El reto para establecer una legislación eficiente en materia de convergencia digital no es técnico, sino democrático. Se trata de colocar la protección de los derechos humanos de la ciudadanía al centro y lograr una buena gobernanza del espacio público del siglo XXI, con respeto a los principios constitucionales.
Durante el foro “Reforma de telecomunicaciones: desafíos y oportunidades”, convocado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, expertos de diversas instituciones coincidieron en la necesidad de crear una legislación flexible, que promueva la democracia, preserve los derechos y propicie la innovación.
Elena Estavillo, directora del Centro i para la Sociedad del Futuro, destacó que la aparición de las plataformas y redes sociales, que dieron voz a quienes no tenían acceso a los medios de comunicación tradicionales, han venido a cambiar el panorama, pero no los derechos de las personas.
“No podemos aplicar marcos viejos a fenómenos nuevos”, señaló, por el contrario se debe llegar a una legislación moderna, con reglas claras de convivencia democrática, donde no se permitan los abusos a los derechos, como ocurren en las plataformas donde abundan el acoso, la intolerancia y el linchamiento.
Establecer políticas públicas que no respondan al pánico pero que tampoco renuncien a proteger a las personas; hay que combatir la violencia y el odio, promover la innovación con responsabilidad, fortalecer la alfabetización digital y, en general, crear una política pública que proteja los derechos fundamentales porque eso da claridad. “Los derechos deben ser el faro”.
En su oportunidad, Fabiola Peña Ahumada, gerente para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), organismo que aglutina a las principales empresas tecnológicas y plataformas digitales del mundo, coincidió en que la legislación tiene como punto central proteger los derechos y promover la democracia.
Sin embargo, advirtió que con la propuesta de ley que ha circulado hasta ahora y cuya autoría nadie ha reclamado, se presentan algunos riesgos como la posibilidad de cancelar las plataformas, a partir de la idea de que abusan de los derechos de los usuarios, lo cual consideró falso.
De hecho, las plataformas que no tienen su sede legal en México, sí están sujetas a las leyes de privacidad, de protección al consumidor, fiscales, de derechos de autor, de comercio electrónico e incluso a los tratados comerciales internacionales de los que México es parte, por lo cual “sí están reguladas”.
Manifestó que crear el llamado “Fondo Solidario” para las plataformas de streaming como se propone en ese documento no oficial de iniciativa de ley que tampoco ha llegado al Congreso, podría entenderse como un “impuesto encubierto” que disminuye la seguridad jurídica y desalienta la innovación y la competencia.
Más aún, las definiciones de plataforma digital que se proponen podrían afectar a las Pymes, porque 66 por ciento de ellas usan anuncios digitales; 99 por ciento usan por lo menos una herramienta digital; 93 por ciento suben publicaciones a Meta y, con la definición propuesta, por ese sólo hecho, las Pymes se verían afectadas con pagos extras por el uso de estas herramientas.
A nombre de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Jorge Bravo Torres destacó que la certidumbre jurídica debe prevalecer en términos de convergencia digital, para conectar, innovar, transformar, crecer, llevar prosperidad digital y entregar bienestar a la ciudadanía.
Aumentar la conectividad y garantizar una verdadera convergencia digital para México permitiría democratizar los servicios porque la tecnología es un gran habilitador de derechos que permite la educación, la salud, el trabajo, el acceso a servicios financieros y hasta el entretenimiento por eso es importante eliminar barreras al despliegue.
Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom y quien participó por videoconferencia desde Uruguay, sugirió que el tema se aborde con una perspectiva de derechos, porque tanto en la vida física como en la digital, se deben garantizar los derechos humanos.
Es imprescindible, dijo, atender las asimetrías regulatorias, y no limitarse la regulación sólo al internet, porque eso sería un error. “La regulación de los servicios comparables no debe tener en cuenta la tecnología, sino los derechos de los ciudadanos, que existen en línea y fuera de línea”.
Aseguró que “no hay que inventar lo que ya está inventado” Los derechos existen y lo importante es cómo el Estado mexicano asegura que esos derechos se aplican sin dejar de proteger, sino más bien encontrando mecanismos nuevos, que aseguran la protección a los usuarios y el límite al abuso de los privados.
Pese a la decisión de desaparecer al IFT, el especialista recordó que los estándares internacionales recomiendan a los estados democráticos tener autoridades independientes para imponer medidas regulatorias y hacerlas cumplir, a través del equilibrio en la regulación asimétrica con medidas proporcionales y democráticas, sin eliminar la regulación de los medios tradicionales, ni establecer una regulación excesiva, ni la autorregulación como única respuesta.
C$T-EVP
