Aunque Megacable reconoce que, ante la escasez de juzgados especializados en telecomunicaciones, se alargará la impugnación contra la resolución del IFT con la que fue declarada con poder sustancial en nueve mercados relevantes del servicio de televisión y audio restringidos, la empresa confía en que el dictamen le será favorable.
“Se dictó dos años después de peritaje, en medio de una pandemia, ya cambió todo otra vez, lo que estamos pidiendo es hacer un estudio nuevo, donde te de la realidad de lo que está pasando y volver a dictar… Creo que sí se va a tardar, pero vamos a ganar”, confió Enrique Yamuni, director general de Megacable.
En conferencia de prensa, el también presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti) manifestó su desacuerdo con que las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no se puedan suspender mientras no exista una resolución final de los juzgados.
“Es un error que hayan quitado la posibilidad de suspensiones en plazos en telecomunicaciones, te dejan en la completa indefensión, donde un juez no pueda dictar una medida cautelar, mientras se ve qué pasa… Es lo mismo que la prisión preventiva: mientras son peras o son manzanas no te puedo proteger, porque la ley dice que no te protege aunque tengas derecho. Yo creo que eso tiene que cambiar”.
En diciembre de 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en su calidad de autoridad de competencia económica en el sector, resolvió declarar la existencia de poder sustancial por parte de Megacable en nueve mercados relevantes del servicio de televisión y audio restringidos.
Estos corresponden a los municipios de San Mateo Atenco y Zinacantepec, Estado de México; León, Guanajuato; Guadalajara y Tonalá, Jalisco; Cuautlancingo, y San Pedro Cholula, Puebla; y Corregidora y El Marqués, en Querétaro, donde la resolución señala que Megacable es el líder y cuyo posicionamiento no ha sido contrarrestado por sus competidores.
Aunque el procedimiento de declarar a Megacable con poder sustancial no es sancionatorio, si hubiera algún problema de competencia que corregir, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) indica que se realice una investigación y un dictamen, que sirve al pleno del IFT para determinar si existe o no dicho poder sustancial.
La Autoridad Investigadora del órgano regulador ordenó el 15 de agosto del 2019, iniciar de oficio la investigación de la concentración realizada por el grupo Megacable y Axtel, la cual concluyó en enero del 2020, cuando también presentó su dictamen preliminar. Sin embargo, debido a la pandemia el procedimiento estuvo suspendido y se reanudó hasta agosto del 2021, y para el 29 noviembre de ese mismo año, el pleno del órgano regulador admitió la resolución.
El inicio del caso se dio a partir de que en el 2019 Megacable adquirió activos y clientes de Axtel en 16 municipios ubicados en el Estado de México, en Guanajuato, Jalisco, Puebla y Querétaro.
Cuestionado sobre el adeudo con Altán, de quien Megacable es proveedor a través de Metrocarrier, Enrique Yamuni comentó que la deuda concursal se pagará de 10 a 12 años, pero los servicios nuevos que dan a la empresa estatal se están pagando con el financiamiento al que accedió para su reestructuración.
“Les hicimos un préstamo; todo lo que se debía hasta que se declaró el concurso mercantil pasó a una deuda concursal, esa deuda concursal se va a pagar en un lapso de 10 a 12 años, y los servicios nuevos se están pagando con la aportación que hizo el gobierno y otros… Es una deuda que va a durar ahí un rato. Hay un cargo por intereses por esa deuda …Entonces, ahí vamos a seguir”.
Raymundo Fernández Pendones, director general adjunto de Megacable, reconoció que si bien se tiene un adeudo como parte del concurso mercantil, el esfuerzo para rescatar a Altán Redes, en el que todos tuvieron que aportar, se dio para sacar adelante un proyecto importante para conectividad y cobertura social.
“Sacamos algo adelante, porque la verdad es un proyecto social muy bueno, porque tiene una gran cobertura social, aportamos parte de lo que proveemos, préstamos dinero y financiamos para salir adelante. Creo que el proyecto manejado como está por Altán es un proyecto exitoso y sí, participamos”.
Altán Redes, encargada de desplegar y operar La Red Compartida -un proyecto de telecomunicaciones público-privado-, se encuentra en concurso mercantil y enfrenta compromisos de deuda con veintena de proveedores y otros socios de negocio, entre ellos Megacable.
En junio de este año, el IFT autorizó la operación de concentración que permitió a Altán acceder a un financiamiento por 161 millones de dólares de la Banca Mexicana de Desarrollo (Banobras, Nafin y Bancomext) y de 50.5 millones de dólares de diversos accionistas, a fin de garantizar la continuidad y seguridad en las operaciones y servicios.
También le otorgó a la empresa de telecomunicaciones estatal una prórroga de cuatro años para alcanzar los objetivos de cobertura, por lo que tendrá hasta el 2028, en lugar del 2024 como estaba originalmente previsto antes de que iniciara el concurso mercantil.
C$T-GM
