089 una alternativa técnicamente viable.
La tarea de concretar la base de datos que albergaría el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que propone la iniciativa legislativa que se analiza en el Senado de la República, enfrenta una “complejidad mayúscula” en términos técnicos, financieros y operativos, identifica el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Identificamos una complejidad mayúscula en la concreción de la base de datos que albergaría este padrón de usuarios. Se requiere la adopción de mecanismos confiables y seguros para el resguardo de la información. Hay que partir de la premisa de que sería incluso más grande que la del INE que tiene alrededor de 90 millones de personas empadronadas”, precisó Rafael Eslava.
El tamaño de la base de datos, expuso el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del órgano regulador, no es el único elemento que haría especial esta herramienta, sino también el tipo de información sensible que resguardaría: biométricos, datos personales, direcciones de domicilio, entre otros.
En la actualidad, refirió en entrevista con ConsumoTIC, existen en México más de 122 millones de líneas telefónicas móviles, mismas que tendrían que integrarse a este registro que, de acuerdo con el documento que se encuentra en el Senado, tiene el objetivo de reducir el número de delitos como la extorsión que se cometen a través de dispositivos como los celulares.
“Es una base de datos que si bien sería utilizada en un trabajo coordinado con las autoridades de procuración de justicia cuando haya la comisión de un delito, debe tener niveles de seguridad en el manejo de la información superlativos para brindar la mayor seguridad a los ciudadanos de que sus datos sean utilizados exclusivamente para los fines que fue construido el padrón”.
Ante la pregunta de si el IFT está listo para la creación, integración y administración de esta gran base de datos que conformaría el padrón de celulares, el funcionario sostuvo que “no y estamos muy lejos de poder concretar eso”.
“En la opinión que brindamos a la Cámara de Senadores, hicimos un estudio inicial del costo que implicaría la adopción de un mecanismo. Presupuestamos más de 100 millones de pesos en el primer año para la adquisición del equipo que se estimaría necesario para llevar a cabo esta obligación que se le daría al instituto”.
Pero además, este padrón implicaría en años subsecuentes la erogación de casi 90 millones de pesos anuales; un presupuesto que no es menor si se considera que el IFT no es experto en el tratamiento de datos personales, lo que exigiría un trabajo muy coordinado con el INAI, que es la entidad encargada y especializada en datos personales.
“Es tan sensible la información que conformaría este padrón, que se requiere del trabajo coordinado de muchas autoridades que permita que los ciudadanos tengan plena certeza de que su información está debidamente resguardada y no se va a compartir bajo supuestos muy específicos y que tuvieran verdadera relación con la comisión de delitos por parte de las líneas registradas”.
Entre las diversas complejidades que el órgano regulador identifica se encuentra la relacionada con el mecanismo que se utilizaría para registrar a los usuarios de telefonía móvil, pues además de considerar la validación de la información que proporcionen, la iniciativa propone que el padrón esté conformado sólo por quienes presenten una identificación oficial.
Y es que al establecer un procedimiento específico para la contratación de servicios, como lo hace la propuesta legislativa, se da una posible contradicción entre el marco legal y el marco constitucional, pues hace más complicado el acceso a este tipo de tecnologías de la información.
“Esto generaría una ralentización de los servicios de telecomunicaciones. Al elevar la complejidad para obtener este tipo de servicios, evidentemente el dinamismo del crecimiento del sector telecomunicaciones se va a ver disminuido porque será mucho más complicado para las personas acceder a estos servicios”.
La iniciativa de creación de este padrón señala como requisito para registrarse contar con identificación oficial y comprobante de domicilio; sin embargo, en México no existe una cédula única de identidad que sea de acceso necesario y obligatorio.
Las identificaciones que se reconocen en México como oficiales son la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE); el Pasaporte, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Cédula Profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Ninguna de estos tres tipos de identificaciones es de expedición obligatoria. Quienes tienen credencial para votar son quienes quieren ejercer su derecho político a votar. El pasaporte lo tienen los ciudadanos mexicanos que viajan o planean salir del país y la Cédula Profesional, tampoco es obligatoria y tienen derecho a ella quienes concluyan estudios profesionales que la requieran”.
De estos tipos de identificaciones, la que tiene el mayor número de expediciones es la credencial del INE, con alrededor de 90 millones de mexicanos empadronados; en cuanto a pasaportes, datos de la SRE revelan que de 2012 a la fecha, se han expedido un poco más de 18 millones; sin embargo, es importante considerar que muchos de ellos ya pudieron haber pedido su vigencia.
“En cuanto a las cédulas profesionales, vemos que de 2006 a la fecha, se han emitido casi 7 millones. Por supuesto que antes de ese periodo se han emitido cédulas profesionales, pero aún así, la propia información de la SEP señala que hay en el país 15 millones de profesionistas, entonces el universo de personas que cuentan con esta identificación, se acota también”.
Estos datos muestran que no es menor el número de habitantes que no contarían con una identificación oficial que le permita registrar su línea telefónica móvil, lo cual derivaría en que podría dejar de tener el servicio; ello, aunado a que de acuerdo con datos del INEGI, de los más de 126 millones de habitantes en el país, 38.5 millones son menores de edad y no cuentan con identificación oficial.
Con relación a la propuesta que los operadores móviles han puesto sobre la mesa para usar la información proveniente de las denuncias recibidas a través del número de denuncia anónima, 089, para identificar con precisión a las líneas desde las cuales se realizan llamadas de extorsión, el funcionario dijo que como órgano técnico, el IFT ve viable esta alternativa.
“Desde el año 2016 se mandató la adopción de un único número armonizado a nivel nacional para la recepción de llamadas de emergencia, que es el 911 y en esos mismos lineamientos el IFT identificó la necesidad de eliminar el cúmulo de marcaciones cortas o de códigos cortos para denunciar y únicamente prevaleció, a parte del 911, el 089”.
Este número, explicó, es clave en materia de seguridad pública, pues es bien sabido que gran parte de los delitos no se reportan a las autoridades por temor a que la identidad de denunciantes y víctimas sea identificada para represalias.
“En la parte técnica, vemos esta alternativa como viable. Lo mandatamos desde los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia. Efectivamente hay cuantiosas inversiones realizadas, principalmente por el gobierno federal y gobiernos estatales. El 089 trabaja al día de hoy. Lo que tenemos que hacer es realizar una campaña de difusión entre la ciudadanía para que conozca este centro de atención telefónica”.
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