Mantener las inversiones al tiempo que se asegura la sostenibilidad financiera, en un contexto complejo marcado por ingresos promedio por usuario en descenso y altos costos de espectro, son algunos de los desafíos que enfrentarán los operadores de telecomunicaciones en el mercado mexicano a lo largo de este 2025.
Desde la perspectiva de Maryleana Méndez, secretaria general de ASIET, el sector telecomunicaciones, -base para la transformación digital efectiva e inclusiva en México y América Latina-, vivirá estos retos a la par de ciclos entre una y otra tecnología cada vez más cortos.
“Esta situación, requiere de garantizar seguridad jurídica, mejora normativa y regulatoria, reducción de los costos de espectro, disminución de los trámites burocráticos e impuestos al despliegue de infraestructura, y esquemas innovadores para asegurar la conectividad que México precisa para un futuro digital con todos conectados”.
Y es que de acuerdo con la Ley de Derechos que estará vigente en 2025, los precios del espectro radioeléctrico no observarán un cambio sustancial, lo que significa que México seguirá estando entre los países más caros de la región.
“Esto es algo que va a seguir impactando negativamente en la conectividad, el desarrollo social y económico, y en la mejora de la calidad de vida de la población”, sostuvo la representante de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).
Además, mantener altos costos por el uso del espectro desincentiva la inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones, limitando la expansión de la infraestructura y el acceso a tecnologías más avanzadas, como 5G añadió la especialista.
En su opinión, esto no solo perpetúa la brecha digital en las zonas rurales y marginadas, sino que también afecta la competitividad de México en el contexto global, dificultando su capacidad para atraer inversiones en sectores estratégicos que dependen de una conectividad robusta y asequible.
“En un panorama donde otros países de la región están ajustando sus políticas para fomentar la inclusión digital y la innovación tecnológica, esta decisión puede colocar a México en desventaja, ralentizando su transición hacia una economía digital plenamente integrada y sostenible”.
Frente al proceso de cambio en el marco constitucional, regulatorio e institucional resultado del Plan C presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y retomado por el nuevo gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, Maryleana Méndez destacó la importancia de que el diseño de las políticas públicas partan de una agenda digital transversal a todos los niveles de gobierno y tengan como pilar la colaboración público-privada.
“Esto será determinante para acelerar el cierre de la brecha digital y de la conectividad en el país”.
En cuanto a la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que inicia operaciones este año, la especialista dijo que es fundamental que las leyes secundarias que se emitirán garanticen la independencia y neutralidad de esta nueva dependencia.
“Es importante que en las leyes secundarias que se emitan quede garantizada su independencia y neutralidad con respecto a las decisiones o medidas regulatorias hacia los operadores privados y el operador público de telecomunicaciones CFE TEIT”.
Al recordar cómo un aspecto clave en la agenda de este gobierno es abordar de manera integral temas como ciberseguridad, el uso de nuevas tecnologías, el desarrollo de capacidades y habilidades digitales, así como la iniciativa de mejora y simplificación regulatoria, a través de ventanillas únicas.
señaló como un principal desafìo:
“El reto que vemos es que esta nueva Agencia va a tener que integrar un equipo técnico que asuma las responsabilidades asignadas, lo cual puede llevar tiempo por la complejidad de los temas y la regulación instalada para el sector”, señaló Maryleana Méndez.
El nuevo andamiaje institucional y regulatorio tendrá importantes implicaciones en materia de competencia económica con la división de las funciones que hasta hoy tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y que serán trasladadas a un nuevo ente al mando de la Secretaría de Economía (SE), tras la extinción del regulador.
“Esto podría tener implicaciones sobre todo en materia de política de competencia en el sector, ya que la configuración del mercado está cambiando. Además de los tres principales operadores de telecomunicaciones, se destaca una mayor participación de OMV y el operador público, entre otras múltiples empresas. La nueva agencia debe ser muy cuidadosa en cuanto a asegurar un piso parejo para la participación de todos estos actores en el mercado”.
C$T-GM
