Otorgar bandas de espectro radioeléctrico para uso comercial, por asignación sin licitación ni contraprestaciones a dependencias públicas, implica dar un trato preferencial, no justificado y violatorio de la neutralidad de competencia que debe regir la actuación estatal y que está protegida por la Constitución y el T-MEC, advirtieron especialistas.
En el segundo día de los conversatorios sobre el dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado de la República y bajo el título “Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico”, diversas voces cuestionaron la adjudicación directa de espectro a empresas del Estado mexicano.
Inclusive, a preguntas expresas de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños y del PVEM, Luis Armando Melgar, Rolando Guevara Martínez, representante legal de la Asociación Mexicana de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones y Gonzalo Rojón, socio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), dejaron claro que los artículos 56, 57 y 58 de la Ley, no se justifican de ninguna manera en la Constitución y sí violan el T-MEC.
“Asignar espectro (radioeléctrico) a dependencias públicas sin licitación, abre la puerta al uso discrecional de recursos, afectando la transparencia y legalidad en su aprovechamiento”, advirtió Felipe Fitzsimons Cabrera, gerente de Políticas Públicas para América Latina de GSMA.
Explicó que el otorgamiento directo de espectro planteado en la Ley, implica tres cosas: distorsionar la competencia porque crea condiciones artificiales; desincentivar la inversión privada, porque reduce la certidumbre jurídica; y peor aún, la gratuidad de recursos para este recurso finito y escaso, “no garantiza un despliegue eficaz”.
Por el contrario, dijo, “la evidencia internacional demuestra que los procesos abiertos son más efectivos para el despliegue” y prueba de ello son los procesos exitosos que han tenido Brasil o Chile, que han seguido procesos de competencia por el espectro más eficientes.
Al responder los cuestionamientos de los legisladores, Rolando Guevara Martínez, respondió de manera directa a la pregunta del priísta Manuel Añorve Baños en el sentido de “¿cómo justificar constitucionalmente que el estado acceda a concesiones?”, a lo cual el especialista aclaró: no se justifica, porque “desde la reforma del 2013, quedó claro que la licitación de espectro sólo es para uso comercial y la asignación directa es sólo para cobertura social”.
Y si bien definió que en el sector de las telecomunicaciones y en particular del lado de los pequeños operadores hay ánimo de colaborar, en esta “nueva era de colaboración”, es necesario retomar las consultas públicas que forman parte de las mejores prácticas internacionales y que son fundamentales, pues “cómo se va a regular si no se escucha”, cuestionó.
A su vez, Gonzalo Rojón, de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), aseguró que no hay justificación a permitir que el Estado cuente con asignación directa de bandas de uso comercial, porque eso equivale a “cambiar las reglas de juego cuando el juego ya está echado a andar, viola los compromisos internacionales de México y alejan a nuestros socios comerciales”.
Reconoció que hay 40 millones de personas en México sin acceso a internet que el gobierno tiene que conectar sí, “pero hay que hacerlo con concesiones públicas; si el gobierno quiere participar, que lo haga, pero con piso parejo”, porque de otro modo “no hay justificación” a que cuente con asignación directa de espectro para uso comercial.
Y dejó claro que esta posibilidad, sí viola el T-MEC, porque se está dando trato preferencial al Estado, cuando el documento dice que ninguna de las partes puede participar en los mercados con trato preferencial.
Antonio Diaz Hernández, vicepresidente adjunto de Asuntos Regulatorios de AT&T México, aclaró: “el otorgamiento de bandas para uso comercial por asignación directa a dependencias públicas, sin licitación ni contraprestaciones, implica dar un trato preferencial, no justificado al propio Estado y que es violatorio de la neutralidad de la competencia que debe regir a la actuación estatal y que está protegido por la Constitución y el T-MEC”.
De mantenerse así (tal como está considerado en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión cuya revisión al dictamen generó estos conversatorios), “sería una violación a la Constitución y al T-MEC que establece que las empresas del Estado deben competir en igualdad de condiciones con los privados”.
Y si bien es cierto que persisten problemas de cobertura y asequibilidad en muchas partes, sobre todo en el ámbito rural, “se pretende atender el problema de muy buena fe, pero intentando generar competencia en una forma contraria al marco jurídico, con impacto negativo para la inversión”.
Aclaró que nada impide que el Estado preste servicios para fines sociales, pero debe hacerlo con un esquema que no dañe la competencia. “Es más, el Estado puede y debe complementar los servicios, pero debe hacerlo con un modelo que cumpla con la Constitución y los tratados internacionales”.
En su oportunidad, Elizabeth Peña Jáuregui, vicepresidenta de Relaciones con Gobierno e Industria para América Latina y el Caribe de Ericsson, sostuvo que se deben hacer ajustes inmediatos a las leyes para que el espectro deje de ser un bien excesivamente caro, como lo es hoy.
Además, demandó que se elimine el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los servicios de telecomunicaciones, porque se le da un tratamiento como si fuera un lujo, cuando ya es una necesidad habilitadora de derechos humanos.
Ante la presencia de dos funcionarios de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, quienes fueron a exponer las partes del trabajo que les corresponden, el senador del PAN, Gustavo Sánchez Vázquez, demando explícitamente al coordinador de los conversatorios y a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, que citen formalmente al titular de la ATDT, José Peña Merino.
“Quiero pedirle a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, que se le envíe por oficio invitación a José Peña Merino, titular de la ATDT para estar presente en los conversatorios para tener su visión de todo lo que se dice aquí”, demandó.
Al final de la segunda sesión de los conversatorios, el senador Javier Corral, reiteró la disposición del Poder Legislativo por escuchar a los expertos para llegar a una Ley que cumpla con las necesidades del país, aunque –eso sí—dentro del esquema constitucional que descartó ya a los organismos autónomos, incluido el IFT.
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