No son pocos los análisis económicos que admiten tener una visión limitada sobre el verdadero alcance y duración del impacto de la pandemia del Covid-19 en la economía doméstica, criterio que por desgracia se comparte en distintos países del mercado global, lo que complica las expectativas del gobierno sobre la reactivación económica y afecta también los planes de negocio y de inversión de las empresas, la dosis de incertidumbre aún es elevada.
De nueva cuenta prevalece la disyuntiva entre obtener más recursos a través de mecanismos impositivos o darle un respiro a las unidades del sector productivo a través de incentivos fiscales y propiciar la llegada de flujos frescos de inversión que se conviertan en el motor de la recuperación productiva, discusión que como cada año llega a la cancha del Poder Legislativo.
El encuentro virtual “Análisis de los Criterios Generales de Política Económica 2021 y reformas a la Ley Federal de Derechos”, organizado por el Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República, será el espacio donde inicie el debate anual de dónde poner los pesos, con la diferencia de que este año México enfrenta una de sus peores etapas económicas, y con la necesidad de establecer para 2021 un presupuesto que sea el fiel de la balanza entre las necesidades del gasto público y los incentivos fiscales que le apremian al sector productivo nacional.
Para el sector de las telecomunicaciones la discusión legislativa de la Ley de Derechos 2021, será clave para definir la intención de las inversiones que podrían destinar frente a la cercana Licitación IFT-10 de espectro radioeléctrico, la cual eventualmente podría iniciar en noviembre próximo y otras que exigirá la llegada de nuevas tecnologías como la tan anunciada 5G.
Es importante considerar que la propuesta de modificaciones a la Ley de Derechos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sido poco menos que bien recibida, pues desde por lo menos hace dos años, la industria desde un solo frente, -unión que solo puede provocar una política impositiva-, ha solicitado la revisión a la baja de los precios del espectro radioeléctrico, asegurando que estos se encuentran por arriba de lo observado en el mercado internacional.
En este contexto, en diciembre de 2018, el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó el “Estudio sobre la Valuación de y Determinación de Derechos para Bandas IMT en México”, en el cual se admitía que en México los precios por el uso, explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico se encontraban por encima de niveles registrados en el mercado internacional, algo que contraviene a lo justificado en la reciente iniciativa hacendaria para el 2021.
En el estudio presentado se argumenta que toda política pública debería crear los incentivos para garantizar el uso técnico, económico y eficiente del espectro, además del obligado fomento a la inversión para el despliegue de nuevas tecnologías móviles.
Entre otros objetivos también figura que los nuevos flujos de capital ejercidos y que los precios cobrados por los operadores a los consumidores no se vean afectados; así como garantizar procesos de licitación transparentes, objetivos, equitativos sin visos de discriminación, elementos mínimos y cruciales que la industria ahora espera que el poder legislativo, defina de la mejor manera, pero sobre todo considerando el poco propicio clima económico que enfrenta México.
La eventual modificación y adición de los derechos anuales para el espectro celular (IMT) establecidos en los artículos 244, 224-A, 244-B y 244-E, integrados en la Ley Federal de Derechos elaborada desde 2016, deberá ser debidamente evaluada por el Pder Legislativo, teniendo en cuanta que se trata de una propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pero que el análisis y aprobación corre por cuenta del Congreso, son ellos los que tendrán la última palabra.
C$T-EVP
