Aunque pareciera que el interés de la industria por acelerar el despliegue de redes para proyectos de conectividad en la mayor parte del territorio mexicano no tiene eco en las autoridades locales, la realidad es que no se trata sólo de «falta de ganas», sino de cambios en trámites, regulaciones y sobre todo, de recursos económicos.
“Un tema fundamental es que los gobiernos tengan los medios económicos para poder empujar esto, porque no solamente es un tema de buena voluntad, no solamente es un tema de aspiración, no es un tema de ganas. Es un tema que se vuelve no de ganas, sino de lana”, aseveró Jorge Toledo Luis, coordinador general del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE).
En el panel “Diálogo de federalismo, infraestructura y financiación para el desarrollo digital regional” del foro MX5G, organizado por DPL Group, el especialista recordó que los estados no cuentan con una partida presupuestal que les permita impulsar proyectos de conectividad, como es el caso de Oaxaca, que 97 por ciento de sus ingresos son federales, lo que le complica que con recursos propios logre elevar la cobertura que permita ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes.
Por ello, se pronunció por una apertura programática, para que los estados y municipios puedan tener la posibilidad de generar inversiones, un tema en el que ya se han preparado algunas propuestas, pues es imperativo ir cerrando la brecha entre “los que van muy arriba y los que están muy abajo”.
“Hemos presentado ya algunas propuestas en ese sentido, para que cada municipio o cada estado con la autonomía que tenga pueda tomar la decisión, si necesita arreglar la carretera o empujar recursos compartidos de coinversión, para tener condiciones y generar el tema de conectividad”.
En el mismo sentido se expresó Netzer Díaz, Director del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), quien refirió que a nivel nacional existen 2 mil 458 municipios, con condiciones totalmente diferentes, ante lo cual es fundamental analizar cómo la infraestructura de telecomunicaciones actual y futura como 5G, puede llegar a las zonas que más lo necesitan.
El especialista habló del desconocimiento que prevalece en algunas zonas ante nuevas tecnologías como 5G, que incluso han provocado que diversos sectores sientan temor por la presencia de infraestructura relacionada con esta opción de conectividad.
“Hablamos desde (la perspectiva de) las autoridades locales, desde la parte pública, pero también hay una gran complejidad social y lo escuchamos al principio de la pandemia en el número de especulaciones, que se deben contrarrestar con información para que el mensaje adecuado llegue a cada uno de los sectores que estamos atendiendo”.
Por otro lado, recalcó que a nivel local se puede tener poco margen para echar a andar los planes de desarrollo municipal, que cambian con base a la interacción con los ciudadanos, así como desconocimiento de las facultades que tienen las propias autoridades.
“La planeación que se realiza en los municipios es variada y cambiante no más allá de una semana; estamos yendo en días. Hay condiciones que en los planes de desarrollo municipal cambian a través de la interacción con la sociedad… Conocer las expectativas de la población, por supuesto que lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Nos regulamos? Claro. ¿Tomamos en cuenta mucha de esta regulación nacional?. Sí, pero hay todavía un desconocimiento de nuestras autoridades de saber si nosotros como gobiernos locales determinamos la altura o la posición de alguna antena”.
Recordó que a nivel local, las autoridades estatales o municipales regulan el desarrollo urbano buscando las condiciones óptimas de la sociedad, y es ahí donde se tiene que dar un paso adelante para avanzar en una hoja de ruta en la que trabajen en colaboración la industria, gobierno y la sociedad misma.
A su vez, Sóstenes Díaz, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), señaló algunas recomendaciones con base en dos investigaciones con base en el artículo 94 de la Ley de Competencia Económica, y las problemáticas observadas en materia de competencia y libre concurrencia para la provisión del servicio de Internet de Banda Ancha Fija.
Una de ellas, expuso, es que cuando un agente económico pretenda instalar infraestructura pasiva en vía pública no se tenga que pedir el visto bueno de otro agente que ya tenga instalada la propia.
“Estamos pidiendo también dentro de esta recomendación que el marco jurídico entre los distintos municipios sea homogéneo… que la infraestructura de telecomunicaciones sea compatible con cualquier uso de suelo… que trámites asociados a instalación e infraestructura se puedan llevar a cabo de manera electrónica, en una ventanilla electrónica”.
Ana Claudina García, Directora Legal y de Asuntos Públicos de American Tower en México, aseveró que el principal reto de la conectividad está en las autoridades locales, quienes tienen la oportunidad de homologar trámites para el despliegue de infraestructura a nivel estatal y reducir los tiempos para otorgar los permisos y licencias.
“El principal reto y gran oportunidad está en los gobiernos locales; son sólo ellos los que desde su trinchera estatal o municipal pueden activar mecanismos para facilitar ese despliegue tanto en zonas urbanas como rurales, pero especialmente en estas últimas, ya que son las que presentan una brecha digital de acceso mayor”, aseveró.
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