Necesario que IFT y SCT redoblen esfuerzos.
En México, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones está sujeto a una serie de trámites, formatos y tiempos de respuesta que varían por municipio, lo cual coloca a las empresas ante fuertes barreras para el tendido de redes que permitan elevar el nivel de conectividad en el país.
«Los desarrolladores de infraestructura para telecomunicaciones se encuentran cotidianamente con regulaciones y procedimientos administrativos diferentes por cada municipio y unas autoridades locales poco preparadas para administrar sus atribuciones», indicó el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).
En 2016, refirió, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hizo un estudio sobre las regulaciones existentes en más de 15 municipios en seis entidades del país para la instalación de infraestructura en telecomunicaciones, en el cual se detectó la existencia de 17 trámites locales necesarios para permitir la construcción de este tipo de infraestructura.
«Peor aún, los trámites varían de formato, tiempos de respuesta e incluso de oficina tramitadora por cada municipio. Además de ello, en casi todos los municipios investigados las autoridades locales parecen carecer de conocimientos básicos de su competencia en la materia».
Esta situación, dijo el IDET en un comunicado, hace que las empresas desarrolladoras de infraestructura en telecomunicaciones pierdan tiempo en aclarar la reglamentación que deben cumplir para obras tan elementales como abrir una zanja o colocar un poste.
Además, la opacidad en las reglas y la discrecionalidad en su aplicación abre la puerta al uso de permisos y licencias como herramienta para propiciar actos de corrupción y en general, ralentizar las actividades de expansión de infraestructura en el país.
En días recientes, Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expresó preocupación por este tipo de barreras al despliegue de infraestructura, la cual es compartida por el IDET pues México se encuentra aún muy lejos de contar con el nivel necesario para lograr que todos los mexicanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones en un entorno cada vez más conectado.
«Es por ello que, a efecto de facilitar el rápido despliegue de redes, las empresas del sector de telecomunicaciones deben contar con un marco regulatorio que les permita realizar las obras civiles correspondientes para el despliegue de infraestructura en el menor tiempo posible y bajo reglas claras».
El IDET refirió que existe de inicio una confusión de jurisdicciones, pues si bien el artículo 5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión indica que la obra civil para redes públicas de telecomunicaciones y radiodifusión es un tema de jurisdicción federal, la fracción V del artículo 115 constitucional dice que será de jurisdicción municipal todo aquello que tenga que ver con licencias de construcción y uso de suelo.
«En los hechos, el ámbito local define si una torre o un poste se puede instalar, así como los trámites que necesitará su construcción».
Con base en lo anterior, el IDET consideró importante que el IFT continúe analizando a profundidad las causas que inhiben un mayor crecimiento de infraestructura de telecomunicaciones en las distintas entidades federativas y municipios del país, al tiempo de iniciar también los procedimientos formales de investigación a que haya lugar para determinar y eliminar las posibles barreras a la competencia y la libre concurrencia en México».
Asimismo, añadió, resulta relevante que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) continúe implementando todo tipo de políticas públicas que coadyuven a generar un mayor despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, como es el caso de la política implementada en materia de arrendamiento de inmuebles públicos de carácter federal y local por parte de los operadores.
C$T-GM