A pesar de que la política pública en materia de telecomunicaciones en el país cuenta con bases sólidas para cumplir con su función, con un sistema de planeación y evaluación adecuados y una regulación que permite la participación de múltiples actores, “existe un grave riesgo de que los logros de cobertura puedan perderse o sean insostenibles”.
A tal conclusión arriba el documento “La política pública de conectividad en México”, elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., que evalúa básicamente el ambiente habilitante para la provisión de los servicios, cobertura, asequibilidad y a la empresa social.
En la presentación del documento, Salma Jalife, presidenta de Centro México Digital advirtió que hace falta aterrizar una metodología única para medir este tema, pues cada tres o seis años “reinventamos el hilo negro y parece que no tenemos respeto para ver lo que puede funcionar”.
Explicó que la información disponible para medir al sector de telecomunicaciones está agregada a nivel federal, “pero cuando se mide en lo estatal, es cuando se descubren brechas enormes y ni qué decir en lo local”, y por eso las autoridades deberían revisar qué políticas funcionan “porque al final, de lo que se trata es de garantizar una vida digna para todos y generar una política pública para beneficiar a la conectividad”.
Sobre el contenido del informe, Erick Huerta, coordinador de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, señaló que los hallazgos son claros: la conectividad ha avanzado, pues el número de localidades que carecen de servicios fijos y móviles a las que se considera de atención prioritaria, pasó de 5 mil 758 en 2019 a 908 en 2024 y el número de cabeceras municipales sin internet se redujo de 531 en 2019 a 31 en 2024.
No obstante, se encontraron algunas alertas: “si tenemos una cobertura muy buena, pero ese sistema de cobertura no tiene indicadores que verifiquen que efectivamente funcione, ya estamos igual que todos los sexenios anteriores: esa cobertura va a caer”.
En materia de asequibilidad, “no se justifica que se dé internet gratuito. Ya vimos que hay tarifas que son asequibles para toda la población; es mejor que esos 4 mil millones de pesos que se destinan anualmente para dar tarjetas de internet gratuito, se vayan a mejorar la infraestructura que está caída”, señaló.
Por otro lado, es mejor que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, se dedique a ofrecer servicios de mayorista y deje que los pequeños operadores sean quienes se acerquen a las comunidades porque éstos son mejores para estar directamente con la población y se eviten así riesgos de sostenibilidad a futuro.
El informe también señala que si bien la implementación de políticas de conectividad y expansión de la infraestructura es positiva, “los proyectos de cobertura y acceso a internet en sitios públicos proporcionados por el Estado, pueden generar riesgos para la privacidad y la protección de datos personales”.
Al respecto, Francia Pietrasanta, abogada de R3D, aseguró que con este estudio, las nuevas autoridades pueden “no partir de cero” y sobre todo, “como dice el informe, no perder lo ganado”, en el contexto del cambio de gobierno.
Destacó que en materia de datos personales, al momento en que se habilitan derechos en el entorno digital, también se activan riesgos y “tenemos que hablar de ellos”. Por ejemplo, en instalaciones y sitios públicos de internet, muchas veces la empresa pública CFE TEIT ofrece los servicios, pero son habilitados por el Ejército y al no conocerse con claridad los términos y condiciones, “podría haber abusos o falta de cumplimiento a la ley en materia de protección de datos personales, privacidad o ciberseguridad”.
Asimismo, al entrar un nuevo actor importante en el panorama, es decir, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para generar hardware y software, “cómo se podría ver esta situación en un contexto de vigilancia masiva o explotación masiva de datos de personas”. Ahí está un área de oportunidad importante, señaló.
El informe contiene una representación gráfica de las recomendaciones que divide en 14 subcategorías y asigna colores: verde, cuando se trata de dar continuidad a una política que ha funcionado; amarillo cuando es necesario mejorarla y rojo cuando se requiere atención inmediata.
De las 14 subcategorías seis están en verde, dos en amarillo y seis más en rojo, incluyendo entre estas últimas el Programa de Conectividad para el Bienestar, que “de continuar, debe dirigir el subsidio al usuario y no a una sola empresa”.
C$T-GM
