En la década de los 60, la instalación de miles de cabinas telefónicas transformó el paisaje de las principales ciudades del país en las que no era extraño observar filas de personas esperando su turno para realizar una llamada; hoy, esos aparatos son considerados obsoletos e inservibles, por lo que su retiro definitivo parece ser el único destino que les depara.
Y es que desde la perspectiva de la diputada Marcela Guerra Castillo, la evolución tecnológica y la creciente penetración de la telefonía móvil ha llevado a las cabinas de telefonía pública ha convertirse en depósitos de basura, pues permanecen en condiciones deplorables, que en el mejor de los casos, sólo sirven para colocar volantes publicitarios y anuncios locales.
Ante ello, es necesario que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tome cartas en el asunto, analizando las concesiones otorgadas y autorice el retiro inmediato de las casetas que han perdido el objetivo para el que, en su momento, se instalaron.
Es así que la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo por el que también se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, realice las acciones que estime necesarias, a fin de retirar las casetas telefónicas que, inservibles y obsoletas, dañan la infraestructura vial, obstaculizan la movilidad y que su recolocación presume ilegalidad.
El documento legislativo refiere que pese al notorio desuso y problemas que causan las casetas telefónicas, en el periodo 2015-2020 sólo desapareció 21 por ciento de estos aparatos; es decir, hasta 2020 se tenían registradas más de 19 mil 600 casetas, siendo la Ciudad de México, la entidad que cuenta con el mayor número.
Por concesionario, Teléfonos de México (Telmex) es la empresa que cuenta con 72 por ciento de la casetas de telefonía pública instaladas, seguida de ACE Telcom con 12.9 por ciento; Logística Industrial, con 7.6 por ciento; Maxcom 0.5 por ciento y Megacable, que cuenta con sólo 0.2 por ciento.
“Pese a lo anterior, es de señalarse que el retiro de estas casetas, según los títulos de concesión otorgados, no puede realizarse de manera unilateral por parte de las empresas de telecomunicaciones, ya que se encuentran obligadas a mantener la operación, hasta en tanto la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes autorice el retiro de las casetas, bajo la supervisión del IFT”, señala el punto de acuerdo.
Por otra parte, explica, los municipios y alcaldías viven un “verdadero calvario” para poder eliminar las casetas, ya que es en este orden de gobierno donde se emite la reglamentación para mobiliario urbano y publicidad en las calles, quedando impedidos para quitar estos elementos de las calles por estar ligados a títulos de concesión con el gobierno federal.
Como coordinadora del Grupo de Trabajo para la Implementación de la Agenda 2030 en la Cámara de Diputados, Guerra Castillo perfiló su propuesta en la necesidad de atender diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como: Salud y Bienestar, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Producción y Consumos Responsables, Acción por el Clima y Vida de Ecosistemas Terrestres.
Ello, porque se prevé obtener beneficios como disminuir la contaminación terrestre; aprovechar espacios para mejorar las calles con postes de luz, jardines o árboles; reutilizar los materiales con los que fueron realizadas las cabinas; además de prevenir la comisión de delitos e incrementar la seguridad de las personas que transitan por las calles, debido a que dichas casetas incluso sirven como escalón para acceder a robar domicilios o negocios.
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