Competencia y preponderancia no son tareas únicas del regulador.
La vicecoordinadora de proceso legislativo de la Cámara de Diputados, Eloísa Talavera Hernández, indicó que una eventual ratificación del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras Saldívar, para un segundo período de cuatro años, deberá ser minuciosamente evaluada, pues aún y cuando se tienen resultados positivos en materia de preponderancia y competencia, la defensa de los Derechos de Audiencias ha tenido un rumbo distinto.
En la Constitución se establecieron plenas facultades al órgano regulador para aplicar resoluciones y defender los Derechos de las Audiencias, éstas no se han ejercido al 100 por ciento. Lo que se ha visto en la gestión de Contreras Saldívar en este tema es un debilitamiento del órgano regulador, en una parte central de la reforma de Telecomunicaciones que significó mucho esfuerzo construir”, subrayó la diputada panista.
Asentó que la función del IFT no sólo se limita a regular y promover la competencia, sino garantizar el derecho de las audiencias a acceder a contenidos de calidad tal y como se establece en los Lineamientos que ahora se quieren socavar con una contrarreforma a lo ya aprobado y establecido en la Constitución.
El IFT no puede actuar buscando quedar bien con nadie y menos con quienes no quieren perder los beneficios de la publicidad engañosa argumentado defender el derecho a la libertad de expresión”.
Talavera Hernández enfatizó que la contrarreforma aprobada por el pleno camaral a finales de abril, deberá ser analizada y ratificada por el Senado de la República, lo que significará vulnerar el derecho de la sociedad a estar informada objetivamente y ceder a los intereses de los concesionarios quienes podrán autorregularse y elegir a su propio arbitrio, quien definirá lo que es opinión y lo que es información.
Los derechos de las audiencias están claramente establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales y precisamente por ello la urgencia de aprobar la contrarreforma antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva las controversias constitucionales cuyo fallo deberá ser, por principio, en defensa del interés ciudadano”, puntualizó.
Mencionó que efectivamente el pasado 20 de mayo el Senado de la República acordó ratificar por adelantado a Alejandra Palacios como presidenta de la Cofece por un segundo período de cuatro años, debido a su buen desempeño en pro de regular el mercado y promover la libre competencia.
Sin embargo, subrayó, para el caso del presidente del IFT se tienen resultados positivos en temas como la preponderancia, competencia y mejores servicios y tarifas, más no en el ejercicio pleno de las facultades del órgano regulador para la defensa de las audiencias “lo que obliga a una evaluación minuciosa de su gestión antes de proponer su ratificación”.
Los Lineamientos sobre los Derechos de las Audiencias fueron publicados por el IFT a finales de enero pasado, pero inmediatamente tanto el Ejecutivo Federal como el Senado de la República presentaron controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar se vulneran los derechos de libertad de expresión; el órgano regulador en vez de defender jurídicamente sus facultades, optó por posponer su entrada en vigor para el 16 de agosto de este año.
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