Tras una sesión de nueve horas, en la que diputados de Morena se confrontaron con legisladores de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, por el contenido del paquete de reformas constitucionales que plantea la desaparición de órganos autónomos como el IFT, el dictamen aprobado será discutido por la nueva legislatura.
Tras anunciar la aprobación de la iniciativa en lo general y en lo particular, con 22 votos a favor y 16 en contra, Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja anunció que el dictamen pasa “a la mesa directiva para sus efectos constitucionales y legales”.
Esto es, que esa instancia lo dejará pendiente para la próxima legislatura (que inicia el 1 de septiembre) para su discusión en el Pleno y, en su caso, para que eventualmente sea aprobado por mayoría calificada (dos tercios de los legisladores) y posteriormente por al menos la mitad, más una, de las legislaturas de los estados.
Durante la sesión para evaluar el dictamen referente al paquete de iniciativas presentadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, se esgrimieron en general dos argumentos:
Por parte de Morena, que los órganos autónomos son demasiado onerosos y que favorecen intereses privados; y de parte de la oposición, que desaparecerlos significa un grave retroceso a la democracia, a la competitividad del país, la transparencia y a la calidad de la educación, además de concentrar el poder en el Ejecutivo Federal.
Discusión de reservas y el “derecho al pataleo”.
Luego de una primera votación que tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde del viernes 23 de agosto sobre la votación del dictamen en lo general, que también ganó la coalición formada por Morena, PT y PVEM con 22 votos a favor y 17 en contra, se pasó al análisis de las 57 reservas planteadas por diputados de todos los partidos (incluyendo algunos de Morena).
Para facilitar la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), sugirió agrupar las reservas por el artículo al que se refirieran, ya que en esa lista de 57 reservas, las había relativas a numerosos artículos, párrafos y fracciones tanto del propio dictamen a discusión, como de artículos constitucionales, relacionadas con el diseño que daba sustento a los órganos que ahora se pretenden desaparecer.
A lo largo de la tarde, diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, subieron uno tras otro a la tribuna del Salón Legisladores en San Lázaro, para argumentar a favor de las reservas planteadas y desmentir el supuesto del gasto excesivo y la corrupción que, según la iniciativa y los diputados de Morena, representaban los órganos autónomos y sobre la cuestionable “simplificación administrativa” que supone este regreso de las funciones que hacían los órganos autónomos al Poder Ejecutivo.
Una y otra vez, la mayoría de Morena repitió la dosis: desechar sistemáticamente todas y cada una de las reservas, después de que los legisladores de oposición subieran a argumentar a favor de sus propuestas y donde abundó el argumento de que estos siete órganos autónomos, generaron un gasto de 32 mil millones de pesos, que apenas representan el 0.05 por ciento del gasto que hasta ahora ha significado el Tren Maya de 500 mil millones de pesos, o la Refinería de Dos Bocas, con una cifra semejante.
La mayoría de Morena prácticamente no entró en debate, a pesar de algunas intervenciones fuertes como la de la diputada priista Alma Carolina Viggiano Austria, quien aseguró que entre 2018 y 2024, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), disminuyó en 40 por ciento su presupuesto.
Además, refirió, a lo largo de los últimos 10 años este órgano recolectó 180 mil millones de pesos en prestaciones, derechos y trámites; que desde que fue creado las tarifas de telefonía disminuyeron 31 por ciento y que la penetración de banda ancha fija pasó de 13 millones de hogares a 30 millones.
Morena tampoco entró en discusión cuando esta misma legisladora dijo que “el pueblo saldrá perdiendo”, porque ahora habrá la tentación de favorecer en telefonía “a un señor que es amigo del presidente; eso sí es oligarquía”, señaló.
Mientras ocurría esta sesión en la Cámara de Diputados, en el Instituto Nacional Electoral también tuvo lugar la sesión donde se asignaron diputados plurinominales en un número que la oposición considera sobrerrepresentación de Morena y sus aliados.
Al respecto, el diputado de Movimiento Ciudadano Braulio López, dijo que este hecho y lo ocurrido en Diputados, conforman un “viernes negro” para la democracia, mientras el legislador del PAN, Miguel Humberto Rodarte, señaló que a lo largo de su vida, el IFT produjo 45 pesos por cada peso que se le invirtió, lo que demuestra que no resultó oneroso en absoluto.
Poco antes de concluir la larga presentación de reservas que se desecharon sistemáticamente, el diputado de Morena, Marco Rosendo Medina, presentó una reserva que consistió, básicamente, en eliminar de la iniciativa presidencial una mención al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Públicas –que se había “colado” en la iniciativa del 5 de febrero—para sustituirlo por Instituto Nacional Electoral, lo cual abrió un paréntesis de discusión donde sí participaron los morenistas y la oposición.
Incluso, el propio diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión, intervino en esta parte del debate (casi al concluir la sesión), para aclarar que las funciones del INAI, IFT, Cofece, CRE, CNH, Coneval, que se eliminan con esta iniciativa, pasarán a instituciones del Poder Ejecutivo, por lo que las actividades no dejan de realizarse, ni los derechos ciudadanos que garantizan, se quedan sin atención.
Y aclaró: “la austeridad no fue el único argumento. También es importante redistribuir las competencias para ejercer la gestión del Estado que le corresponde al Ejecutivo y que se propone que regrese al Ejecutivo. Es sólo una reasunción de competencias, no otra cosa”, aclaró.
Finalmente Miguel Rodarte, del PAN, acusó a Morena de “querer regresar a una izquierda acampanada, a la izquierda “a go gó”, de los años 70”, cuando se pensaba que México estaba asilado del mundo y les advirtió que con estas decisiones los inversionistas internacionales perderán confianza en nuestro país. “Hay cosas técnicas que no deben regresar al Ejecutivo; se está engordando de nuevo al Ejecutivo; eso no es simplificación”.
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