La iniciativa de ley secundaria en materia antimonopolio presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, ofrece un disuasorio esquema de sanciones que daría buenos resultados en la medida que se garantice la existencia de una autoridad con un Pleno técnicamente solvente, como también lo propone la propuesta que ya se encuentra en la cámara baja.
“Si tenemos a personas técnicamente sólidas que hagan un análisis técnicamente correcto de las prácticas monopólicas, de las concentraciones ilícitas y de la autorización de concentraciones, los temores de la aplicación arbitraria de la ley se disminuyen. Esto tiene que estar aparejado también con quiénes van a ser los jueces que van a decidir los casos de este nuevo ente antimonopolio”, sostuvo Miguel Flores Bernés, especialista en competencia económica.
La iniciativa de Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, presentada en febrero pasado, propone aumentar hasta 50 mil veces las multas por no comparecer ante la autoridad; además de sanciones hasta 250 mil veces más altas a las empresas o grupos económicos que obstruyan investigaciones o proporcionen información falsa.
En el caso de prácticas monopólicas absolutas y concentraciones, la nueva autoridad que propone el diputado Ramírez Cuéllar podría aplicar multas de hasta 20 por ciento los ingresos del infractor, sumado a que también actualiza las sanciones de carácter penal para quien obstruya las visitas de verificación o para quien destruya documentos.
“Eso siempre preocupa a las empresas, pero también las hace que reflexionen por las razones por las cuales no deben de cometer una práctica monopólica. También hay una disminución en los umbrales de concentraciones que me parece que ese sí va a generar demasiado trabajo para la autoridad de competencia, porque van a haber muchas operaciones que van a pasar por ahí.Esa parte convendría revisarla”.
En entrevista con ConsumoTIC, el especialista también habló de la importancia de contar con un procedimiento claro para la evaluación de las personas que podrían conformar la nueva autoridad, que tal como lo plantea la iniciativa, podría llamarse Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico.
En la parte sustantiva, el documento mantiene conceptos como las prácticas monopólicas absolutas y relativas, concentraciones ilícitas y procedimientos especiales, lo que permite anticipar que no habrá un cambio abrupto en las reglas del juego; en tanto que hay incorporaciones innovadoras en materia de prácticas explotativas.
“Esas prácticas tienen que ver con los aumentos de precios que lleva a cabo un agente económico dominante. Es una disciplina no tenemos en México y tampoco en Estados Unidos se usa a nivel federal, pero sí en algunos países europeos. Entonces, sin estar a favor de que se incluya, porque me parece que tiene riesgos, es una innovación que sí amerita que se discuta. Es una cuestión de fondo que sí se está incorporando”.
Si bien en términos generales la única propuesta de ley secundaria en materia de competencia económica que se tiene hasta el momento, tiene ángulos positivos, uno de los grandes desafíos que podría enfrentar es que se trata de un nuevo marco legal en su conjunto.
“Con esta propuesta se está creando una nueva legislación y eso siempre es un riesgo, porque una vez que hay derogaciones y se abre a discusión todo el paquete completo, se puede meter mano y ahí hay más riesgo”.
Adicional a ello, está la necesidad de que exista una discusión paralela entre la ley secundaria específica para competencia económica y la que regirá en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, para asegurar que “van a cuadrar todas las piezas y que no se tenga que aprobar algo que implique hacer ajustes en el futuro”.
“Lo más conveniente es que se haga una discusión paralela para que se acomoden bien las piezas, porque podría ser un rompecabezas difícil de armar y que además siempre causa problemas porque luego se crean dobles ventanillas, se crean procedimientos paralelos y eso siempre ha sido un problema con el sector de telecomunicaciones y radiodifusión”.
Si bien es cierto que tanto la Comisión Federal de Competencia (Cofece) como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hicieron un gran esfuerzo para cumplir con sus tareas estando sujetos a bajos presupuestos, cometieron algunas equivocaciones y les faltó “vender” todo lo que hicieron en favor de los consumidores.
“Lo que hace la propuesta del diputado es aminorar el efecto de que desaparezcan totalmente la Cofece y el IFT, que sería el peor escenario. Lo que hace esta iniciativa es mantener las cosas lo más cercano a lo que tenemos hoy en día y que continúe evolucionando naturalmente el derecho a la competencia”.
Hacia adelante, uno de los grandes desafíos es que por medio de esta iniciativa u otras que lleguen a presentarse, se garantice una autoridad con presupuesto adecuado, perfiles profesionales altamente capacitados y que pueda aplicar la ley de manera severa para cumplir con el mandato constitucional antimonopolio.
“En esa medida vamos a seguir evolucionando hacia un mejor derecho a la competencia. Todo esto también tendrá que estar acompañado de tener jueces que eviten posibles abusos o que se aplique de manera arbitraria una ley con sanciones como las que se proponen”.
C$T-GM
