Al señalar que no puede haber un gobierno que vea al espectro radioeléctrico como un lujo y que no es posible suponer que las contribuciones de las telecomunicaciones van a financiar al Estado, Luz María de la Mora, integrante del Board del Centro Wilson, dijo que se debe establecer una regulación que le dé certeza a todos los participantes y garantice igualdad para permitir a México competir en el contexto internacional.
En su participación en el panel «El desafío de la sostenibilidad financiera para un futuro digital» realizado en el contexto del 10 Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD) 2023, destacó la importancia de contar con regulaciones claras y de largo alcance que le den certidumbre y claridad a todos los actores sobre el tipo de ecosistema existente.
Esto incluye a los inversionistas, el órgano regulador, los proveedores de servicios, personas consumidoras e incluso al propio Estado, y además se requiere de un marco regulatorio nacional coherente y compatible con el internacional, «para que el inversionista sepa de qué se trata».
Consideró que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su estado actual es buena e indicó que el papel del regulador (el IFT) es fundamental para crear oportunidades y garantizar mejores condiciones de competencia.
Respecto a los altos precios del espectro radioeléctrico que prevalecen en el mercado nacional, la también ex subsecretaria de comercio exterior de la Secretaría de Economía, dijo que al IFT le toca hacer entender la necesidad de alinearse con los costos internacionales, mientras que a la iniciativa privada, le toca sentarse con los legisladores para demostrarles que mantener los actuales niveles es contraproducente, incluso para la recaudación, porque desincentiva la competencia.
Durante el panel, Pau Puig Gabarró, especialista en telecomunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que en la región hace falta acelerar el paso de las inversiones para implementar la tecnología de 5G.
Se proyecta que entre 2022 y 2030, el rango de las inversiones para 5G en la región alcance los 108 mil millones de dólares; aunque esto no es suficiente para llegar a los rangos recomendados por la OCDE y se requerirían 17 mil 101 millones de dólares adicionales, es decir, 16 por ciento más de inversión, para llegar a esos niveles.
A pesar de que el tráfico de las redes crecerá 14 veces en los próximos años, se antoja difícil comprometer las inversiones, cuando los precios de los servicios de telecomunicaciones han caído un 40 por ciento.
De ahí que el BID recomienda a los gobiernos una serie de acciones agrupadas en cuatro rubros: Modernización del marco regulatorio; revisar los marcos tributarios; promover la compartición de infraestructura y buscar fuentes de financiamiento alternativo.
En el mismo panel, Víctor Carlos Sotelo, director de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) y quien fuera en otro tiempo ministro de Telecomunicaciones de España, se manifestó también por buscar coinversiones entre los competidores y el Estado para financiar las grandes inversiones que hacen falta para el despliegue de las nuevas tecnologías.
Además, dijo que en Europa se está trabajando para establecer medidas similares a nivel continental, poniendo en el centro del tema los derechos digitales de las personas usuarias.
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