Nueva conformación del Pleno, momento relevante.
Aunque parece disuelta la intención de desaparecer o fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el riesgo latente para este órgano autónomo se encuentra en el control presupuestal que desde el Ejecutivo se pueda dar, pues no existe la convicción del costo-beneficio que genera en términos de recaudación en favor del Estado y de su labor para garantizar un terreno de juego equilibrado.
“Ya dijo la Secretaría de Economía que esto no será así, que se queda como está porque así está en el T-MEC pero sí es preocupante la intención. El presupuesto del IFT depende del gobierno federal. Si no lo hacen no es porque no quieran ni porque estén convencidos de que el IFT es necesario, sino porque está en el T-MEC y violar ese compromiso sería muy grave”, dijo José Luis Peralta, Socio Fundador de Cierte Consulting.
El especialista explicó que debido a que el argumento que se ha esgrimido desde el Ejecutivo para plantear una reforma a organismos autónomos como el IFT, es básicamente el costo que representan; un medio de presión será sin duda el presupuesto que se le otorga cada año al regulador en telecomunicaciones y radiodifusión.
Al comparar, añadió, el presupuesto anual destinado al IFT de sólo mil 500 millones de pesos con los más de 21 mil millones de pesos que este órgano recauda en un solo semestre, resulta evidente que pretender ahorrar dinero con una reforma que implique fusionar o adelgazar al instituto, es una estrategia equivocada.
“Es importante ver lo que el IFT está recaudando y que su gasto representa sólo una fracción de lo que recauda. Desde ese punto de vista no veo un costo al país, es un trabajo que está trayendo resultados. Es cierto que quisiéramos que fueran mejores y que se pueden mejorar, pero no es un gasto que se está mandando a la basura”.
En opinión de José Luis Peralta, al carecer de un plan de conectividad y sin una estrategia en materia de transformación digital, el gobierno deja a la deriva a millones de personas que por motivos económicos, falta de habilidades digitales o de cobertura, carecen del servicio de internet y dispositivos tecnológicos.
“En este contexto se desapareció una subsecretaría, que era la encargada de la política pública de telecomunicaciones, y ahora proponen que las funciones del IFT se pasen a la SCT, y la pregunta es a dónde, porque ya no hay subsecretaría que lo vea”.
Con relación a la iniciativa legislativa, que fue turnada al Senado de la República, que busca crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), el analista dijo que resulta un contrasentido en el actual escenario, pues definitivamente el IFT requeriría mucho más recursos económicos y técnicos para poder realizar una tarea como la que se le impondría.
“Hablar de un registro de estas dimensiones es hablar de más de 100 millones de clientes, administrar una base de datos así, implica datos biométricos y seguridad, es una tarea monumental e implica más presupuesto. Pero después dicen, vamos a desaparecer el IFT. Eso es contradictorio”.
Es claro que el tema principal es la inseguridad y cómo es que se abusa de los sistemas de telecomunicaciones por parte del crimen organizado y delincuentes; ante ello, es fundamental encontrar soluciones prácticas que no vayan en contra del bienestar de los usuarios de los servicios.
Presidencia del IFT, una decisión importante.
Para el especialista, la elección de la persona que presidirá el Pleno del IFT debe darse con la presencia de las nuevas comisionadas, pues tener un órgano colegiado completo es fundamental para que todas y todos los integrantes tengan la misma oportunidad.
Un elemento clave en esta decisión, añadió, es el perfil del comisionado o comisionada que presidirá el Pleno, pues dirigir a un organismo como el IFT no sólo requiere habilidad política para cumplir con los objetivos institucionales, sino también tener y fomentar una buena comunicación y relación con sus compañeros porque tienen que trabajar en conjunto, y más aún en un escenario de presiones externas, por un lado del gobierno federal y por otro, las que ejerce la propia industria.
“Decir que haya un Pleno unido no significa que todos los comisionados deban opinar de una misma forma, sino que tengan una buena relación de respeto a la opinión de todos. Las comunicaciones que se den del Instituto hacia afuera sí deben ser consensuadas, no puede ser sólo decisión del presidente como vimos que ya pasó con la propuesta del senador Monreal”.
C$T-GM
