Necesario eliminar procesos burocráticos.
Si bien la cobertura de banda ancha móvil crece con base en el esfuerzo de inversión de los operadores, la normatividad relacionada con el despliegue de infraestructura en América Latina suele presentar inconsistencias y contradicciones que se transforman en restricciones para ampliar y desarrollar redes que permitan alcanzar a toda la población.
En el reporte Adopción Digital en Latinoamérica: El rol del despliegue de infraestructura y otras políticas en la región, 5G Americas subraya la necesidad de un trabajo conjunto entre las autoridades del Estado y la industria de las telecomunicaciones al momento de pensar las normas para el despliegue de infraestructura.
«Un trabajo colaborativo es necesario para que estas reglas sean coherentes y atiendan las necesidades de todos los involucrados”, detalló José Otero, director de 5G Americas para América Latina y el Caribe.
El documento, que describe la normativa vigente en lo que refiere al tendido de infraestructura en mercados como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Costa Rica y Ecuador, señala que existen casos donde la normativa municipal no coincide con las exigencias legales nacionales o provinciales.
Al respecto, Otero refiere que debido a los procesos de conformación de los Estados latinoamericanos, las administraciones locales o municipales cuentan con reglas propias que son disímiles a las nacionales, situación que aumenta las trabas al momento de desplegar las redes y vuelve los procesos burocráticos lentos y, en ocasiones llegan a instancias judiciales.
Las dificultades para desplegar infraestructura se presentan como un escollo para los habitantes que día a día consumen mayor cantidad de banda ancha móvil en un contexto en donde distintos organismos avizoran un aumento en el consumo de datos producto de la madurez LTE, creciente adopción de Internet de la Cosas (IoT), el desarrollo de IMT-2020 o 5G, y las denominadas celdas pequeñas (small cells).
En ese sentido, es fundamental un trabajo conjunto entre gobiernos y operadores para conseguir soluciones, mejorar las prácticas en lo que refiere al despliegue de infraestructura a partir de un consenso.
Asimismo, señala el documento, existe la necesidad de que en cada país existan reglas de alcance común, sustentadas en procedimientos definidos de manera clara, precisa y estandarizada; así como la definición de plazos acotados, definidos y que consideren la aceptación automática (como el denominado “silencio administrativo positivo”).
El uso compartido de infraestructura es una práctica fundamental para el desarrollo de servicios de telecomunicaciones y al respecto el estudio de 5G Americas sugiere que se promulguen los acuerdos voluntarios en condiciones recíprocas, donde se considere la voluntad de las partes y la libertad contractual.
Asimismo se remarca la importancia de que este tipo de acuerdos se enmarquen en la factibilidad técnica, económica, operativa y legal, se sugiere que en lo posible se evite la intervención de las autoridades regulatorias.
“El esfuerzo conjunto de los sectores público y privado serán necesarios para que se pueda alcanzar la adopción digital en América Latina. Este trabajo debe estar enmarcado en una política de Estado con legislaciones claras, que incentiven la inversión y se reconozca a las telecomunicaciones como un eje primordial en la evolución económica y social”, apuntó Otero.
C$T-GM
