El próximo 1 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados someterá a discusión y, en su caso, aprobación el dictamen sobre la iniciativa que propone extinguir al IFT, y en su lugar, colocar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) como la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, será en la vigésima séptima reunión plenaria de dicha comisión, agendada a partir de las 11:00 horas, cuando se analice el documento que plantea cómo el Ejecutivo, a través de la SICT, atendería los diversos asuntos regulatorios que hoy están en manos del IFT.
El documento precisa que la eventual extinción del órgano regulador autónomo creado en 2013 a raíz de una profunda reforma constitucional, no viola las obligaciones de México establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC.
Ello, toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, pues las disposiciones constitucionales como las legales mantienen la prohibición de los monopolios, de las prácticas monopólicas, y pugnan por la libre competencia y concurrencia; salvas las restricciones constitucionales establecidas.
El dictamen propuesto por la Comisión de Puntos Constitucionales señala que el Ejecutivo Federal, a través de la SICT, será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que ejercerá en forma exclusiva las facultades en la materia, y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia.
“Corresponde al Ejecutivo Federal a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones”.
El documento muestra en la siguiente tabla el organismo público autónomo objeto de la iniciativa (el cual se propone extinguir); en la segunda, los artículos que se proponen modificar, y en la tercera columna, la dependencia objeto de la iniciativa que asumiría las funciones de los organismos que, en su caso, se extinguirían.
En los artículos Segundo y Cuarto transitorios del decreto propuesto, se señala que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de un año a partir de la entrada en vigor para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a este.
Es así que “los comisionados del IFT, que a la entrada en vigor continúen en su encargo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación a que aluden los artículos Segundo y Cuarto transitorios, respectivamente, salvo aquellos cuya vigencia de su nombramiento concluya previamente”.
El artículo Tercero transitorio destaca que las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos como el IFT, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable.
En febrero pasado, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, presentó al Legislativo un paquete de iniciativas entre las que se encuentra una que propone la modificación de diversos artículos de la Constitución en materia de simplificación orgánica.
En ese documento, el Ejecutivo sostiene que la creación de estos organismos no ha implicado un verdadero proceso de descentralización, sino de desconcentración administrativa, al transferir algunas funciones administrativas o técnicas a niveles más bajos de administración, pero manteniendo el poder de decisión a nivel central.
“Asimismo, no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino que han garantizado intereses privados, pues incluso, en varios casos el objetivo de los organismos fue para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social”.
En este contexto, refiere que desde su creación y hasta 2024, se les ha asignado en su conjunto a los organismos autónomos como el IFT, Cofece, INAI, CNH y CRE, que se pretende extinguir, la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos y, en la mayoría, se ha presentado un incremento anual en su presupuesto.
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