Aunque la controversia constitucional por parte del IFT ante la omisión del Ejecutivo Federal en proponer al Senado de la República a las candidatas a Comisionadas, es una decisión esperada desde hace tiempo, diversas voces del sector reconocen el paso dado por el órgano regulador en pro de su mandato constitucional, autonomía y fortaleza institucional.
Desde la perspectiva de Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), es posible pensar que si el IFT no había interpuesto la controversia constitucional, es porque antes agotó todos los medios políticos a su alcance.
“De lo contrario veríamos reclamos del Ejecutivo por no acercarse. Por otro lado, me ha gustado que se cierren filas por parte de todos los comisionados. La industria independiente apoya esta acción ya que es necesario garantizar la operación y existencia del IFT, de lo contrario se afectaría la competencia y a los usuarios”.
Desde la perspectiva de Michel Hernández, director general de Observatel, la decisión del IFT llega en un momento en el que desde el Ejecutivo se han hecho diversas manifestaciones sobre el proceso de selección de integrantes del Pleno del IFT.
“Con independencia de que ya ha pasado bastante tiempo desde que inició esta situación, me parece que era importantísimo que el Pleno del Instituto lo hiciera… Esta controversia viene a dar una buena respuesta por parte del Instituto al Ejecutivo que en este tema ha sido omiso desde hace varios meses en la selección de candidatas a comisionadas”.
Comentó que Observatel coincide con diversos puntos expuestos por el IFT en el comunicado en el cual anuncia su decisión de interponer la controversia constitucional, particularmente en el hecho de que la falta de integración completa del Pleno, limita el ejercicio de sus facultades constitucionales.
“En el amparo interpuesto por nosotros, también mencionamos esto pues puede llegar a limitar la función última del instituto que es garantizar derechos como el del acceso a las TIC. Era importante que llegara esta controversia, era necesario y es una buena manera de defender la autonomía del instituto”.
Para Elena Estavillo, directora general del Centro-i, el recurso que promoverá el IFT es sumamente relevante y necesario, pues al quedarse con un Pleno conformado por sólo cuatro integrantes, la omisión del Presidente está impidiendo en los hechos, que el ente regulador ejerza sus facultades constitucionales.
“Además, la paridad de género en el Pleno es un principio constitucional que tampoco se está cumpliendo y esto también es esencial para ir construyendo una autoridad más incluyente que provoque un sector que a su vez incluya. No es posible incluir desde la exclusión”.
La ex comisionada del IFT consideró también que un Pleno disminuido crea tensiones innecesarias en cuanto a la carga de trabajo y la diversidad de especialidades que exigen las responsabilidades tan amplias que tiene el instituto, lo que atenta contra su autonomía y fortaleza institucional.
Por su parte, Erick Huerta, coordinador General Adjunto de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C, consideró positivo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presente dicho recurso para avanzar en los nombramientos de los comisionados faltantes del Pleno, y aunque es “un movimiento tardío”, los comisionados cumplen con su obligación moral y legal de proteger a este órgano autónomo.
“El presidente (Ejecutivo federal) lleva dos años sin cumplir con la obligación constitucional que tiene de nombrar candidatos, hizo un nombramiento preliminar pero el Senado no aceptó a esos candidatos, pero tiene de dónde (elegir), pues las personas que están como candidatas provienen de un proceso objetivo de evaluación”.
El especialista, que formó parte del primero y segundo Consejo Consultivo del IFT, recalcó que ahora el Ejecutivo federal tiene la posibilidad de nombrar a las integrantes de este órgano, que es resultado de una lucha ciudadana frente a “poderes fácticos”, que demandaba un órgano fuerte y autónomo.
“Creo que si hay un compromiso por parte de la Presidencia de la República con la ciudadanía, con los pueblos indígenas, con los medios comunitarios, es importante que fortalezca al órgano que, con sus tropiezos quizá, ha dado esta posibilidad también a la existencia legal de los medios indígenas y comunitarios”.
Para Fernando Borjón, senior Advisor en Access Alerts e integrante del Pleno del Instituto en el periodo 2013-2016, “más vale tarde que nunca”, por lo que la controversia constitucional que el IFT promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debería servir que el máximo tribunal “salga del letargo” y resuelva ordenarle al presidente que cumpla con su obligación Constitucional.
Por su parte, Cynthia Solís, integrante del Sexto Consejo Consultivo del IFT que concluyó su periodo en julio pasado, reconoció como un gran paso que el IFT haya tomado en cuenta la recomendación de interponer la controversia constitucional para destrabar el proceso de selección de comisionados.
“Es una gran satisfacción que el Pleno haya tomado en cuenta nuestra recomendación. Es algo que ya se estaba analizando, pero es grato pensar que nuestro trabajo como consejo empujó a tomar la determinación”.
El recurso, con el que se busca que el Ejecutivo Federal “destrabe” el proceso de selección de comisionadas, es un exhorto para que cumpla con su mandato constitucional y las vacantes en el órgano regulador sean cubiertas conforme a los criterios establecidos, expuso.
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