Factor clave para reducir la brecha digital.
Las constantes barreras que enfrentan los operadores de telecomunicaciones para el despliegue oportuno y efectivo de infraestructura, exige una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal como un camino para que gobiernos de estados y municipios tengan la posibilidad de cobrar de manera legítima y legal por permisos y autorizaciones, aseguró Gabriel Contreras, presidente del IFT.
«Una de las cosas que podrían explorarse es precisamente la coordinación fiscal para que los municipios tengan la posiblidad de cobrar un derecho legítimamente por el despliegue de esta infraestructura, que sea transparente, homogéneo y que se aplique igual en el territorio nacional para que los operadores no tengan que estar viendo con qué presidente municipal quedan bien para poder llevar su infraestructura y beneficiar a los usuarios».
Al participar en el foro ¿Ganamos o perdemos los consumidores con la Reforma de Telecomunicaciones?, el funcionario explicó que en la actualidad los municipios y los estados no están facultados para cobrar cualquier tipo de impuesto porque están sujetos a la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, es un elemento que bien podría revisarse con el fin de delinear los incentivos necesarios para el despliegue de infraestructura.
«Se trata de favorecer el despliegue de infraetructura, no estoy hablando de un problema que sea privativo de las telecomunicaciones, sino de las redes energéticas que también requieren despligue, incluso las del agua potable, todo el despliegue de redes es en beneficio de los usuarios, no se debe perder de vista eso».
Ante la imposibilidad legal de cobrar por el otorgamiento de licencias, derechos de permanencia o de uso de vía pública, los gobiernos locales enfrentan a los operadores de telecomunicaciones a una serie de barreras y prácticas que desincentivan el despliegue de infraestructura clave para ofrecer servicios como la telefonía móvil y la banda ancha.
«Es un problema que se encuentra sobrediagnosticado, recordemos que en el informe que emitió la OCDE de la reforma de telecomunicaciones de 2013 se señaló que el despliegue de infraestructura a nivel local era u problema, muchas veces a cambio de dádivas, hay que decirlo como es, a veces porque les pedían directamente dinero, claramente es un algo que no hemos podido superar».
En ese sentido, habría que revisar lo que les cuesta a los operadores no entrar a un mercado porque no se los permiten o por poder ingresar cuando hay otro operador; ante ello, lo ideal sería que todo fuera transparente y ordenado pero sobre todo, legal.
En esta problemática, añadió, el papel del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es realizar, a través de la Autoridad Investigadora (AI) y con base en sus facultades como autoridad en competencia económica, las indagaciones necesarias para determinar la posible existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia en el despliegue de infraestructura.
En ese sentido, en febrero pasado la AI inició de oficio investigaciones en el Estado de México y en el estado de Guanajuato, por considerar que existen elementos que hacen suponer que no hay condiciones de competencia efectiva en el mercado de servicios de telecomunicaciones fijas, particularmente en el despliegue de infraestructura de redes.
«Una investigación en materia de competencia económica implica el estudio de un gran andamiaje de cuestiones de competencia, tiene que ver no sólo con barreras, sino con el entendimiento de los mercados específicamente hablando, productos sustitutos, productos relacionados, condiciones geográficas, condiciones temporales, integraciones verticales y horizontales».
Para Contreras Saldívar, el reto que tiene México como país es asegurar que existan las condiciones necesarias para el despliegue de infraestructura, pues es uno de los caminos que tiene para reducir la aún marcada brecha digital.
El funcionario dijo que si bien la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene entre sus facultades en la materia emitir recomendaciones a nivel local, es necesario ir más allá y hacer que las autoridades locales entiendan la importancia de permitir el despliegue de infraestructura.
«Sería importante tomar en cuenta los incentivos, no bastará una recomendación, necesitaríamos asegurarnos que los presidentes municipales y que los gobiernos estatales sepan lo importante que es el despliegue de esta infraestructura para que la aproveche su población».
C$T-GM