Con la aprobación del dictamen por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se materializó una serie de modificaciones que fueron motivo de polémica durante los conversatorios en el Senado de la República, pero hay una en especial que por su trascendencia en el bienestar de las personas consumidoras en México, no debe pasar de noche: el desbloqueo de celulares.
En la sesión sabatina realizada como parte del periodo extraordinario habilitado en el Congreso de la Unión, el senador Ricardo Sheffield Padilla habló de la necesidad de modificar el artículo 185, para establecer como un derecho de las personas consumidoras que les sean entregados desbloqueados los equipos terminales móviles adquiridos, tanto en pospago como en prepago, en los términos que establezca la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Además, propuso modificar del documento analizado el Artículo 273 para dar paso a unos Lineamientos que la CTR emita, marcando un paso fundamental para un país donde al primer trimestre del año se contabilizaron más de 153 millones de líneas activas, de acuerdo con datos de la consultora The CIU.
“Estoy pidiendo que tomen en cuenta una pequeña mejora, porque quiero evitar que el día de mañana nos salgan carísimos los celulares. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mexicanas y mexicanos no podemos ir a comprar de contado un celular. Lo compramos a crédito y los mismos proveedores de servicio nos lo ofrecen a un precio muy bajo, porque no hacen negocio con los celulares”.
El legislador advirtió que de no aprobarse esta reserva, México estaría corriendo el riesgo de que “64 por ciento de las y los consumidores de los servicios de telecomunicaciones, que están acostumbrados a renovar su equipo con la misma empresa, la empresa ya no lo va a poder hacer, porque al estar desbloqueado, pues se va con todo y celular. ¿Y quién lo va a pagar? ¡Se entiende!”
El senador de Morena, recordó su paso como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a lo largo de cinco años, en los que cuidó a las y los consumidores de México, “para que nadie se pase de rosca con nosotros, sobre todo para que los grandes conglomerados no abusen de nosotros”.
Por su parte, el legislador Javier Corral, quien estuvo a cargo de coordinar y moderar los conversatorios que el Senado de la República organizó para escuchar a la academia, a la sociedad civil a la industria de diferentes ámbitos del ecosistema digital, se dijo convencido que se tras este proceso entregará al país una mejor Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dando prueba de la importancia de escuchar al otro y sin prejuicio de revisar el trabajo ante inquietudes legítimas.
Subrayó que el nuevo marco legal para los sectores de las telecomunicaciones son resultado de la voluntad política de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también de las 89 voces ciudadanas que participaron en los cinco conversatorios convocados
Esta ley considera el Internet como el más grande derecho habilitador y por ello se establece que el Estado pueda por primera vez brindar servicios de telecomunicaciones a través de una empresa pública y contribuir así en la provisión de este servicio y también de telefonía. Se modifica la participación del Estado en concesiones de uso comercial para que no haya espacio de interpretación de violación al T-MEC.
Asimismo, se impone que el Estado compita en igualdad de condiciones y se asegure el principio de neutralidad de la competencia. “La empresa estatal prestará servicios a precios asequibles en zonas donde los operadores no llegan y proveerá internet gratuito en sitios públicos a lo largo del territorio”.
Conscientes que “nada puede ser más contrario a la censura que expandir internet”, Javier Corral recordó la eliminación de este dictamen de todas las expresiones directas o indirectas que podían ser interpretadas como mecanismos de censura previa.
“Se eliminaron todos los artículos de la versión anterior que fueron señalados en la polémica y con el fin de promover la compartición de infraestructura y el aprovechamiento de los bienes del Estado, cualquier concesionario podrá instalar infraestructura en bienes del Estado para desplegar redes públicas de telecomunicaciones y de radiodifusión”.
En materia de telecomunicaciones, refirió que la interconexión que únicamente podría o podía ocurrir por razones políticas y no técnicas entre concesionarios comerciales y no con operadores sociales y públicos, desaparece.
“Ahora será una obligación conectar a todos esos usos y esto incrementará la cobertura y mejorará los servicios. La ley abre el espectro para pequeños operadores que jamás lo hubieran imaginado como radioaficionados para actividades de investigación en industria de mercado”.
Además, los nuevos procesos incluyen medidas para aumentar la competencia como la priorización de nuevos participantes, la imposición de límites a la concentración del espectro y la incorporación de incentivos para ampliar la participación.
Uno de ellos incorpora disposiciones que permiten establecer obligaciones específicas vinculadas a la cobertura territorial y la calidad de los servicios lo que evidencia el compromiso estatal de cerrar brechas digitales históricas y garantizar que la conectividad llegue a zonas marginadas donde la desigualdad digital perpetúa otras formas de exclusión social.
“Se establece por ello un nuevo sistema de contribuciones para disminuir el costo del espectro porque el dictamen propone que los operadores privados tengan acceso a descuentos en el pago de espectro a cambio de llevar conectividad en carreteras y caminos y zonas prioritarias por el nivel de aislamiento o de marginación.
Se posibilitan descuentos o exenciones para pequeños operadores también para facilitar su participación en el sector y llegar a comunidades apartadas. Con este este instrumento, subrayó el senador, se buscan establecer las bases de las políticas en comunicaciones y radiodifusión en el país.
Otro cambio fundamental es la la homologación para el despliegue de infraestructura, que establece criterios para su soterramiento, fija reglas para el acceso a ésta, así como la comunicación vía satélite.
Dijo que la mayor transformación al documento consiste en la configuración de una nueva autoridad de reguladora a partir de un órgano colegiado con independencia técnica de gestión y operación como la máxima autoridad para resolver sobre concesiones de espectro y regulación de servicios de internet, radio, televisión y satélites.
Con ello, se ponderará la deliberación técnica y no política, y se establece que otra autoridad, la Agencia Nacional Antimonopolios se encargue de determinar al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT) e imponer la regulación asimétrica sin afectar a los usuarios finales.
Puntualizó que otro gran cambio es la eliminación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil que se planteaba en el proyecto original, por lo que con esta ley las personas sólo se identificarán ante el operador de telecomunicaciones, “no ante el gobierno”.
“Y (esto) sólo al comprar un chip a fin de garantizar que cada línea esté asociada a una persona. A su vez, se atienden y protegen los derechos de los consumidores de servicios de telecomunicaciones, poniendo fin al abuso de los operadores, quienes sin consentimiento de sus usuarios se permitían cambiar de modalidad o plan a su conveniencia”.
En materia de radiodifusión, destacó que la ley impulsa como, ninguna otra legislación, a los medios sin fines de lucro sociales, comunitarios, indígenas y afromexicanos atajando fenómenos de simulación y también dándoles una viabilidad financiera y económica que equilibre el modelo mercantil y comercial que ha imperado por largas décadas.
Además, destacó que la incorporación de nuevos mecanismos de financiamiento a los medios sin fines de lucro porque esta apertura de posibilidades les brindará opciones para una sostenibilidad financiera sin desorientar sus fines.
Así, se incorpora la venta de publicidad de productos, bienes o servicios locales hasta el 3.0 por ciento del tiempo total de transmisión.
“Ahora podrán recibir recursos provenientes de entidades públicas para la generación de contenidos programáticos distintos a la comercialización y se establece que los entes públicos federales designen anualmente, asignen anualmente entre el 1.0 y el 10 por ciento del monto destinado en sus respectivos presupuestos para servicios de comunicación social y publicidad”.
C$T-GM
