Dado el tiempo que puede tardar una reforma a nivel constitucional que permita eliminar las barreras que se imponen desde los gobiernos locales al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, un camino viable sería modificar la Norma Oficial Mexicana (NOM) en materia de vivienda de interés social para hacer que este tipo de inmuebles integren fibra óptica, tal y como ya sucede con la energía eléctrica y el agua.
“Posiblemente nos lleve más tiempo intentar modificar la Constitución, pero en cambio podemos modificar la NOM en su definición de vivienda de interés social, podemos aprovechar el gran vehículo que es el crédito social que otorga el gobierno tripartitamente con trabajadores y patrones que es el Infonavit”, dijo Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión Ciencia y Tecnología del Senado de la República
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Y es que, dijo, la transformación digital es un proceso que ocurre a una velocidad cada vez mayor, lo que hace necesario que existan acciones y cambios oportunos para atender de manera efectiva la demanda de conectividad, garantizar derechos fundamentales y aprovechar el potencial social y económico de la banda ancha.
El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones es una actividad que cotidianamente enfrenta barreras por parte de autoridades locales, pues los trámites y permisos necesarios no siempre son fáciles de obtener por parte de los operadores, lo que además de retrasar el desarrollo digital de las comunidades afecta de manera directa planes de inversión y nuevos modelos de negocio.
“El papel de los gobiernos locales es importante. El artículo 115 otorga facultades a los gobiernos municipales específicas en el uso de suelo, sí, nada más que esas se las dimos antes de la era digital”, recordó el Senador al participar en el foro México Optical Broadband Summit 2022.
En opinión del legislador, México tiene que avanzar en su visión y entendimiento del poder transformador de la conectividad, como ya lo han hecho otros países donde los ciudadanos ejercen su derecho a ser parte del mundo digital, sin importar dónde vivan.
“Ninguna autoridad, ninguna parte del Estado debe limitar esos derechos, encaminar esta visión haría posible que ningún gobierno municipal pudiera negarle a sus ciudadanos el derecho a estar conectados a través de la banda ancha”.
Por ello, es necesario impulsar acciones alineadas con la revolución global que se vive y que exige adaptar los marcos legales a una realidad cada vez más digital, e incluso requiere un cambio en la mentalidad y la mirada de políticas construidas a lo largo de décadas.
Si México quiere abatir la desigualdad social, dar acceso a servicios de salud y educación a distancia de calidad, necesita un vehículo que lo permita y eso es la banda ancha, e indudablemente la fibra óptica resulta ser la mejor opción.
“La industria está interesada en la inversión para el desarrollo de la infraestructura que haga factibles los servicios de banda ancha y el desarrollo de redes de fibra óptica… La meta es que el Poder Legislativo sea el puente, el facilitador, el que logre el encuentro de estos dos objetivos, de la industria por crecer y de la sociedad por gozar de plenos derechos y acceso a internet”.
Por su parte, María de Lourdes Coss, directora general del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), dijo que la diversidad cultural, económica, social y geográfica de México es el gran desafío que enfrenta el despliegue eficiente y oportuno de infraestructura de telecomunicaciones.
Las grandes ciudades donde hay mayor concentración de población tienen una gran conectividad, todos los operadores están ahí, hay infinidad de propuesta y las personas podemos buscar y encontrar cuál se apega a nuestra economía, pero conforme nos vamos alejando de las zonas urbanas, la conectividad se va volviendo más compleja y más costosa”.
Ello, provoca que las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones no vean un retorno de inversión adecuado, ante lo cual el gobierno federal está poniendo especial énfasis para llevar conectividad.
“Pero el gobierno federal por sí solo no podría llevar la conectividad a estos lugares, para ello necesitamos el apoyo de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de la población misma, y nosotros como gobierno federal debemos amalgamar el apoyo que nos puede brindar la industria, la academia y las organizaciones civiles para lograr que esa parte que está desconectada, se conecte”.
C$T-GM
