a los pequeños operadores en el artículo tercero de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que el Senado analiza.
“Exigimos una definición clara que nos identifique como empresas comerciales y de impacto social. Esta definición debe ir acompañada de un marco normativo específico en la ley que elimine la discrecionalidad de nuestra regulación, estableciendo criterios objetivos para nuestra identificación y operación”.
Asimismo, consideró fundamental crear un entorno habilitante con políticas públicas robustas, para lo cual la propuesta es establecer en la ley un comité de pequeños operadores de telecomunicaciones que diseñe regulaciones específicas, elimine barreras burocráticas y garantice acceso a financiamiento y tecnología.
Este comité, dijo, debe ser un espacio de colaboración entre el gobierno y los operadores de proximidad, con poder vinculante para emitir lineamientos que promuevan facultamiento.
Además, señaló como un punto clave que la ley incluya un capítulo dedicado a la simplificación administrativa con plazos definidos y procesos transparentes.
Como un tercer punto habló de la importancia de garantizar la inclusión de los pequeños operadores en proyectos de conectividad social, y para ello, el artículo tercero que aborda la cobertura social debe obligar a que este tipo de jugadores participen en el diseño, implementación y ejecución de estas líneas de acción.
De hecho, dijo, la ley debe establecer cuotas mínimas de participación para pequeños operadores en proyectos de conectividad social, con mecanismos de monitoreo para garantizar su cumplimiento, eliminando decisiones arbitrarias como, por ejemplo, la sanción que se prevé en el artículo 266, apartado B, inciso 2, por no cumplir las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión o autorización, incluyendo las obligaciones de cobertura social que imponga la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Ferráez Ramos también señaló el acceso equitativo al espectro radioeléctrico y cómo los artículos 56 y 57 de la iniciativa de ley que analiza el Senado reservan concesiones de espectro comercial solo para entidades públicas, excluyendo a los pequeños operadores.
“Demandamos un régimen de asignación inclusivo, con criterios objetivos y transparentes, que prioricen a los pequeños operadores en zonas marginadas. Proponemos que la ley cree un fondo específico para financiar el acceso al espectro por parte de pequeños operadores, acompañado de un procedimiento estandarizado que evite la discrecionalidad en las asignaciones, asegurando nuestro crecimiento”.
La representante de los pequeños operadores de telecomunicaciones expuso la necesidad de estratificación de concesiones comerciales tal y como se prevé en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, pues la Ley Actual Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce cuatro tipos de concesiones: comerciales, privadas, públicas y sociales.
“Solo define las sociales como indígenas, comunitarias y afromexicanas. Esto es un avance, pero es insuficiente. Las concesiones comerciales, especialmente las de pequeños operadores, deben tener una estratificación de acuerdo a su tamaño. Los pequeños operadores somos sociales por naturaleza”.
Como operadores de proximidad, dijo, los pequeños operadores conocen las escuelas, clínicas y espacios públicos, fomentan la educación, el comercio local y dan voz a quienes nunca la han tenido. “Pretender que lo social y lo comercial son universos excluyentes es un error que esta ley no puede permitirse”.
“No estamos aquí solo para contar historias de comunidades transformadas. Estamos aquí para exigir una ley que combata la discrecionalidad, garantice certeza jurídica y faculte a los pequeños operadores para multiplicar su impacto. Esta es una oportunidad histórica para construir un México más conectado, justo e inclusivo. Hagan que la ley lo refleje con claridad, valentía y compromiso”.
C$T-GM
