Al asegurar que la iniciativa para expedir la Ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia, legaliza la vigilancia sin controles por parte del Ejército, R3D hizo un llamado al Congreso de la Unión para desechar estas propuestas y analizar el tema con una perspectiva de derechos humanos enfocada en el establecimiento de controles democráticos a la vigilancia.
“De igual manera, hacemos un llamado a la resistencia a todas las personas comprometidas con los derechos humanos para visibilizar los intentos de legalización de la vigilancia de comunicaciones practicada por el Ejército”.
En un comunicado, la organización subrayó que es necesario seguir exigiendo transparencia, rendición de cuentas y garantías de no repetición ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que implican estas prácticas intrusivas.
Detalló que aunque la iniciativa presentada por la jefa del Ejecutivo se presenta bajo el título “en materia de Guardia Nacional”, rebasa este ámbito y le da facultades de vigilancia sin controles al Ejército.
“Por ello, denunciamos enérgicamente ésta y las demás propuestas legislativas -promovidas por el Poder Ejecutivo Federal que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal”.
Y es que, apuntó, a través del artículo 29, fracciones XXI a XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública General, esta reforma propone facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para procesar y usar información para actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional, sin que existan controles o salvaguardas para acotar estas atribuciones.
Si bien la Ley de Guardia Nacional vigente no incluye salvaguardas suficientes en la realización de actividades de investigación e inteligencia, la reforma propuesta no sólo no las incorpora, sino que representa un retroceso a los controles existentes.
Por ejemplo, el artículo 9 fracción XXVI de la redacción propuesta genera confusión respecto de si la Guardia Nacional requiere autorización judicial para acceder a los datos conservados en manos de empresas de telecomunicaciones o para conocer la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real.
R3D explicó que estas reformas son parte de un paquete de iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión que configuran -de manera individual y conjunta- un panorama peligroso para los derechos humanos.
En el caso de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, se plantea la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales tanto públicas como privadas sin los controles necesarios, así como la creación de una Plataforma Nacional de Telefonía Móvil.
Por su parte, la Ley de Telecomunicaciones propone también este registro obligatorio de usuarios de telefonía y la obligación de las empresas de conservar y compartir datos, incluyendo la geolocalización en tiempo real.
Además, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real.
El incremento de las facultades de vigilancia sin control para la SEDENA y el debilitamiento de controles para la Guardia Nacional planteadas en estas reformas, así como las propuestas legislativas mencionadas son presentadas en un contexto de debilitamiento de disposiciones en materia de transparencia y datos personales.
En esencia, esta legalización de la vigilancia de comunicaciones por parte del Ejército expone gravemente la intimidad de la población y plantea importantes riesgos a la protección de datos personales y los derechos humanos.
C$T-GM
