Necesario aprovechar impacto positivo de las mujeres.
Una acción encaminada más allá de reformas, gobiernos y que pase del discurso a la acción, con estándares de transparencia más exigentes, revisando los procesos y estableciendo objetivos claros, puede contribuir en el combate a la corrupción, cuyo impacto económico en México, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), representa entre 5.0 y 10 por ciento del PIB.
Al dar la bienvenida al primer día del foro virtual Semana por la Integridad, en el que se abordó la situación del combate a la corrupción, los retos y propuestas, Adolfo Cuevas, presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), reconoció la situación negativa en la que se coloca México en este tema de acuerdo con estándares internacionales, y el reto de pasar de la reflexión a una acción efectiva.
“Es necesario arribar a un estadio diferente como país, sociedad, ciudadanos, como servidores donde el tema de corrupción no tenga estos visos de tolerancia, de ligereza con los que frecuentemente se le aborda”.
Cuevas Teja consideró que más allá de las grandes batallas habrá que fijarse en los pequeños detalles, de la actividad y las decisiones que como servidores públicos realizan cada día, y asumir el compromiso de combatir la corrupción para arribar a una cultura y ejercicio íntegro del servicio público.
“Fijarnos en esos detalles, como la selección de personal que no esté ligada al favoritismo, el uso moderado, austero, sensato de los recursos a nuestro alcance y la transparencia con que actuemos en cualquier proceso que implique el uso de recursos públicos, como licitaciones, y todo el cúmulo de decisiones menores y mayores nos permitirán llegar a un servicio íntegro”.
En el foro, Elena Estavillo, presidenta de la organización Conectadas MX, señaló que existen evidencias de que las empresas que tienen a mujeres en la toma de decisiones tienen un mejor desempeño en términos éticos y financieros, así como en niveles de menor corrupción.
El reto está en la igualdad de oportunidades, pues si bien existen principios de igualdad de derechos ante la ley, en la realidad en el ámbito laboral, en el acceso a oportunidades, las circunstancias son muy diferentes.
Si se quiere aprovechar el impacto positivo de las mujeres para deshacer redes y sistemas que mantienen la corrupción, “hay que aplicar los principios de igualdad de una manera seria y proactiva, activando mecanismos específicos. Hay que revisar cómo se hacen las cosas, cómo se toman las decisiones y poner objetivos concretos”.
“Pareciera que algunos factores hacen que las mujeres estemos menos expuestas a las oportunidades de corrupción, una porque la corrupción sistemática se ubica en redes establecidas sobre lazos personales y políticos a lo largo de muchos años, donde fluyen vínculos de compadrazgo entre círculos masculinos, donde las mujeres tienen muy poca cabida”, explicó.
Al exponer los retos en el tema, la diputada Aleida Alavez Ruiz, aseveró que la participación ciudadana como vigilante de las instancias y su injerencia en la toma de decisiones de la vida pública es un elemento medular para el combate a la corrupción.
También, dijo, se necesitan políticas recaudatorias enérgicas en el sector público y en la economía, y una intervención estatal “que modere las enormes desigualdades sociales en las que desemboca de manera inevitable una economía de mercado sin control alguno”.
Incluir en la Constitución a la corrupción como delito grave, que incluso amerita prisión preventiva, así como el uso de programas con fines electorales, fue un parteaguas para eliminar la “perversa relación entre autoridades y ciudadanos”.
Eduardo Bohorquez López, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana A.C., consideró que si bien como nunca antes en la historia del país la exigencia y mandato popular de enfrentar la corrupción y el discurso público del Ejecutivo federal están alineados, hay mucho trabajo para “darle la vuelta” a la corrupción.
“Las mujeres están reconceptualizando la agenda anticorrupción, no sólo desde el punitivismo, sino desde la protección de la comunidad, que tiene que ver con la integridad, tema de este evento, porque la integridad es una forma de proteger lo nuestro, lo comunitario”, destacó.
A pregunta expresa, sobre cómo educar a las personas en principios y valores que atiendan el objetivo de servir a la sociedad, Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., recalcó la importancia de la familia y del ejemplo, además de hacer justicia y combatir la impunidad.
“Lo único que disuade de actos de corrupción es hacer justicia. Tengo muy claro dónde se procura y dónde se imparte la justicia. El tema es que cuando haces un acto de corrupción todos los delitos están tipificados, no hay que cambiarlos ni reclasificarlos, simplemente hay que aplicar la ley”.
Si hay actos de corrupción, dijo, se denuncian para que se procure la justicia y se imparta; “no se puede atacar a las instituciones y derrumbarlas para empezar a crear otras”.
C$T-GM
