Aunque desde hace nueve años, el acceso al servicio de banda ancha e internet es un derecho constitucional, la distribución en el acceso, uso e impacto de las TIC sigue siendo desigual; un fenómeno que se ha agudizado por la ausencia de políticas públicas destinadas a reducir la brecha digital y al “círculo vicioso” que involucra altos precios del espectro radioeléctrico que fomentan el fortalecimiento de una especie de “monopolio disfrazado”.
En este escenario, legisladores como Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, están poniendo manos a la obra, pues desde abril pasado se presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 6 constitucional; además, la próxima semana colocará el tema en la palestra nacional con la realización de un foro enfocado a analizar el cómo sí de la conectividad.
Y es que el texto vigente del artículo 6 señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), incluyendo el servicio de banda ancha e internet y que establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, pero no menciona la obligación de ofrecer conectividad o de establecer políticas públicas destinadas a la reducción de la brecha digital.
Es por ello, que el diputado considera relevante abrir la conversación sobre cómo mejorar la capacidad de conexión para millones de personas que no han podido alcanzar los beneficios que ofrece la tecnología y que cada día se ven más rezagados por no ejercer con un derecho que incluso está en rango constitucional.
“La Constitución sí garantiza el derecho a las TIC pero no asegura que a través de las políticas públicas se garantice este derecho. Este es el marco general que queremos abordar en un foro que vamos a realizar el próximo 13 de julio para escuchar y poner en el diálogo nacional cómo la conectividad ayuda a reducir la pobreza y a elevar la movilidad social, económica y educativa”.
En el encuentro, que se realizará en formato virtual el próximo miércoles 13 de julio a partir de las 10:00 horas, participarán Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Sóstenes Díaz, comisionado del IFT; Carlos Lerma, director general de Altán Redes y Gabriela Ramos, sub directora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO.
Asimismo, estarán presentes Verena Weber, jefa de la Unidad de Política de Infraestructuras y Servicios de Comunicaciones de la OCDE; Daniel Ríos Villa, vicepresidente de Telecomunicaciones de Canieti; Irene Levy, presidenta de Observatel, así como legisladores de diversas bancadas.
El legislador explicó que un tema necesario de abordar es cómo el país puede salir del “círculo vicioso” que se está generando con el encarecimiento del espectro radioeléctrico, por lo que la presencia de la autoridad hacendaria, es una pieza clave en la conversación.
“Lo que tenemos que hacer es salir del círculo vicioso que se está dando con el encarecimiento del espectro, es un tema que se pondrá en la mesa y que posiblemente el subsecretario Yorio estará en disposición de que la Secretaría de Hacienda sepa que esto no es un tema sólo de ingresos para la federación, sino que es un tema de calidad de vida, de desarrollo y combate a la pobreza y a la desigualdad”.
Desde su perspectiva, es fundamental que las autoridades hacendarias observen lo importante que es el acceso a internet por parte de la población y lo riesgoso que es que en México tengamos un “monopolio disfrazado”.
“Si los derechos del espectro siguen siendo inaccesibles y caros, aunque tengamos infraestructura llegando al último rincón del país, el servicio no va a ser accesible económicamente hablando para las familias mexicanas”.
De acuerdo con datos de la recién publicada Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2021 había 88.6 millones de personas usuarias de internet; sin embargo, esa cantidad apenas representa un incremento de 4.1 puntos porcentuales con relación al nivel de 2020, pues se pasó de una penetración de 71.5 a una de 75.6 por ciento de la población.
“Si bien es cierto que el crecimiento en el número de internautas es poco, es un avance; lo que no queremos es que eso se convierta en retroceso para la encuesta del próximo año. Necesitamos que haya la suficiente oferta en materia de internet, de tecnología desplegada a lo largo del país y las suficientes herramientas, pero sobre todo que haya precios accesibles”.
En opinión del legislador, hace mucho que el acceso a internet dejó de ser un lujo, una realidad que dejó claro el confinamiento obligado por la pandemia y que demostró que este servicio es tan vital como el agua, la luz y todo aquél que garantice una mejor calidad de vida.
“Si estamos en un camino fast track hacia el mundo virtual, qué estamos esperando para tener en el país una oferta lo suficientemente extensa, democrática y sostenible atendiendo las necesidades del país y acorde al ingreso promedio de las familias”.
En un país donde se subsidia a la población jóven y a los adultos mayores con recursos mensuales, la pregunta clave es por qué no se cuenta con una política pública enfocada a impulsar la oferta de servicios de internet, precios accesibles a la realidad social y un equilibrio en el mercado.
“Al paso que vamos, si seguimos sosteniendo desde el gobierno federal un cobro de derechos inaccesible con el cual pudiéramos generar un monopolio, al rato tendremos la infraestructura instalada que se quiera e incluso llegando al último rincón del país, pero no va a ser accesible económicamente hablando para las familias mexicanas”.
Entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han señalado que de no garantizarse un acceso digital generalizado se corre el riesgo de acentuar la desigualdad y entorpecer los esfuerzos emprendidos por los países para salir fortalecidos de la pandemia.
“Los desafíos están desde hace mucho tiempo y creo que los tenemos que enfrentar con una política pública en materia de conectividad eslabonada, no hay vuelta atrás, tenemos que empujar esto porque está directamente relacionado con el avance económico del país y con el avance de la calidad de vida de la personas”.
C$T-GM
