Muchos municipios del país siguen cometiendo excesos en la regulación del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, los cuales implican atrasos en las inversiones, corrupción e incluso negación de derechos para sus ciudadanos, como en el caso de Guadalajara, que prohíbe la instalación de antenas para prestación de estos servicios.
Durante el panel “Generando valor rutas regulatorias hacia un México más digital” del México Digital Summit 2025, representantes de empresas y organizaciones relacionadas con este segmento, denunciaron tales excesos y urgieron a que la autoridad federal contenga de una vez estos excesos y que “los municipios no se metan en la materia que no les tocan”.
Al respecto, Gonzalo Martínez Pous, director general Jurídico Regulatorio de Izzi, aseguró que desde la reforma de 2013 “se entendió mal por parte de los estados y municipios, que no entendieron que la regulación en telecomunicaciones es de carácter exclusivamente federal, como lo es la energía o las vías generales de comunicación”, pero la buena noticia es que ahora la Ley faculta a la ATDT para homologar los trámites ante estados y municipios.
En su oportunidad, Gabriel Contreras, vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Externos de AT&T México, destacó que el reto para México es enorme y está sobrediagnosticado. Se dice que México requiere inversiones por 277 mil millones de dólares y la pregunta es de dónde va a salir el dinero, cuando los capitales se mueven de manera global y para llegar a un mercado buscan rentabilidad y poco riesgo.
En ese sentido, hace falta contar con un estado de derecho que genere la confianza en las condiciones de la macroeconomía, en los tribunales y que las reglas en general se cumplen los retos y en ese sentido, la pregunta es: “¿en México las reglas se cumplen?”
A su vez, Juan Carlos Hernández, abogado corporativo y Enlace Institucional de Megacable, fue claro en señalar que “los municipios se han convertido en una barrera de entrada para la conectividad, como una actividad económica que beneficie al país “y hasta ahora, el regulador le ha dado vueltas”.
En los municipios hay una “tendencia de extorsionarnos a las empresas parejo”, aunque “los municipios no entienden que sus facultades no les dan para regular en tema de despliegue de telecomunicaciones” y a manera de ejemplo, dijo que en Zumpango “como no quisimos dar dinero, nos clausuraron la nave de operaciones”.
Eduardo Ruiz Vega, director Jurídico Regulatorio de Total Play, pidió revisar la regulación porque en lugar de “regular por regular” es conveniente dar acompañamiento a estados y municipios para evitar los excesos, pues se ha llegado al extremo de que “el municipio de Guadalajara prohibió la instalación de antenas para despliegue de 5G y con eso condenó a la segunda ciudad más importante del país a no tener ese servicio”.
Como otro ejemplo de los costos que no tienen sentido, citó al caso de Capufe, que “como los tres chiflados, no sabemos con qué lógica o por qué razón”, impuso costos excesivos para desplegar infraestructura en carreteras y sostuvo que “los ejidos también son una externalidad impresionante”, que se deben revisar para que la federación sea la que regule en todo el país.
Ana Claudina García, vicepresidenta de Infraestructura Tecnológica de Canieti en la Sede Centro Sur, aseguró que es indispensable homologar los trámites, aunque esto se tiene que hacer en consenso con la industria, pero siempre escuchando a los municipios, porque de lo contrario “va a haber problemas”.
Dijo que uno de los problemas es que los municipios no tienen cánones para hacer cobros razonables, aunque “no estamos acostumbrados a regular para fomentar las inversiones, sino que lo hacemos desde las prohibiciones”, y por lo tanto un cambio de enfoque puede ayudar mucho.
En su oportunidad, Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica, puso énfasis en la importancia de que la regulación evolucione a partir de tres criterios: competir, equilibrar y modernizar, es decir, establecer medidas para que haya alternativas para la gente; eliminar las cargas o barreras que impiden la competencia e impiden aprovechar nuevas tecnologías.
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