Diálogo y colaboración con sector privado, pieza clave.
Contar con cobertura de banda ancha a nivel nacional es esencial para el desarrollo económico y social de un país; sin embargo, cuando la apuesta es por un modelo de inversión totalmente controlado y financiado por los gobiernos mediante empresas estatales, se corren riesgos importantes relacionados con el cumplimiento de los objetivos de cobertura, competencia e incentivos a las inversiones privadas.
“La intervención estatal en los servicios que operan en competencia debe limitarse, de lo contrario, un país corre el riesgo de desplazar o reemplazar las inversiones privadas, alterar los incentivos a la inversión comercial y, en última instancia, distorsionar la competencia”, señala el estudio “Modelos de inversión para reducir la brecha digital”.
El análisis de la firma Ovum, subraya que en el caso de la intervención pública en apoyo de las redes de banda ancha, los Estados deben garantizar que los fondos públicos se utilicen cuidadosamente, que la ayuda sea complementaria y no sustituya ni distorsione las inversiones de los operadores del mercado. Por lo tanto, la ayuda estatal para banda ancha no debe utilizarse en áreas donde los operadores del mercado planean invertir o hayan invertido.
En entrevista con ConsumoTIC, Sonia Agnese, senior analyst de la consultora, refirió que a diferencia de sectores como transporte, agua y energía, donde las inversiones en infraestructura provienen mayoritariamente del sector público, en telecomunicaciones, 80 por ciento de los recursos destinados son aportados por el sector privado.
“En cualquier iniciativa que se haga no se puede aislar a los privados, cuando se habla de telecomunicaciones, es fundamental la interconexión de las redes y el aprovechamiento de lo que ya existe. Si hay zonas donde los privados no van porque no hay posibilidad de un caso de negocio factible, es excelente que el Estado intervenga pero hay herramientas previas menos costosas antes de tomar la decisión de hacerlo por sí mismo”.
Ovum analizó los diferentes modelos de inversión que se han implementado a nivel internacional para reducir la brecha digital (empresas estatales, modelos mixtos de participación público-privada y modelos mayormente liderados por operadores privados con estímulos de inversión públicos).
“Prácticamente la mitad de la población en América no está conectada, aquí lo que pensamos es tratar de agotar lo más posible las situaciones para que los privados vayan, con subsidios indirectos, incluir obligaciones de llegar a ciertos pueblos. Se ha demostrado que la administración privada es más eficiente que la pública porque tiene diferentes tipos de intereses y muchas veces, las empresas resultan una carga para el Estado”.
Para Sonia Agnese, en países como México aún no se han agotado las posibilidades que existen antes de apostar por un modelo basado en empresas estatales que tengan el objetivo de incrementar el nivel de conectividad en el país.
“Me parece una buena iniciativa tratar de llegar a los lugares donde no se ha alcanzado la prestación de servicios, pero hacerlo por sí mismo no es necesariamente la mejor respuesta. El Estado tiene varias herramientas para hacer que puedan llegar estas inversiones a lugares que no son rentables”.
En ese sentido, un modelo mixto de inversión para reducir la brecha digital (operado por el sector privado pero financiado por el Estado o una combinación de financiamiento público/privado), es un enfoque intermedio que podría lograrse mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) o subsidios directos.
Al respecto, el estudio de Ovum destaca que los modelos de colaboración Público-Privada resuelven dos de los mayores problemas del gobierno a la hora de construir infraestructura: financiación y ejecución.
“Las APP no son perfectas. Las corporaciones privadas tampoco son perfectas y cuanto más grande es el proyecto, más difícil es mantener la política fuera de la ejecución, pero las APP son más efectivas que los proyectos puramente administrados por el sector público y tienen más probabilidades de entregar la infraestructura necesaria acorde a la especificación requerida”.
En opinión de la especialista, el diálogo y colaboración entre el sector público, el privado y la academia es una pieza clave para enfrentar los desafíos que enfrentan los países de América Latina y en todo caso revisar las recomendaciones que la OCDE realiza sobre eventuales distorsiones de mercado que puede generar la participación de empresas estatales.
“Hay mucho esfuerzo que se ha hecho en el sector privado, hay que aprovecharlo y apalancarlo, tener cuidado en cómo se usan estos recursos, lamentablemente en las empresas estatales en el mundo se han dado casos de corrupción, por ello es importante evitar la administración directa de fondos y a través de mecanismos de control puede ser algo que tenga un beneficio”.
C$T-GM
