Reducir los derechos de espectro en todas las bandas y considerar mecanismos que permitan a los operadores intercambiar pagos anuales por obligaciones de cobertura viables, son algunas de las alternativas de política pública que permitirían acabar con la “tormenta perfecta” que formaron los altos precios de este insumo en México y cuyas consecuencias negativas ya se están viviendo.
Desde hace varios años, organizaciones como la GSMA han evidenciado cómo el costo del espectro en México está entre los más caros de América Latina, e incluso más alto que en la mayoría de los países del mundo; ello debido en gran parte a la evolución de los derechos que se tienen que pagar cada año.
Desde la perspectiva de Lucas Gallitto, director para América Latina de la GSMA, esta situación ha formado una “tormenta perfecta” en la que todos pierden: El gobierno recauda menos, los usuarios tienen una experiencia de menor calidad, y los operadores ven limitada su capacidad de innovar y mejorar sus servicios.
Las consecuencias de no cambiar el rumbo y dejar que el costo total del espectro siga creciendo, limitando la capacidad e incentivos de los operadores para mejorar los servicios y desplegar nuevas tecnologías, ya se están enfrentando e incluso pueden tener efectos aún más profundos a lo largo del tiempo.
En el reciente estudio “El impacto de los precios del espectro en México”, la GSMA advierte el impacto negativo en la inversión y el crecimiento del mercado móvil, afectando la expansión de la cobertura, el aumento de la capacidad para enfrentar incrementos de la demanda de tráfico, y el futuro desarrollo del 5G.
“Un menor costo del espectro supondría una mejora para los usuarios móviles, impulsaría el crecimiento económico y ayudaría al país a alcanzar sus objetivos de conectividad y de desarrollo sostenible”.
Al analizar el impacto de las políticas de espectro en los consumidores, la GSMA encontró que el encarecimiento de este recurso esencial para la conectividad está provocando que millones de personas no puedan acceder a servicios de banda ancha móvil o experimenten una calidad de red reducida.
En México, la situación resulta alarmante: Si el costo del espectro hubiera estado alineado con el promedio global, 5 millones más de personas en el país tendrían cobertura 4G y las descargas de datos serían 30 por ciento más rápidas.
“No siempre un valor alto de espectro asegura que se van a maximizar los ingresos de parte del gobierno. En el reporte lo que mostramos es que si se compara lo que está ingresando ahora a las arcas del Estado por concepto de espectro versus lo que ingresaban el año pasado, es menor porque hay menos espectro que se está utilizando dada la devolución por parte de uno de los operadores”.
En torno a la propuesta de apostar por una reducción de los derechos de espectro en todas las bandas, Lucas Gallito, refirió que hay países en la región que están anteponiendo la importancia de conectar a más personas por encima del interés de captar ingresos de corto plazo.
“Recientemente Panamá redujo fuertemente los precios del espectro y otros países de la región, que están sometidos a la misma presión por gastos sociales como México, están avanzando en esta vía. Ecuador es otro país que ha reducido impuestos sobre la industria; Brasil acaba de reducir el ICMS”.
Mantener el total de derechos anuales constantes en el tiempo o ajustados al crecimiento de la industria, es otra de las alternativas que la GSMA pone sobre la mesa, pues hay que recordar que mientras que en los últimos cinco años, los ingresos del sector han disminuido; los derechos anuales, han aumentado, y no siempre en relación a la inflación.
Para la asociación, el escenario actual del mercado mexicano exige realizar reformas para considerar mecanismos que permitan a los operadores intercambiar pagos de derechos anuales por obligaciones de cobertura viables.
“Este punto hace referencia a que las erogaciones no sean en dinero a través de la ley federal, sino en obligaciones de cobertura. Salvando las distancias, porque el modelo es diferente, Brasil en su subasta 5G hizo una licitación no recaudatoria”.
Y es que, en México el principal factor de encarecimiento está dado por la evolución de los cánones anuales establecidos en la Ley Federal de Derechos (LFD), pues el costo total del espectro se compone de pagos iniciales y costos por adelantado (costos financieros directos a los operadores por asignaciones y renovaciones) y tasas o cargos anuales.
Es así que mientras que a nivel regional las tasas anuales representan en promedio un 20 por ciento del costo total del espectro, en el país ese porcentaje alcanza el 85 por ciento
La alta proporción que representan los derechos anuales en relación a los pagos iniciales, sumado al hecho de ser ajustados anualmente por el Congreso, genera una incertidumbre que impacta negativamente en toda industria de capital intensivo.
“Es decir, la Ley Federal de Derechos eventualmente se puede modificar de forma unilateral y anualmente, recordemos el año pasado cuando hubo una propuesta de aumentar los derechos de la banda de 800 MHz en 30 por ciento. La incertidumbre que genera esto es una gran enemiga de las inversiones”.
En opinión de Lucas Gallito, cuando un gobierno reconoce el impacto positivo de la conectividad tiene que avanzar hacia el establecimiento de políticas públicas que permitan materializar el objetivo, y para ello, el espectro radioeléctrico debe estar en el centro de los esfuerzos digitales que conllevan bienestar social y económico.
De cara a la definición del Paquete Económico 2023, que incluye cambios a la Ley Federal de Derechos, la GSMA aportará los resultados del estudio realizado para México con el fin de seguir impulsando una conversación sobre este tema de interés público.
“Estamos compartiendo el nuevo reporte que lanzamos con los principales stakeholders que tienen potestad sobre el tema, tanto en IFT, la SICT, en la Secretaría de Hacienda tanto el subsecretario como el titular de unidad, también lo enviaremos a la Comisión de Comunicaciones del Senado y Diputados, y a la de Presupuesto de Diputados”.
C$T-GM
