Hace algunos ayeres, frente a la queja de un funcionario de la entonces Secofi sobre el elevado nivel de especulación que se había desatado en los medios en torno a un tema sensible para la institución, un agudo periodista replicaba a ese subsecretario que lamentablemente eso resultaba ante la nula información que el gobierno en turno ofrecía. Transcurridas varias décadas, es lamentable que el mal de la desinformación además de vigente, hoy sea viral en diversas dependencias de la actual administración.
Mal de muchos, nunca ha sido consuelo de…. y menos bajo condiciones económicas complejas, donde es urgente contar con información sobre las estrategias que el gobierno instrumenta para entrar en una fase de recuperación y crecimiento, y aún más importante, cuando industrias como las telecomunicaciones reciben señales tributarias contrarias al respaldo que requieren como pieza estratégica, tanto en la coyuntura actual, como en la transformación digital que la pandemia ya detonó en muchos segmentos productivos.
En el sector de telecomunicaciones prevalece la desinformación sobre temas cruciales, en momentos que la industria requiere certeza para saber si el país marcha en la dirección correcta y sobre la viabilidad de invertir en proyectos de gran envergadura, como es el despliegue de infraestructura necesaria para alcanzar cobertura universal en materia de conectividad y afianzar el futuro de nuevas redes.
El gran número de procedimientos, permisos y requisitos que exigen Estados y Municipios para la instalación de nueva infraestructura, es un asunto sin resolver desde el sexenio pasado. Las enormes diferencias entre las reglas escritas y no escritas en esas esferas de gobierno, así como la corrupción para la obtención de derechos de vía se han convertido en un fuerte lastre para alentar el desarrollo de estos proyectos.
Estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) hablan también cómo la complejidad regulatoria “crea incertidumbre jurídica y, en consecuencia, retrasa los procesos que son necesarios para una mayor cobertura y capacidad en los servicios de telecomunicaciones, algo que es de vital importancia en la economía digital”, a lo que se deben sumar las denuncias de la industria sobre los atracos y destrozos que enfrentan al realizar algunos trabajos de despliegue de infraestructura.
También sería oportuno conocer cuál es el impacto que tuvo modificar el despliegue de cobertura y servicios de la Red Compartida, para alinear los objetivos de “cobertura social” que decidió establecer el actual gobierno, al definir una política pública “de ir primero por los pueblos desconectados”.
Salvo el incremento en el presupuesto para el 2021, mantiene un estado similar de desinformación, el proyecto de CFE Telecomunicaciones Internet para Todos y qué decir de la Oficina de Estrategia Digital Nacional de la cual, al viejo estilo que prevaleció durante la gestión de la hoy legisladora, Alejandra Lagunes, se desconocen los alcances de esta institución.
Estos son algunos ejemplos de la desinformación que prevalece en los asuntos urgentes de la industria de las telecomunicaciones y de lo oportuno que sería la presencia de los responsables de cada proyecto para actualizar a la sociedad sobre los avances y alcances logrados en este sector donde son abundantes los análisis que señalan a esta industria como estratégica en el proceso de reactivación y futuro crecimiento productivo.
Bajo este escenario resulta inexplicable que se deje viva la especulación que prevalece desde la segunda semana del pasado mes de agosto, sobre el futuro de Salma Jalife Villalón, pues aunque al notificar la eliminación de la plaza de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, (sin fecha precisa) se aseguró que “continuaría trabajando en los proyectos y programas en favor de los mexicanos”, la presencia recurrente del Subsecretario de Transportes, Carlos Morán en foros de telecomunicaciones ha puesto en duda la continuidad de la funcionaria, llegando hablarse incluso, de su eventual renuncia.
C$T-EVP
